La jornada del pasado lunes fue suficiente para que se votara en régimen de comisión especial del Senado el proyecto de reforma de la seguridad social. El proyecto en general así como la gran mayoría de los artículos fueron aprobados con los votos del oficialismo, pero entre los más de 300 hubo 18 y algunos literales que el Frente Amplio los acompañó.

A partir de ahora los senadores oficialistas ultiman reuniones para acordar temas pendientes de cara al próximo martes cuando está previsto se vote en el plenario del Senado.

La senadora opositora Silvia Nane indicó se reunirían también en próximos días para evaluar si presentarán algún aditivo.

El apoyo de los legisladores de la oposición a algunos artículos del proyecto de ley se dio respetando lo recomendado por la comisión de expertos en seguridad social del Frente Amplio integrada por el exministro de Trabajo Ernesto Murro, el abogado José Luis Baumgartner y la economista Jimena Pardo.

A comienzos de diciembre la Mesa Política de la oposición recibió un primer informe con el detalle de los artículos que “podrían acompañarse” y los que no, el cual fue enviado a los sectores con representación parlamentaria.

En ese primer informe se recomendaba votar una veintena de artículos.

Entre ellos se dio el visto bueno para el artículo 243, vinculado al financiamiento del BPS, al 245 y al 246, que apuntan a compensación por exoneraciones y aportes rurales. También se encomendaba respaldar el 248, que consiste en el no pago a DGI por transferir siete puntos de IVA a BPS.

“Estas medidas mejoran la presentación de la situación financiera del BPS”, se justificaba en el informe.

También se planteó acompañar el artículo 18, donde se define período de transición previo a aplicar el cálculo del sistema previsional común, y el artículo 40 en uno de sus literales que establece que se pueda cobrar la renta vitalicia generada por ahorro individual en Afap en caso de alcanzar los 60 años de edad y no tener cobertura.

Otro de los artículos que el Frente Amplio votó fue el 44 en el que se aumenta a dos años de trabajo el reconocimiento por hijo con discapacidad severa para madres trabajadoras. También el artículo 46, que excluye de períodos cercanos a la maternidad para la mejora del cálculo del monto jubilatorio de las mujeres y el 62, literal B, donde se amplía hasta 23 años la pensión de hijos/as solteros/as en caso de realización de estudios terciarios.

Otros de los elementos que fueron acompañados están relacionados con la definición de requisitos para pensión de supervivencia, la gradualidad en el monto a percibir por las pensiones por Invalidez así como la situación de aquellas personas con esta pensión pero que reciben otros ingresos.

Los expertos frentistas manifestaron su acuerdo con los artículos 208, 209 y 210 referidos a la “partida adicional a las pensiones no contributivas por vejez e invalidez” -en este caso desde los 70 años incluyendo discapacidad severa, en este caso con adicional desde los 50 años, siempre que cuenten con tres años en su historia laboral.

Otro capítulo en el que los senadores frentistas estuvieron de acuerdo fue en el vinculado a la suba de edades para el retiro militar obligatorio así como la inclusión en seguridad social y salud de personas becarias en posgrados, de la Agencia Nacional de Investigación y de la Universidad de la República.

Por último, la oposición respaldó el artículo 327 que exige como “imprescindible” un “informe técnico de servicios especializados del BPS en caso de controversias judiciales o administrativas en casos trabajadores/as con fibromialgia”.

Luego de este primer informe de los expertos, y tras de varias reuniones con la coalición de gobierno, se elaboró el segundo documento que, si bien mantenía el “espíritu” del primero, recomendó a los senadores votar también algunos literales.

La propia fuerza política también discutió qué tipo de planteo llevar al Parlamento ya que hubo sectores, que quedaron en minoría, que proponían oponerse a absolutamente todo el proyecto como señal política de rechazo a la reforma jubilatoria.

Fue así que la oposición acompañó también el literal E del artículo 35 sobre actividades bonificadas porque, entienden, “mejora al proyecto original”, según indica el informe.

Y agrega que originalmente se establecía que para ser reconocibles como servicios bonificados “tenían que ser los últimos 10 años o un mínimo de 15, y dejaban el mínimo de 10 años de la Ley 16.713 para los casos comprendidos por el Régimen anterior.

Sobre las causales que puedan llevar a la pérdida de pensión, los técnicos recomendaron votar afirmativamente los literales A y B del artículo 73 donde se destaca que “se eliminan como causales de pérdida de derecho a pensión el con-traer nuevo matrimonio o concubinato”.

Por último, el grupo de expertos liderados por Murro, recomendó a los senadores frenteamplistas aprobar el inciso segundo del artículo 200 del proyecto de ley que trata sobre los beneficios de pensión por vejez.

De acuerdo a las directrices en el documento, los senadores debían respaldarlo porque “otorga pensión a la vejez a personas de 65 años o más, que tengan a su cuidado personas con discapacidad severa con al menos siete años de dedicación a ese cuidado, que no tengan causal jubilatoria y carezcan de recursos suficientes para subvenir a sus necesidades vitales”.