Redacción El País
El abogado penalista Jorge Barrera concurrió a la comisión de Salud Pública del Senado en representación de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo para manifestar su discrepancia con el proyecto de ley de eutanasia, que cuenta con media sanción en el Parlamento y se encuentra próximo a ser aprobado en la cámara alta.
En primer término, el docente —identificado con el Partido Colorado—brindó una argumentación desde el punto de vista filosófico en contra de la iniciativa y en defensa de la “protección de la vida” como materia de Derecho Penal.
“La defensa de la vida no es un derecho que nos otorga la Constitución y la ley; la Constitución y la ley reconocen algo que es propio y que forma parte de un derecho inherente por ser persona, es decir, no es porque la Constitución y la ley lo digan, sino porque la dignidad humana y ser persona, no depende de la percepción que cada uno tenga de sí, es un valor como vida humana que hay que tutelar y, por lo tanto, es indisponible e irrenunciable”, comenzó su exposición el expresidente del Club Atlético Peñarol.
Posteriormente, planteó en más de una oportunidad una comparación entre la derogación de la esclavitud y el proyecto que está en consideración.
“Todos celebramos la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, uno podría preguntarse si es un tema de libertad. ¿Por qué yo no puedo ser esclavo, si tengo derecho a decidir sobre mi vida y la decisión sobre mi vida es un bien que no puede ser oponible por nada? ¿Por qué, como país, se dice que la esclavitud se deroga y que yo no tengo derecho ni a la esclavitud ni a la servidumbre? ¿Por qué? Porque está en juego la dignidad humana; porque más allá de lo que cada uno pueda opinar sobre sí y sobre el valor que tiene su propia vida, hay algo superior que es el ser persona que hace que no dependa la protección de la vida de la voluntad del titular, depende de ser persona, depende de proteger principalmente y con especial énfasis a los más vulnerables”, dijo Barrera.
En la misma línea, opinó que “la asistencia al suicidio está en cualquier ordenamiento penal del mundo unánimemente consagrada como una conducta delictiva”.
“Lo más importante de este proyecto de ley es que frente a esa dignidad humana que es irrenunciable, que tiene que ser el centro de la protección del derecho penal –y todas las cátedras del Uruguay y del mundo así lo sostienen–, se crean dos categorías de personas: las que son eutanasiables [sic] y las que no lo son. Es decir, la dignidad humana se divide en dos categorías: aquellos que sí merecen la protección de la vida en todas las circunstancias y aquellos que son una categoría clase B, es decir, los eutanasiables. Es una ley absolutamente discriminatoria. Es injusta al dividir la protección penal de la vida entre unos y otros”, indicó.
Barrera habló también sobre el argumento de “libertad”, que a su parecer, “puede fundamentar el suicidio, pero jamás la eutanasia”.
“En cualquier relación jurídica, siempre que hay un derecho hay un deber: un derecho de alguien, un deber de alguien. Este proyecto transforma la lógica del juramento hipocrático, es decir, si yo tengo derecho a la eutanasia, es que hay alguien que tiene el deber de hacerla. Y el deber de hacerla es del médico que entregó su vida, entregó su talento, entregó todo lo que es su ser para proteger y salvar vidas. De manera que pasamos de un deber de juramento hipocrático de no envenenar, de salvar la vida, a generarle el deber de matar. Es decir, tiene el deber y la obligación, porque en estas circunstancias la ley le da a uno un supuesto derecho y a otro –que entregó su vida a otra causa–, un deber de hacerlo”, defendió el abogado su postura, al tiempo que reclamó para que un proyecto de esta naturaleza se trate con la existencia de cuidados paliativos obligatorios.
En esa dirección, señaló que “el Estado tiene el deber de garantizar a todos el derecho a la vida por igual, sin crear categorías prescindibles”.
Entre otras críticas, el penalista planteó que la normativa genera “inseguridad jurídica” y que el proyecto de ley actual tiene “la peor de las redacciones”, incluso para los que apoyan la eutanasia porque implica “un empujón a situaciones no previstas”.
Además, Barrera advirtió por la posible inconstitucionalidad en caso de aprobarse. En particular, hizo referencia al artículo 7 de la Constitución.
“La protección penal de la vida forma parte del primer ordenamiento jurídico penal de cualquier sociedad democrática. Como ponía el ejemplo, si la servidumbre o la esclavitud fue abolida quiere decir que no está en el ámbito de la autonomía propia”, insistió.
Y volvió a arremeter: “Esto va más allá de ‘eutanasia sí, eutanasia no’. Este proyecto es de los peores que pueden existir, aun cuando alguien pueda pensar que la eutanasia es una salida. El artículo 11 lo que hace es declarar que la muerte por eutanasia será considerada muerte natural. Claro, ¿cómo vamos a decir la verdad? Vamos a crear una ficción de que es una muerte natural, porque si decimos la verdad, nos tenemos que enfrentar con lo que el proyecto dice, que precisamente no es una muerte digna ni una muerte natural, sino una muerte provocada”.
El artículo 11 del proyecto establece: "Cuando la muerte se haya producido por el procedimiento legal de eutanasia, en el certificado de defunción se indicará la causa básica de la muerte y además se hará constar que la eutanasia fue su causa final. A todos los efectos, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural"
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