El plan del gobierno para construir viviendas en inmuebles públicos de Ciudad Vieja avanza mientras todavía quedan por definir proyectos arquitectónicos, estudios arqueológicos y autorizaciones patrimoniales para varias de las propiedades involucradas. Ante los cuestionamientos planteados por el diputado colorado Horacio de Brum a través de pedidos de informes, el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, sostuvo que buena parte de esas definiciones corresponde a una etapa posterior, cuando se conozcan las características concretas de las propuestas que presenten los privados.
“Nosotros no podemos pedir un impacto arqueológico de un proyecto que no sabemos si va a tener ocho pisos, diez pisos o doce, o de qué tipo de ingeniería constructiva va a ser, o si va a tener estacionamiento subterráneo o si no se va a tocar una roca”, afirmó Di Candia a El País. El jerarca consideró que las preguntas formuladas por el legislador son legítimas en su función de contralor, pero señaló que no necesariamente coinciden con el momento administrativo en el que se encuentra cada iniciativa.
Las respuestas del Ministerio de Vivienda y de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, muestran que para varios de los padrones incluidos en la estrategia todavía no hay proyectos arquitectónicos definidos ni una cantidad final de viviendas establecida. La documentación también identifica evaluaciones arqueológicas preliminares y recomendaciones de realizar estudios de impacto antes de determinadas obras.
Di Candia explicó que el ministerio debe "distinguir entre la preparación de los llamados para incorporar suelo público al plan de vivienda y las autorizaciones necesarias para ejecutar una obra". Según sostuvo, "una vez que se presente una propuesta y los organismos involucrados entiendan que es viable, deberán tramitarse los permisos correspondientes ante la Intendencia de Montevideo y someterse a evaluación patrimonial".
“La Comisión Nacional de Patrimonio deberá evaluar el impacto arqueológico y patrimonial, y ver si todo el proyecto es viable como se presentó o hay que hacer alguna transformación”, señaló. Agregó que, mientras no exista un proyecto específico para cada padrón, "muchas de las preguntas sobre las intervenciones posibles no tienen todavía una respuesta definitiva".
El caso del antiguo Cuartel de Dragones
Uno de los casos que surge de los pedidos de informes es el del antiguo Cuartel de Dragones, ubicado en Sarandí 122, padrón 3424, declarado Monumento Histórico Nacional en diciembre de 2024. La resolución que le otorgó esa protección establece que las intervenciones que se pretendan realizar en el inmueble deben contar con autorización previa de la CPCN, con el objetivo de preservar la integridad del bien y su subsuelo.
La documentación de la comisión señala que el lugar tiene una alta probabilidad de conservar restos del antiguo cuartel colonial, tanto en la estructura del edificio como en el terreno subyacente. Por ese motivo, los técnicos recomendaron realizar un Estudio de Impacto Arqueológico antes del inicio de nuevas obras, siguiendo los procedimientos establecidos por el organismo.
La respuesta de la CPCN indica que el 23 de junio de 2026 el Ministerio de Vivienda solicitó lineamientos patrimoniales para ese padrón. Sin embargo, ante la consulta específica de De Brum sobre si se había solicitado la autorización previa exigida por la resolución que declaró Monumento Histórico Nacional al inmueble, la Comisión respondió que no.
Marcel Suárez, director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, explicó a El País que el cuartel fue incluido dentro del plan que promueve el Ministerio de Vivienda. "Estamos a la espera del proyecto ejecutivo y seguir los protocolos que corresponden a un Monumento Histórico Nacional", aseguró.
"Estamos a la espera y trabajando con comunicación continua, pero aún sin un proyecto ejecutivo para el Cuartel de Dragones, que tiene valores a nivel arquitectónico y patrimonial", aseveró Suárez.
Por su parte, el ministerio informó sobre una iniciativa privada de uso habitacional presentada el 16 de diciembre de 2025. La propuesta fue remitida por Presidencia al ministerio el 22 de enero de 2026, declarada admisible el 6 de abril y aceptada por Presidencia y el ministerio el 6 de mayo. Según la información proporcionada, se encontraba en etapa de factibilidad.
La aceptación de una iniciativa privada no equivale a la autorización para ejecutar obras. En su respuesta, el ministerio no detalló una fecha ni un resultado de una eventual solicitud de autorización patrimonial para intervenir en el Cuartel de Dragones. La cartera se remitió a las actuaciones administrativas promovidas y a la información que podía comunicar en el marco de las reglas de confidencialidad aplicables.
Los lineamientos técnicos de la comisión también advierten sobre otra dimensión del inmueble: su condición de sitio de memoria por haber funcionado como centro de detención durante la dictadura. El documento recomienda considerar ese valor testimonial y consultar a organismos vinculados con la memoria y los derechos humanos, entre ellos la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria.
Estudios preliminares para otros cuatro padrones
La respuesta de la Comisión de Patrimonio detalla que sus departamentos de Arquitectura y Arqueología fueron consultados por el Ministerio de Vivienda el 26 de noviembre de 2025 sobre los padrones 2908, 3059, 3061 y 4566. En esa oportunidad, el organismo elaboró una primera aproximación al potencial arqueológico de los terrenos y formuló recomendaciones para eventuales intervenciones.
El documento aclara que ese análisis fue preliminar y recomienda realizar estudios de impacto arqueológico antes de ejecutar determinadas obras. No constituye, por sí mismo, la aprobación de proyectos arquitectónicos definitivos ni acredita que se haya completado una evaluación específica para cada intervención.
En el padrón 2908, por ejemplo, la comisión identificó la posibilidad de recuperar vestigios materiales asociados a distintas etapas de ocupación de la zona, desde el período colonial hasta el presente. También mencionó antecedentes de hallazgos arqueológicos en la misma manzana, vinculados con el fuerte del siglo XVIII y con viviendas del siglo XIX.
Entre los inmuebles consultados se encuentra también el antiguo edificio del Banco do Brasil, en 25 de Mayo 628, 632 y 634, padrón 4566, una construcción atribuida a Luigi Andreoni y reformada en 1947 por Juan Antonio Scasso. La documentación patrimonial advierte sobre la necesidad de considerar el potencial arqueológico del área, pero las respuestas no permiten establecer qué partes del edificio se conservarían, cuáles podrían modificarse ni qué intervenciones concretas se propondrían.
En su respuesta, el ministerio reconoció que los proyectos arquitectónicos para los padrones 2908, 3059 y 4566 todavía no están definidos y que la cantidad de viviendas dependerá de las propuestas que se presenten y de su viabilidad.
Di Candia anunció un estudio previo para los primeros llamados
El subsecretario Di Candia explicó que, para los primeros cuatro padrones que serán objeto de llamados, el gobierno prevé realizar un estudio arqueológico genérico mediante un convenio y un fondo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La intención, dijo, es que "los inversores cuenten con una evaluación preliminar antes de presentar sus proyectos".
Ese estudio inicial no sustituirá las evaluaciones que puedan requerirse una vez que se conozcan las propuestas concretas. Di Candia explicó que, "si una iniciativa es considerada viable por la comisión en la que participan organismos como la intendencia y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), deberá iniciar los trámites correspondientes para obtener los permisos de construcción y las autorizaciones patrimoniales".
Como el proceso implica competencia entre privados por la utilización de suelo público, el ministerio no puede asignar directamente los terrenos a un único interesado, sostuvo. Por eso, señaló, "es necesario preparar las bases de los llamados y permitir que se presenten distintas propuestas, que luego deberán ser evaluadas".
En cuanto al calendario de los primeros cuatro padrones, Di Candia indicó que "el ministerio está a la espera de la aprobación del directorio de la ANV para el convenio entre ambos organismos". Una vez aprobado, el acuerdo deberá pasar por el Tribunal de Cuentas. Cumplida esa etapa, quedarán habilitados para realizar los llamados. Mientras tanto, la cartera trabaja en la preparación de las bases.
La situación es diferente para el predio de la antigua Escuela de Enfermería, donde se presentó una iniciativa privada. De acuerdo con Di Candia, el interesado dispone de un plazo de 120 días, contado aproximadamente desde el 1.º de setiembre, para entregar los estudios de factibilidad económica, financiera, jurídica y ambiental exigidos por la ley de iniciativa privada. Después, el ministerio, la ANV y la intendencia deberán analizar la documentación. Si la propuesta cumple con los requisitos, se abrirá un proceso competitivo para que otros privados puedan presentar alternativas.
El subsecretario mencionó, además, una tercera fase de la estrategia, que supone coordinar con otros organismos del Estado para incorporar nuevos terrenos públicos. Entre ellos se encuentra el predio donde funcionan la Escuela Naval y el área de balizamiento de la Armada. Según indicó, "el gobierno estaba reuniendo firmas para enviar una nota a la Administración Nacional de Puertos, propietaria del terreno, e iniciar los trámites administrativos".
Las cifras anunciadas y las definiciones pendientes
Los anuncios públicos del gobierno sobre la estrategia de redensificación de Ciudad Vieja incluyeron la posibilidad de construir más de 200 viviendas en el predio de la antigua Escuela de Enfermería, entre 100 y 150 viviendas en cuatro inmuebles y una meta de alcanzar unas 1.000 viviendas en un plazo de siete u ocho años.
Sin embargo, las respuestas a los pedidos de informes no contienen todavía proyectos definitivos que permitan contrastar esas proyecciones con la capacidad concreta de cada padrón. La cantidad final de viviendas dependerá de las propuestas que se presenten, de las condiciones urbanísticas y de las evaluaciones técnicas y patrimoniales que correspondan.
El ministerio sostiene que ninguna obra comenzará sin las autorizaciones legalmente exigidas. La discusión planteada por los pedidos de informes se centra, por tanto, en el estado de los estudios y permisos en esta etapa del plan, y en cómo se incorporarán las evaluaciones arqueológicas y patrimoniales a medida que se definan los proyectos.
Di Candia defendió ese orden de trabajo y afirmó que "las evaluaciones específicas deben ajustarse a las características de cada propuesta". La documentación oficial, por su parte, deja constancia de que para varios de los inmuebles existen recomendaciones de profundizar los estudios antes de determinadas intervenciones y de que aún no están definidos todos los proyectos. La viabilidad final de las obras dependerá de esas evaluaciones y de las autorizaciones que deban emitir los organismos competentes.
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