Ojeda dijo no tener “miedo” de juicio político y Bordaberry denunció “persecución” en tenso debate en comisión

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado trató este martes en un tenso debate la denuncia de inconstitucionalidad contra Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, por su labor como abogado.

La denuncia es del edil Juan Esequiel Ibarra, correligionario suyo, y también a raíz de una advertencia de la fiscal Sylvia Lovesio, por haber presentado un escrito de 75 páginas ante Fiscalía solicitando el reexamen de una causa. Desde el oficialismo se insiste con que el senador “violó” la Constitución. En la sesión del martes, se dio un fuerte cruce entre ambos bloques al respecto.

El Frente Amplio (FA) planteó solicitar a Fiscalía el acceso al informe de Lovesio y convocar a la comisión a los abogados constitucionalistas Martín Risso, José Korzeniak y Daniel Ochs, según dijo el senador oficialista Nicolás Viera. En tanto, su par colorado Pedro Bordaberry sostuvo, tal como lo hizo en una sesión de fines de diciembre, que “esta comisión es absolutamente incompetente para entender en este tema porque se trata de una denuncia hecha por un particular que, en realidad, no puede hacerla”.

“Es una comisión asesora del plenario. Para que esto avance ‒lo dice claramente y lo habíamos adelantado‒ es necesario que exista una actuación de la Cámara de Representantes mediante un juicio político. No es en este ámbito”, aseguró, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País. Así, reclamó que se archive el caso e insistió en que, “cuando hay falta de legitimación activa y cuando hay incompetencia, no se va al fondo del asunto”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que su partido está “solicitando información” y no “entrando en el fondo del asunto”, porque “no existe información relevante para hacerlo”.

“Lo único que decimos es que sobre esta información queremos acceder a la que está en poder de la fiscal, que aparentemente tomó una resolución. Pero, además, queremos informarnos, no solo de este caso, sino de posibles situaciones que puedan darse y cómo debe obrar el Poder Legislativo –en este caso la Comisión de Constitución y Legislación– sobre estos temas, porque conflicto de intereses en la tarea que realizamos hay todos los días”, expresó.

Javier García, senador del Partido Nacional, criticó que el oficialismo está detrás de “la proscripción o la censura” de Ojeda “por razones políticas”. Viera rechazó las acusaciones del dirigente blanco y remarcó que la comisión “tiene amplias potestades para seguir avanzando en el tema”.

Bordaberry aseveró que los frenteamplistas “están leyendo muy mal el informe, que es muy claro” y leyó la conclusión de uno de los informes: “El denunciante solicitaba que la Comisión ‘active de pleno derecho la consecuencia’, lo cual sería jurídicamente inviable sin pasar por el plenario. La Comisión no puede destituir directamente al legislador en virtud de una alegada violación al artículo 124 de la Constitución. Por lo expresado, el ciudadano Juan Ibarra no tiene legitimación activa para obligar al Senado a iniciar un proceso de destitución. Sin embargo, la Comisión puede tomar la denuncia como notitia criminis (noticia de irregularidad) e informar al Plenario, si un senador la hace suya, de lo contrario debería archivarse”.

Luego, leyó la conclusión del otro informe, que calificó de “más contundente”: “Advertimos que la Constitución de la república establece un procedimiento claro en caso de violación de la Constitución u otros delitos graves: la Cámara de Representantes toma conocimiento de los hechos a petición de parte o por alguno de sus miembros; la Cámara de Representantes acusa ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras que cometan tales actos por mayoría simple; la Cámara de Senadores abre juicio político y dicta sentencia por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

En esa línea, reclamó que, si el FA está dispuesto a continuar con el caso, algún senador debe “asumir la responsabilidad” de plantear formalmente la acusación.

Sebastián Sabini, senador del FA, pidió “tomarse en serio” el asunto y también aludió a uno de los informes, que señala que “una Comisión parlamentaria podrá, en su caso, recibir la denuncia, analizar los antecedentes y elevar un informe”.

Por su parte, Ojeda manifestó que los juristas que mencionó Viera “son los que obran en poder del Frente Amplio”. “Quieren que vengan a decir acá lo que ya tenemos todos por escrito, porque es recontra público: Korzeniak, Fleitas y Ochs son los tres que hizo públicos el Frente Amplio desde la mesa política. Son los informes que el Frente Amplio encargó como particulares”, afirmó.

Incluso, el dirigente colorado aseveró que en la comisión “el compromiso fue tomar una decisión”, ya sea “para un lado o para el otro”, y subió la apuesta: “Creo que lo peor que podemos hacer es estirar esta situación. Señores, yo aguanto la decisión que ustedes quieran tomar. Yo no le tengo miedo a lo que viene. Lo digo con propiedad y los miro a todos. (...) Están en todo su derecho; hagan lo que quieran. Tienen los votos. Ahora, les digo retruco: hagan el juicio político”. En esa línea, puntualizó que no se precisa “más información” al tener “ocho informes jurídicos escritos, que ni siquiera son opiniones”.

Tras esto, Bordaberry expresó su solidaridad hacia Ojeda y dijo que “está siendo objeto de una persecución política y personal”, que es “ilegal e inconstitucional”. En ese momento, Caggiani lo interrumpió y el senador colorado exclamó: “¡Te escuché atentamente!”. Según dijeron fuentes de la comisión a El País, Bordaberry se puso de pie en ese instante y Graciela Bianchi, presidenta de la comisión, debió llamar al orden.

Luego de un cuarto intermedio, García propuso archivar el caso, pero su moción no prosperó. Por cinco votos de nueve, el FA aprobó su moción y se citará a Risso, Korzeniak y Ochs.