FUNCIONARIA DEL MIDES SE DEFIENDE

Gabriela Bazzano habla pausado, procura mostrarse calma y explicativa, pero por dentro está muy enojada. Desde el sábado, tras la publicación de una nota en La Diaria que la tiene por protagonista, la actual titular de la Secretaría Nacional de Cuidados y encargada del Programa Nacional de Discapacidad, ha sido blanco de críticas de distintas organizaciones que pidieron su destitución a coro. Ha recibido, también, mensajes de cariño y aliento. El más importante llegó ayer: después de tres días estudiando el tema y luego de mantener una reunión con ella, el ministro Pablo Bartol emitió un comunicado en el que expresa su “respaldo a la gestión” de Bazzano.

En relación al programa de familias articuladas, que la actual jerarca del Mides creó años atrás cuando era directora de la ONG Seamos, el ministerio no se pronuncia directamente a favor ni en contra. Opta por recalcar que era un plan conocido por las autoridades del INAU y del Mides, y advierte que en los cuatro casos que relata La Diaria el proceso de cesión de tenencia de padres biológicos con discapacidad intelectual a otras familias tuvo la anuencia del Poder Judicial.

Por “posible venta irregular de recién nacido” Bazzano fueinvestigada por Crimen Organizado e Interpoltras denuncias del INAU y el Pereira Rossell. La causa se inició en 2015 y se archivó en 2017 porque en la cuenta bancaria de Bazzano no se encontraron indicios de pagos. “Podría discutirse jurídicamente la validez del consentimiento de personas con discapacidades psiquiátricas para acordar un régimen de tenencia articulada como el que se instrumenta, pero ello es claramente resorte de las autoridades judiciales intervinientes en sede de Familia”, advirtió el fiscal especializado Luis Pacheco.

Los testimonios de los padres biológicos incluidos en la publicación revelan que en ocasiones la cesión de la tenencia no era del todo consciente. Varias organizaciones sociales consideran que aunque no se haya probado un ilícito, del artículo se desprende un accionar reprochable.

El Frente Amplio reaccionó el mismo sábado pidiendo su destitución. En un comunicado, la bancada de legisladores expresó que Bazzano generó una “escalofriante trama” para la “entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos, manipulando a las personas y vulnerando sus derechos”. A su juicio, el accionar de la ONG Seamos -de la cual la actual jerarca se desvinculó en 2017- muestra una “visión profundamente errada de los derechos de las personas con discapacidad y sus hijas e hijos”.

Los legisladores ya avisaban el sábado que se dirigirían a Fiscalía para reabrir la causa y promover investigaciones. Ayer definieron un paso más: harán una nueva denuncia. La senadora Sandra Lazo dijo a El País que entre jueves y viernes se presentarán con “nuevos elementos” sobre los cuales no quiso decir nada. “Hemos profundizado y tenemos aportes para hacer. Hay una situación de manipulación, de abuso de poder. Entendemos que hay que denunciarlo”, dijo.

En medio de toda la controversia, La Diaria informó ayer que la defensora del Vecino, la exdiputada frenteamplista María Elena Laurnaga, se reunió hace 15 días con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y le entregó una denuncia contra la organización Seamos, que ahora está en manos de la fiscal Brenda Puppo.

En tanto, la bancada convocó a Bartol a la comisión de Derechos Humanos del Senado para dar explicaciones. Al respecto, la senadora agregó: “La persona que llevó a cabo estas prácticas está al frente del Sistema de Cuidados. Nos preocupa, y le debe preocupar a toda la sociedad”.

Ayer, el Mides se adelantó a la jugada del FA y en su comunicado advirtió que “se entiende necesaria la reapertura de la causa judicial archivada y se promuevan las investigaciones que se estimen pertinentes para esclarecer cualquier duda y así obrar con la máxima transparencia”.

Se comunicó también que se investigará el extravío dentro del Mides de un trámite administrativo iniciado en 2015. Aquella investigación, que se abrió “a efectos de determinar actos o hechos ilícitos sobre el servicio del Hogar Seamos”, nunca concluyó y el expediente electrónico está vacío, lo cual las autoridades actuales intentarán esclarecer.

En diálogo con El País, Bazzano dice que el programa de familias articuladas surgió en 2012 “por una ausencia de respuesta de políticas públicas para el caso de las mamás con discapacidad y los recién nacidos, que eran desvinculados inmediatamente en el momento de parir”.

A pesar de la polémica desatada, Bazzano dice que ahora quiere subsanar esa ausencia desde su rol de jerarca: “Quiero que esto se haga política pública: que sea una opción, una alternativa. De hecho, estoy trabajando en eso”, dice, a la vez que aclara: “Sería bien interesante, ahora desde el gobierno, oficializar una alternativa así para las mamás con discapacidad, desde un lugar de pienso interinstitucional, algo coejecutado con INAU, con el Pereira Rossell. No hace falta una ley, falta pienso colectivo”.

Bazzano muestra partes del expediente que revelan que el INAU estaba al tanto del programa y no tenía “objeciones” a los acuerdos homologados por los jueces de familia, debido a que no eran niños institucionalizados en el organismo.

La jerarca cuenta que algunos casos llegaron de “organizaciones derivantes” como Aldeas Infantiles y Uruguay Crece Contigo. A su vez, duda de cómo fueron interrogados los padres biológicos en el proceso judicial. “Habría que ver cómo se tomaron esos testimonios... Dudo que hayan dicho eso, o si lo dijeron fue avergonzados de que pensaran que ellos querían regalar a sus hijos”, sostuvo.

Bazzano aseguró estar tranquila con su accionar. “Yo sé quién soy. Estoy totalmente limpia, se me investigó por todos lados. Lo único que quiero es que se respeten los derechos de las mujeres con discapacidad, que no son clase B. Todo lo demás es un circo”, concluyó.