El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se mostró crítico frente al pedido de información que hizo el Instituto de Derechos Humanos a la Fiscalía sobre la salud mental de Fernando Cristino. El pasado lunes, Cristino declaró en la Fiscalía y una funcionaria de la institución se comunicó con el fiscal Diego Pérez para “obtener información referente a la situación” del relacionista público.

El fiscal de Corte Jorge Díaz le envió una carta a la presidenta de la institución, Mariana Blengio, haciéndole notar su “preocupación” por este hecho. Díaz sostuvo que la funcionaria del área de Salud Mental desconocía que la información es “reservada para terceros” y que, a su vez, “el hecho no fue comunicado al director general de la Fiscalía General de la Nación”. Por otra parte, el fiscal de Corte le solicitó a Blengio que informe “las razones que motivaron la actuación” de la funcionaria.

En diálogo con El País, Iturralde manifestó que el “instituto está actuando más como comité de base que como institución estatal”. Según Iturralde, el pedido de información que hizo una funcionaria “está absolutamente fuera de lugar (...) Es un atrevimiento institucional y sesgado desde el punto de vista ideológico. Se hace con la cizaña frente a un caso en el cual se quiere vincular a al vicepresidenta”, reflexionó Iturralde.

Cristino grabó y luego difundió una conversación con la vicepresidenta Beatriz Argimón, donde la jerarca menciona la eventualidad de escuchas telefónicas. El caso tuvo derivaciones políticas y judiciales y Argimón negó la posibilidad de “escuchas oficiales”. El Frente consideró “insuficientes” sus explicaciones y elevaron el caso a Fiscalía. “No estoy dispuesto a admitir que se cuestione a la vicepresidente”, sentenció Iturralde.