OPP propuso US$ 80 millones a intendencias a distribuir en cinco años; intendentes afirman que es insuficiente

La reunión de ayer entre el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y una delegación del Congreso de Intendentes para tratar cuáles serán lastransferencias de fondos destinadas a las intendencias terminó sin acuerdo. El próximo martes será el último día para que ambas partes logren un consenso.

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera (Paysandú) consideró que todavía "se está lejos" de alcanzar un salida negociada, mientras que el intendente canario, Francisco Legnani (Frente Amplio) reconoció que "hay un esfuerzo" financiero del Poder Ejecutivo.

De todas formas, agregó, el Congreso de Intendentes reconoció que el planteo gubernamental es "insuficiente".

El jefe comunal canario sostuvo que “hay que seguir conversando” porque las competencias de los gobiernos departamentales aumentaron en comparación a años anteriores (obras viales, policlínicas y caminería rural, entre otras).

Según supo El País, la propuesta del Poder Ejecutivo totaliza US$ 80 millones, de los cuales US$ 20 millones provienen de un fondo para eliminar asimetrías entre intendencias que quedó del anterior presupuesto y otros US$ 60 millones. Como se dijo, los intendentes consideraron como insuficiente ese dinero.

El 50% de esos recursos se destinarían a un Fondo Metropolitano, integrado por Montevideo y Canelones, y el dinero restante se dividiría entre 17 intendencias. Dicho monto, a su vez, se repartirá durante los cinco años de este período.

"A alguna intendencia le tocará US$ 800.000 por año y otra US$ 1.000.000. No es nada", dijo a El País un intendente que participó de la reunión con Arim.

Según informó radio Montecarlo, el intendente de Rivera, Richard Sander (Partido Colorado), manifestó que desde el martes hasta este viernes “subimos un par de escalones” y se espera que hacia la próxima reunión, se pueda subir alguno más.

Foto: Estefanía Leal.

En una nota publicada en el portal de Presidencia de la República, Arim explicó que la norma constitucional establece la transferencia de recursos del gobierno a las intendencias y consideró que la cifra será la más alta de la historia del país al finalizar esta administración. Y agregó que se proyecta atender las asimetrías en todo el territorio nacional y, asimismo, complementar con la política presupuestal del gobierno.

El jerarca gubernamental afirmó que se trabaja sobre aspectos cualitativos como mejorar la coordinación de las políticas nacionales con las departamentales, optimizar la calidad del gasto en el ámbito local y ayudar, desde el gobierno nacional, a que eso suceda, sin invadir autonomías.

“Es una pieza importante de la discusión, y dista de estar cerrada. Hay un intercambio que, con las diferencias que corresponden y asumiendo, cada uno desde el lugar desde donde habla, es adecuado entre ambos niveles de gobierno”, dijo Arim, quien aclaró que el Poder Ejecutivo asume la obligación de ponderar el presupuesto global.

Además de considerar insuficiente el monto propuesto por el gobierno, la delegación del Congreso de Intendentes señaló que no hubo avances en las tratativas con Arim en un tema central como el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), establecido en el artículo 298 de la Constitución de la República.

En un documento titulado "Hoja de Ruta 2025", al que accedió El País, los intendentes plantearon cambiar el criterio de distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior. El criterio de distribución que proponen los jefes comunales es un 60% para los gobiernos departamentales y el 40% a políticas de descentralización a ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo, entes autonómos y servicios descentralizados.

Según una fuente del Congreso de Intendentes, esas obras son acordadas con la OPP y luego ejecutadas por las intendencias.

"No se está pidiendo más dinero al Poder Ejecutivo, sino un cambio de criterio de la distribución de esos recursos, los que rondan los US$ 170.000.000. Además, esas obras son evaludas por la OPP luego de su terminación", insistió el intendente.

Foto: archivo El País

Otro punto clave del documento "Hoja de Ruta 2025", elaborado por los intendentes, es la implementación de un Fondo Complementario de Asimetrías (creado por el gobierno anterior) que tenga un piso de US$ 73 millones por año, para ser distribuido de acuerdo a nuevas alícuotas que acordará el Congreso de Intendentes. Es decir, serán beneficiadas aquellas intendencias más desfavorizadas desde el punta de vista económico, lo que se refleja en un Producto Bruto Interno (PBI) bajo.

En el documento, los intendentes también reclaman mantener las partidas presupuestales para subsidio de alumbrado público ($ 620 millones anuales) para promover "la eficiencia energética" e incremento de luminarias con el fin de contribuir a la seguridad pública.

Los jefes comunales aspiran a acordar con el gobierno una partida específica, cuya ejecución se coordinará con los sectores productivos, atendiendo la preocupación de las gremiales, del Ministerio de Ganadería y de los gobiernos departamentales.

Dicha partida, según el documento, apunta a "mejorar la gestión y el mantenimiento de la caminería rural y su conectividad con las redes viales nacionales, elevando los estándares de calidad, fortaleciendo políticas públicas que apoyan a la producción y promueven la seguridad vial".

El último punto del documento "Hoja de Ruta 2025", elaborado por los intendentes como ya se dijo, refiere al mantenimiento y actualización de una partida para el Servicio Único de Ingresos Vehiculares (Sucive).