Paciente asesinado en el Clínicas: Inddhh concluyó que MSP, Interior y el hospital vulneraron “derecho a la vida”

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) consideró en una resolución que el accionar del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública y del Hospital de Clínicas constituyó una “vulneración directa del derecho a la vida” del paciente que fue asesinado por un policía en el centro de salud en junio de 2025.

En la resolución dirigida a los ministros Carlos Negro y Cristina Lustemberg, así como al director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, la Inddhh sostiene que los tres organismos involucrados “vulneraron los derechos de la persona fallecida” y recomienda “la aprobación de un protocolo interinstitucional específico para intervenciones, así como la realización periódica y sistemática de simulacros de crisis ante eventos críticos”.

El hecho, captado por las cámaras de seguridad, ocurrió en la sala de Emergencias cuando el policía le disparó en el pecho al paciente, quien tenía antecedentes de problemas psiquiátricos. Según aseguró Villar en su momento, el hombre había “intentado agredir al personal médico”. La denuncia ante la Inddhh fue presentada por la madre de la víctima en octubre de 2025.

“En síntesis, el caso en cuestión ocurrió en un entorno hospitalario y en contexto de crisis de salud mental, aun reconociendo que existían protocolos y coordinación interinstitucional, la activación de fuerza letal en dicho contexto evidencia una tensión con el estándar interamericano de gradualidad y ultima ratio, tal como lo señala la jurisprudencia, que exige el agotamiento previo de medios menos lesivos cuando ello sea posible”, señala en una de sus consideraciones la Inddhh.

Según surge de la denuncia de la mujer y consigna la resolución, “su hijo fue diagnosticado con trastornos psiquiátricos desde los cuatro años, con antecedentes de consumo problemático desde los 16” y tenía múltiples internaciones en hospitales y refugios.

“La denunciante manifiesta que, al momento de los hechos, se encontraban presentes aproximadamente 20 funcionarios entre policiales, personal médico, de enfermería y de seguridad privada del Hospital de Clínicas, quienes habrían intervenido de diversas formas en el procedimiento que culminó con el fallecimiento de su hijo”, dice el documento al que accedió El País.

En base al relato de la denunciante, los hechos ocurrieron durante un procedimiento de contención iniciado luego de que el paciente se negara a abandonar las instalaciones tras recibir el alta médica.

Asimismo, la mujer señaló que el disparo —de acuerdo con los registros de video y pericias— fue efectuado a una distancia menor a 30 centímetros, pese a la disponibilidad de medios menos letales que podrían haberse utilizado para la reducción del paciente. Agregó, además, que según testimonio de personas presentes, uno de los policías intervinientes “patea la cabeza de la víctima al pasar".

Además, la mujer —enfermera de profesión— denunció “que al momento del reconocimiento del cuerpo no observó signos visibles de intervención quirúrgica” (contradiciendo la versión de Villar que afirmó se lo había llevado al block quirúrgico) y que además el “porta suero identificado como elemento relevante” fue declarado como perdido.

Según las imágenes, difundidas en primera instancia por Telemundo, el objeto que la víctima sostenía con la mano alzada en actitud amenazante al momento de recibir el disparo del policía era un porta suero.

Tras haber solicitado información a los tres organismos involucrados, la Inddhh consideró que “de la pruebas aportadas por la denunciante y de lo que indudablemente surge del video aportado, se puede señalar que, la misma es detallada, consistente y acompañada de elementos audiovisuales y documentales que si bien, no pueden ser valorados como plena prueba por la institución, constituyen indicios de examinar la adecuación a procedimientos estatales a los estándares de los derechos humanos”.

“Atendiendo a la especificidad de las intervenciones en crisis de salud mental, particularmente en contextos de agitación o excitación psicomotriz, corresponde señalar que se trata de situaciones que requieren abordajes altamente especializados, orientados prioritariamente a la desescalada mediante estrategias no coercitivas, tales como la contención verbal, la reducción de estímulos y la generación de entornos seguros”, desarrolla la Inddhh.

Y agrega: “Estas intervenciones deben estar conducidas por equipos de salud debidamente capacitados, limitando la participación de actores no sanitarios a situaciones excepcionales y siempre bajo criterio clínico”.

A su vez, se cuestiona que el paciente era conocido por sus recurrentes internaciones, por lo que se debió haber “reforzado” un plan para su egreso del centro de salud.

“Atendiendo el caso en particular es importante señalar que los usos de la fuerza letal por parte del Estado solo pueden emplearse en circunstancias extremas frente a un peligro inminente y siempre cuando no existan alternativas menos lesivas”, se concluye.

Tras lo ocurrido en junio de 2025, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas emitió un comunicado en solidaridad con los trabajadores afectados.
“¿Estamos realmente preparados para brindar la atención y contención adecuada ante este tipo de situaciones? ¿Tenemos las condiciones, como hospital, para ser referentes en salud mental? ¿A qué estamos expuestas y expuestos las y los trabajadores de la salud en estos contextos?", planteó el gremio en un comunicado.

Finalmente, la Inddhh formuló una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, al de Salud Pública y al Hospital de Clínicas. Entre ellas, se destacan la necesidad de aprobar un protocolo interinstitucional específico para la intervención policial en centros de salud, la realización de simulaciones periódicas de situaciones de crisis y la capacitación del personal.

Asimismo, se recomendó a la Policía establecer directivas específicas sobre el uso de armas de fuego en centros asistenciales, “reforzando su carácter excepcional”. La resolución firmada por los directores del Inddhh fue remitida a Fiscalía General de la Nación.