Redacción El País
Arbitrariedad, abuso de poder, apartamiento de la normativa vigente, no cumplimiento de los requisitos, actuar violatorio del principio de igualdad, hechos irregulares... Y estos son solo algunos de los conceptos que aparecen en los dos informes que se elaboraron en el Ministerio de Vivienda en el marco de la investigación administrativa que se inició a partir de la polémica alrededor de las adjudicaciones de viviendas solicitadas desde la secretaría de Irene Moreira, por las que debió renunciar a su cargo de ministra en mayo.

La directora de la división jurídica, Marcia Senattore, y la instructora Daiana Da Silva Mendina, ambas abogadas, realizaron estudios pormenorizados de los expedientes que se iniciaron para otorgar viviendas a partir de las solicitudes desde la secretaría de la entonces ministra.

El ministerio se puede reservar un 10% de los llamados de los programas habitacionales para darle viviendas a población vulnerable que cumpla con ciertos requisitos, lo cual -según estos informes- no sucedió durante la gestión de Moreira en la adjudicación de viviendas. Pero, además, a través de la investigación administrativa se encontró la implementación de un sistema que se denominó como “planillas puertas abiertas” que, aseguró Senattore, “carece de fundamento legal”.

Las abogadas encontraron que las solicitudes de adjudicaciones llegaban de dos formas. Una, a través del correo [email protected], y otra por el sistema “planilla puertas abiertas”. Aunque en ambos casos las derivaciones venían desde la secretaria de Moreira, eran situaciones diferentes. En la primera se pedía la adjudicación de una vivienda a una familia, y en el otro se solicitaba asesoramiento para los interesados.

El problema del sistema “planilla puertas abiertas”, se apuntó, era que generaba una diferencia con el resto de los interesados que se acercaban al ministerio y no venían de parte de Moreira.

Senattore señaló que al “ciudadano común” que iba a la cartera -indicó la jerarca- se lo “asesoraba sobre los diferentes programas de viviendas y, si no cumplía con los requisitos previstos para postularse, allí terminaba la atención”. Sin embargo, por “planillas puertas abiertas”, “independientemente si cumplía o no con los requisitos para postular o para acceder a una vivienda”, se le llamaba y se “elaboraba a su respecto un informe social”.

Pero, además, criticó a la exministra ya que la declaración en el marco de la investigación administrativa de la dirigente de Cabildo Abierto no “fue la esperable”. Sus “manifestaciones” no concordaron con las “realizadas por los funcionarios que declararon” en el marco de la investigación, “e incluso, con las de su propio exasesor”, Roel Bottari, “incumpliendo con su deber de colaboración con la administración”.

Porque, según recoge la directora, Moreira aseguró que todos los casos eran derivados al “departamento correspondiente para que fueran estudiados si cumplían con las condiciones de acceso”. Sin embargo, seis de los que declararon, entre los que están su exasesor Bottari y el exdirector nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, dijeron que la adjudicación se realizaba en base al interés de Moreira. Además, apuntó la jerarca Senattore, eso se ve en la prueba documental.

El ministro Raúl Lozano no hizo mención a la implementación de este mecanismo en su resolución ministerial sobre lo que había arrojado la investigación administrativa.

Foto: Juan Manuel Ramos

Las abogadas realizaron un estudio de los expedientes que se generaron a partir de solicitudes desde la secretaría de Moreira, algunos de los que resultaron en adjudicaciones de viviendas. El primero -que se desveló antes de su renuncia al ministerio- fue a una exempleada doméstica suya, que también trabajó para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional. En este caso, se determinó que no debió recibir la propiedad que se le adjudicó de forma directa por no cumplir con los requisitos, entre ellos que su núcleo familiar no estaba en una situación de emergencia habitacional, por lo que se planteó evaluar si es necesaria la revocación del acto administrativo de adjudicación.

Otra adjudicación polémica, la primera que se conoció -e informó Radio Universal- fue a una integrante del Instituto Melchora Cuenca, de Cabildo Abierto. Se determinó que no debería haber recibido la vivienda porque no cumplía con los requisitos. Uno de los argumentos es que los ingresos del núcleo familiar están por encima de la línea de pobreza, y que “no se aprecia en absoluto una situación de vulnerabilidad habitacional”.

Además, la beneficiaria, según sus declaraciones, cuando averiguó “por primera vez” en el ministerio la recibieron asesores de la exministra -Bottari y Margarita Bocage- que la conocían del Instituto Melchora Cuenca, y quienes le “manifestaron la posibilidad de que pudiera ingresar a alguno de los cupos existentes”.

Ambos informes, además, mencionaron que la beneficiaria y Moreira presentaron la misma documentación en el marco de la investigación administrativa.

En Rivera se entregó otra vivienda, para la que también se pidió una reevaluación de la adjudicación. Dentro de los argumentos está que la familia “ingresó al complejo, sin informe social previo”, el que se realizó una vez que “ya estaba ocupando” la propiedad. Además, se marcó que el mismo núcleo familiar “ya había sido beneficiado” con otra vivienda en el mismo complejo, “donde fue desalojado por no abonar la cuota y los gastos comunes”.

Es más, desde la oficina de Rivera del MVOT se manifestó “no estar de acuerdo con dicha resolución” de darle el apartamento, “ni tampoco con la continuidad de la familia en el programa, considerando que no corresponde”, recogió Senattore en su informe, y añadió que al momento de finalizar la instrucción estas personas aún tenían autorización de ingreso a la vivienda.

Otro caso que resonó en su momento fue el cambio de apartamento que se le hizo a Olga Camacho, que trabaja en pase a comisión para el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Este se dio después de que la beneficiaria alegara que tuvo un problema de salud y que vivía con dos personas mayores.

La jerarca Senattore consideró que se debe iniciar otra investigación administrativa “a efectos de determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos y la individualización de los responsables” en el cambio de propiedad.

Esto es porque, según indicó, “no se acreditó en la instancia que se tratara de una situación excepcional que ameritara el cambio de vivienda, conforme a lo analizado por la asesoría legal de la Dinavi, así como tampoco el fundamento para el otorgamiento de una vivienda accesible”.