"Discrimina" y "no da garantías": presentan carta abierta contra el proyecto de ley de eutanasia

Redacción El País
Unas 125 personas y un conjunto de organizaciones sociales firmaron una carta abierta contra el proyecto de ley de eutanasia que fue aprobado en la Cámara de Representantes, asegurando que el texto aprobado "discrimina a los más vulnerables y no da garantías". Entre los firmantes están la exsenadora colorada Carmen Sanguinetti y los cabildantes Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech. También Gerardo Amarilla, exsubsecretario de Ambiente.

En el texto, manifiestan su preocupación por el proyecto que está próximo a votarse en el Senado y explican que más allá de la discusión sobre la eutanasia en sí, entienden que "la ley, tal como está redactada, es deficiente y peligrosa". "Lejos de ampliar derechos y libertades, esta ley recorta las protecciones más básicas. En lugar de garantizar más justicia y opciones para quienes sufren".

La iniciativa que aspira para ciertos casos a dar una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, fue respaldada en agosto con 64 votos en 93.

En la carta, los firmantes enumeran una lista de "objeciones" a la redacción del proyecto. Por un lado, reprochan la "amplitud de motivos", ya que interpretan que no hace falta estar en un estado terminal por lo que "la vejez o la discapacidad son motivos para la eutanasia". Añaden a esto que el texto "no exige evaluación de psiquiatras, psicólogos ni trabajadores sociales" y que cada caso se revisa independientemente después de la muerte del paciente.

Entre otros puntos, interpretan que el proyecto no da "acceso real a los cuidados paliativos" que "podrían evitar una decisión no libre, determinada por el sufrimiento".

Señalan, por otra parte, que el texto incluye "criterios vagos y riesgosos". Al usar expresiones sin definir como "condiciones de salud" o "grave y progresivo deterioro de la calidad de vida". Manifiestan que podrían aplicarse a "múltiples situaciones no terminales, y a criterio discrecional de los dos médicos que autorizarán, y uno de ellos realizará, la eutanasia".

Como punto final, los firmantes añaden que la redacción del proyecto "amenaza a los más frágiles" y que "personas en soledad, pobreza o con discapacidad pueden sentirse presionadas a optar por la eutanasia, no por verdadera libertad, sino por falta de apoyos".

Por todo lo anterior, exhortan a los legisladores a no votar a favor de la aprobación de esta ley "sin, por lo menos, incorporar las garantías mínimas que protejan a los pacientes, las que han sido sugeridas incluso por quienes están a favor de la eutanasia en algunos casos excepcionales".

La carta está firmada por Prudencia Uruguay, Fundación Prointegra, Hogar Schiaffino, Asociación Cardoner, Fundación Luis Manuel Calleja, Asociación Civil Siembra, Valores que Cambian Vidas, Asociación Civil Hermida, Solidaridad en acción, Honrar la Vida, ONG Somos más, ONG ADH y ACUPS.

Los firmantes se identifican como "personas que trabajan, profesional o voluntariamente, en favor de quienes son afectados por este proyecto".

Foto: Leonardo Mainé

El proyecto de ley habilita que podrán acceder a la eutanasia solo personas mayores de edad “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por esos condicionantes sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Para acceder a la eutanasia se valorará la opinión de un primer y segundo médico, y en caso de diferencias, el caso pasará a un junta médica integrada por un médico especialista en la enfermedad del paciente, un psiquiatra y otro médico que indique la reglamentación.

Parte de la oposición buscó quitar la segunda opinión médica por la decisión de un “Comité de Garantía”, integrado por un médico de la especialidad, un psiquiatra o profesional de la salud mental y un asistente social. El oficialismo rechazó esto por entender que limita el acceso.

Está previsto que solo podrán acceder a la eutanasia ciudadanos uruguayos o extranjeros que acrediten residencia fehaciente. Y se podrá realizar solo en los prestadores integrales de salud, por lo que se impide que haya clínicas privadas con este fin.

Entre varios aspectos, a efectos legales, se considerará muerte natural la generada por esta vía, que se establecerá en la reglamentación. El proyecto, además, incluye una comisión de revisión, que deberá realizar un informe público anual con todos los casos de eutanasia.