Negro criticó "pensamiento mágico punitivo" y dijo que su "desvelo" es que vayan a prisión "los que nunca van"

El sistema carcelariouruguayo dispone hoy de 13.500 plazas. Muchas veces, esas “plazas” no son más que"lugares donde hay un colchón" en celdas diseñadas para cuatro personas que pero que terminan alojando a ocho. En esas “plazas” conviven hoy 16.700 reclusos, lo que supone que, a nivel general, en el sistema hay un hacinamiento promedio de 24%. Aún culminando las obras hoy en ejecución, seguirán faltando unas 2 mil plazas para considerar eliminado el hacinamiento en el sistema.

“Si nada cambia, vamos a terminar el período de gobierno superando los 20 mil, ni más ni menos”, advirtió este jueves en el Parlamento el ministro del Interior, Carlos Negro, al exponer sobre el tema. Con casi siete de cada 10 presos que volverán a cometer un delito en los tres primeros años posteriores a su salida de prisión, el ministro consideró que hoy las cárceles "no sirven para inhabilitar del delito. Ni siquiera dentro de las propias prisiones".

La delegación ministerial encabezada por Negro expuso ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, que funciona en la Asamblea General, una serie demedidas "urgentes" destinadas a descomprimir al sistema, luego de la reciente muerte de cuatro reclusos, asesinados en un incendio ocasionado por otros presos en el módulo 11 de Santiago Vázquez (ex Comcar). Una de ellas será el poblamiento de las nuevas unidades que la pasada administración comenzó a construir en el predio del Penal de Libertad. Serán las unidades 27, 28 y 29, que funcionarán bajo la modalidad de participación pública privada, cada una con 460 plazas.

Una de las unidades será destinada a alojar personas con penas leves, de hasta 24 meses. Al respecto, el ministro Negro marcó en su exposición que uno de cada cuatro ingresos producidos en las prisiones desde el mes de marzo corresponden a personas que cumplirá una pena menor a un año. "Van a entrar y salir", señaló, al cuestionar una vez más la apuesta a la prisionización que existe en gran parte del sistema.

La segunda unidad estará especializada en personas imputadas y condenadas por delitos sexuales. Y otro de los celdarios, en tanto, estará destinada a agresores de género. "La construcción de cárceles como solución a los problemas de hacinamiento me parece que por sí sola no va a resolver el problema", dijo el ministro. "No estoy negando la construcción de plazas, lo que digo es que siempre resultan insuficientes", apuntó.

Para controlar todo el sistema se dispone de unos 4 mil funcionarios, entre policías y operadores penitenciarios. El informe oficial indica que el 20% no está prestando hoy servicio, a raíz de certificaciones médicas, apartamiento del cargo o incapacidad permanente o temporal. Así, el ratio indica que hay 32 reclusos por funcionario, cuando el estándar internacional indica que no debe superar los doce. Si se considera solo a operadores civiles, la relación es de 61 a 1. Y si se considera a psicólogos y trabajadores sociales, hay uno por cada 537 reclusos.

Para la asesora ministerial Ana Vigna, las consecuencias de todas estas carencias se observan en distintos indicadores. Uno de ellos, el promedio de 51 muertes anuales que hubo en las cárceles en los últimos años. Al respecto, durante el segundo semestre de este año se incorporarán a 578 policías y funcionarios, que irán destinados a las unidades más superpobladas.

Hoy en Uruguay hay 470 presos por cada cien mil habitantes. La tasa más que triplica el promedio mundial, cuyo incremento no ha ido acompasado de la necesaria evolución presupuestal. Según Vigna, el gasto promedio mensual por preso es hoy de $ 38 mil, lo que a su juicio "redunda en una precarización" de las condiciones de vida y en mayores dificultades para llevar adelante intervenciones técnicas adecuadas y oportunas.

En nueve de las 26 unidades penales hay más reclusos que lo que marcan las recomendaciones internacionales. Solo la Cárcel de Santiago Vázquez alberga por sí sola al 30% de la población carcelaria del Uruguay.

En su exposición, Negro volvió a cuestionar el “pensamiento mágico punitivo penal” que imperó en las pasadas administraciones —de cualquier signo político— que veía en las cárceles la “herramienta predilecta” para atacar los problemas de seguridad pública.

“Eso ha llevado a esta situación de superpoblación carcelaria y a que, paradójicamente, los problemas de seguridad no se hayan detenido, si no que se hayan incrementado". “Hay evidencia de ello por la suba sin control de casi todas las figuras delictivas”, afirmó.

"Como ministro, voy a hacer todo lo posible por agarrar a los delincuentes", afirmó el exfiscal. "El problema es qué tipo de delincuente, qué tipo de delito y qué tipo de solución", dijo. "No todo es igual", agregó. "No todos pueden terminal en la cárcel, porque hay delitos y delitos, y delincuentes y delincuentes".

En su visión, hay que "tratar de que no ingresen a la cárcel lo que no que tienen que ingresar, y que sí ingresen los que no ingresan nunca". Su reflexión fue la siguiente: "Todos sabemos que las cárceles están llenas de gente pobre, joven y de varones", pero también que "hay otros que nunca pisan la cárceles y cometen delitos que generan una problemática social inmensa, como hambre y desocupación". Esos, dijo, "no van nunca a una cárcel".

Su "desvelo" es, por tanto, abarcar a la mayor cantidad de delincuentes, llevarlos ante la Justicia, y que esta "tenga las herramientas para discriminar, acertadamente, quién va, para qué y por cuánto tiempo" a prisión.

Los datos más recientes del Ministerio del Interior indican que unas 10 mil personas están cumpliendo hoy en todo el país algún tipo de medida sustitutiva a la prisión. Para controlarlas, el sistema dispone de apenas 159 funcionarios, en su mayoría policías. Un promedio de un funcionario cada 63 casos, destinados a la supervisión, el acompañamiento y la gestión de estas medidas.