Redacción El País
Un informe de una abogada del Ministerio de Vivienda, en el marco de una investigación administrativa, determinó que la ex empleada doméstica de la exjerarca Irene Moreira no debió haber recibido una propiedad que le fue adjudicada de forma directa.

Ubicado en Vitoria y Timote, en barrio Belvedere, el apartamento se otorgó bajo el plan alquiler con opción a compra. La beneficiaria durante un año fue empleada doméstica de Moreira (entre el 12 de julio de 2013 hasta el 10 de julio de 2014), así como también trabajó para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional entre 2010 y 2013, tal como informó El País en su momento.

En el marco de la investigación administrativa que se ordenó en medio de la polémica, un informe hecho por una abogada del Ministerio de Vivienda, dice —según pudo saber El País— que el núcleo familiar de la exempleada de Moreira no cumplía con los requisitos de acceso a una vivienda en forma directa. En ese sentido, apunta que correspondería que el caso se vuelva a evaluar para determinar si es necesaria la revocación del acto administrativo de adjudicación.

La letrada de la cartera argumentó que la beneficiaria, que trabajó para Moreira, no estaba en una situación de emergencia habitacional, requisito necesario para cumplir con la normativa.

También apuntó que se le dio una la solución de vivienda de carácter definitivo, como es el de alquiler con opción a compra, y no transitorio como podría haber sido un subsidio de alquiler.

Tal como informó El País hace poco más de una semana, la resolución ministerial tiene varias diferencias con los informes de las abogadas del ministerio.

Raúl Lozano, en una resolución ministerial, determinó que la actuación de Moreira no fue ilegítima aunque sí hubo irregularidades.

En cambio, la letrada fue más categórica en las conclusiones de su informe, donde dice que la conducta de Moreira “no se ajustó a derecho ni a la ética que debe regir la actuación de las personas que son convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad al servicio del Estado”.

También determinó que Moreira tuvo una discrecionalidad para realizar adjudicaciones directas y que se “actuó con arbitrariedad y abuso de poder”, tal como informó El País.