La exministra de Vivienda Irene Moreira defendió las solicitudes de asignación directa que tramitó mientras dirigía la cartera y trasladó las responsabilidades tanto a otras autoridades como a los funcionarios técnicos que analizaron cada uno de los casos.
La hoy senadora cabildante renunció el 8 de mayo de 2023 a su cargo de ministra luego de que el presidente Luis Lacalle Pou se lo solicitara. En su momento, la exjerarca le entregó al mandatario una lista de cinco casos en los que utilizó su “reserva de cupo”, según declaró, para asignar de forma directa viviendas, algunas de ellas a militantes de su partido. Luego se conocieron otros siete casos que tramitó Moreira.
En la declaración que realizó ante la instructora que llevó adelante la investigación administrativa –a la que accedió El País-, Moreira aseguró que “siempre se ha entendido que la adjudicación directa es un instrumento que puede utilizar el jerarca en el marco del cumplimiento de los cometidos que le fueron asignados por la ley 16.112”, que creó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).
En las 20 páginas que recogen la declaración de Moreira –y que forman parte de un voluminoso expediente de 20.165 páginas- la instructora la consultó sobre cada caso y si conocía a los beneficiarios. En todos los casos la exministra se amparó en que las adjudicaciones contaron con el aval de los equipos técnicos que analizaron cada solicitud. “Quiero dejar claro que la postulación de una familia a estudio no significaba que si o si se le otorgara una solución, sino que dependía del estudio realizado por los técnicos”, declaró.
Luego mencionó otros casos que también presentó pero que no fueron aprobados. “Un caso que recuerdo es de una abuela que me escribía de Chile o Perú (téngase presente que mi número de celular está en internet y es de acceso público) que me solicitaba por su hija con problemas y su nieta menor. Dada la insistencia de la señora dos veces fue planteado su caso teniendo la negativa las dos veces y no se otorgó el subsidio”, relató.
Más adelante, Moreira agregó que al igual que le llegaban planteos al ministerio hubo otros pedidos de asignación directa de viviendas realizados desde el ámbito político. “Existieron casos en que las solicitudes fueron recibidas desde legisladores tanto oficialistas como de la oposición e incluso, en reiteradas ocasiones, desde la Presidencia de la República. En todos los casos siempre dispuse la actuación de los servicios técnicos correspondientes”, afirmó.
Los protocolos
Una de las primeras medidas que tomó el sucesor de Moreira en el MVOT, el también cabildante Raúl Lozano, fue iniciar una investigación administrativa para dilucidar si hubo irregularidades en el denominado caso Moreira. Mientras se desarrollaba el proceso interno Lozano decidió dejar dejar sin efecto protocolos creados por el anterior director de Vivienda, Jorge Ceretta, donde se definía cómo debían atenderse las solicitudes que surgieran desde la secretaría de Moreira.
Ante todas las preguntas que le realizó la instructora encargada de la investigación administrativa, la exministra apuntó contra Ceretta. La senadora cabildante sostuvo que “con esta circular se buscó dar transparencia a un procedimiento que se hacía en el ministerio desde mucho tiempo atrás y carecía de un procedimiento claro” y agregó que se hizo “a solicitud de los propios funcionarios del ministerio que lo consideraron necesario para un mejor desempeño, normativizando lo que se hacía desde más de 10 años”.
Al ser consultada sobre quién dio la orden de crearla, Moreira respondió: “la orden fue dada por el director nacional de Vivienda del MVOT”. Y cuestionada sobre su redacción dijo que fue hecha por “funcionarios de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi)”. Además, la hoy senadora indicó que tomó “conocimiento de la circular cuando ya se estaba aplicando” y que no fue consultada previamente.
Ceretta -que en mayo de 2022 dijo a La Mañana que llegó a Cabildo y al ministerio “a través del contacto de muchos años que tenía” con Moreira- participó en los expedientes de adjudicación y además redactó los protocolos internos para el manejo de este tipo de solicitudes.
El 3 de agosto de 2022, desde la casilla de correos de la administración de la Dirección Nacional de Vivienda se envió un mail a funcionarios de distintas divisiones para “conocimiento de las unidades ejecutoras que participan en el proceso” de una nueva forma de analizar determinados casos de asignación de soluciones habitacionales.
En dicha comunicación se adjuntó la circular número dos de Dinavi que contiene los “procedimientos ante derivación de los casos recibidos por las autoridades del MVOT” y el “procedimiento para realizar las adjudicaciones directas en los complejos habitacionales”.
En un documento de dos páginas, firmado por Ceretta, se establecían siete puntos que dictaron las diversas etapas, pero colocando a la Dinavi como la división clave para el manejo de los casos de asignación directa. El primer punto definió que Dinavi era la encargada de recibir “las solicitudes de autoridades y secretarías del MVOT”. Luego, se indicó qué dependencias eran responsables de contactar a las familias y de “presentar un informe en un plazo no mayor a 15 días”. Y por último, en el séptimo punto, se remarcó que la decisión era exclusivamente de Dinavi y la entonces ministra. “Desde Dinavi en conjunto con secretaría de la ministra se evaluará la situación presentada a efectos de considerar posibles respuestas habitacionales”, se estableció en el protocolo.
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