Los intendentes ajustan el cinturón: recortan horas extra, compensaciones y cesan contratos

A poco menos de tres meses de asumir, la mayoría de los intendentes del Partido Nacional que administran las comunas departamentales no tomaron una decisión tan drástica como la de Carlos Albisu en Salto, pero sin embargo sí se encuentran en un proceso de revisión de gastos heredados de la anterior gestión, que en algunos casos tuvo un incremento sustantivo durante el año de campaña electoral.

El caso que más repercusión mediática tuvo en los últimos días fue el de Salto, el único departamento gobernado por la Coalición Republicana tras 10 años de gestión de Andrés Lima (Frente Amplio), por el cese de 291 funcionarios de la intendencia departamental.

En diálogo con El País, y en respuesta a acusaciones de Adeom Salto y del Pit-Cnt que calificó la medida de “despido masivo de trabajadores”, el intendente salteño defendió la medida y argumentó que “era necesario ordenar la casa”.

En conferencia de prensa, explicó que el convenio colectivo que pretendía dar carácter permanente a esos ingresos era “claramente violatorio de normas legales y constitucionales”. Previamente —a los pocos días de asumir—, el expresidente de la Comisión Mixta de Salto Grande había denunciado deudas con el Banco República y con proveedores que comprometían las finanzas de la administración.

Aunque en menor grado, han sido varios los gobiernos subnacionales que han tenido que recurrir a recortes luego de recibir una dificultosa y delicada situación financiera, como habían denunciado en julio cuando en algunos casos estuvo hasta en riesgo la posibilidad de pagar salarios.

En las elecciones de mayo fueron electos 12 nuevos intendentes, mientras que en los restantes departamentos hubo reelección, por lo que continuarán los mismos jefes comunales durante otros cinco años.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, indicó que desde que empezó su administración se cortaron algunos contratos de empresas individuales, asesores que no se renovaron, se bajó el porcentaje de las compensaciones que se pagan a los funcionarios y la cantidad de horas extras asignadas en la comuna departamental.

De esta forma, el exembajador uruguayo en Argentina aseguró que se están ahorrando $ 2 millones mensuales por los recortes, unos US$ 50.000.

En el caso del politólogo Diego Irazábal, jefe departamental en Flores, su decisión como jerarca fue la de no despedir funcionarios, pero sí compensaciones. A su vez, afirmó que se están estudiando contratos que, en principio, fueron extendidos hasta el 31 de diciembre.

“Cesar contratos decidí no hacerlo con trabajadores, aunque sí con algunas empresas de servicios personales. Tengo a estudio hasta fin de año una cantidad importante de empresas unipersonales monotributistas Mides. No quise tomar la decisión de cesar esos vínculos antes de analizar bien los casos por las características (de posible vulnerabilidad social) de los monotributistas”, declaró Irazábal.

En materia de compensaciones, el jerarca ilustró que muchas de estas partidas fueron otorgadas por decisión discrecional de los intendentes, situación similar a la ocurrida en otras intendencias.

Por ejemplo, existen casos en que un funcionario considerado grado cinco cobra compensación como grado siete, pero no son este tipo de beneficios los que, en líneas generales, se están recortando, sino los que implican partidas fijas definidas discrecionalmente por el intendente. “En ese caso son alrededor de 50 que existen. Pero en realidad más que nada hemos decidido cesar muchos casos de empresas tercerizadas, de servicios de seguridad en particular”, contó el gobernante.

El intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, dijo que se están tomado medidas de este tipo también, pero “no porque peligre la estabilidad financiera de la comuna, sino por una cuestión de ordenar y de eficiencia”.

En Cerro Largo, Christian Morel, que fue uno de los nuevos jefes comunales más críticos con la situación económica heredada de la anterior administración (también del Partido Nacional), indicó que en primera instancia cesó a 169 funcionarios, cantidad bastante menor a los 300 que había anunciado en su momento.

“Pare ahí, porque se recortó por rendimiento y diferencia de sueldo. Eso me permitió no tener que desemplear a tanta gente. Había algunos que eran contratos nuevos (de la campaña electoral), pero la mayoría gente contratada desde hacía tiempo que se decidió prescindir de su servicio. En líneas generales el ahorro que tuvimos tras tomar estas medidas fue de $ 9 millones (US$ 225.000) mensuales”, dijo a El País el intendente de Cerro Largo.

En Lavalleja, donde el Frente Amplio gobierno por primera vez en la historia bajo el liderazgo de Daniel Ximénez, se optó por no llevar adelante recortes del estilo, al menos por el momento.

Un jerarca de la comuna afirmó que, sin embargo, sí se va a “cumplir con un compromiso de campaña de revisar los casos de algunos trabajadores zafrales que ingresaron a la plantilla durante el período de la campaña electoral”.

Según señaló, hubo un incremento importante de ese tipo de contratos durante el año de las elecciones departamentales, aunque son sueldos mínimos —del entorno de los $ 20.000—.

“Por ahora la situación está a estudio. No se ha definido un plazo, pero decisiones al respecto va a haber y ya está hablado con el sindicato”, añadió el jerarca.

Por su parte, desde la administración de Guillermo Levratto en Río Negro —donde Omar Lafluf decidió no competir por la reelección y ganó el Frente Amplio — no se llevó adelante un ajuste relevante, dijo el secretario general de la intendencia, Walter Cardoso.

“Se mantuvieron los 240 contratos de monotributistas heredados, se suprimieron acciones y funcionarios de confianza. Las horas extras se manejan por área, se respetan y se controlan. Se cortó con la discrecionalidad”, afirmó Cardoso.

La compleja realidad económica de la Intendencia de Montevideo ha sido posiblemente el caso que más repercusiones políticas ha tenido a nivel nacional.

En línea con otras comunas del país, a principios de setiembre el intendente Mario Bergara un conjunto de medidas a implementarse a partir de octubre con el fin de ordenar las cuentas. Entre ellas, se anunció la eliminación de contratos con empresas, la postergación del pago de subsidio, contar con menos cargos de confianza política, reducción de horas extras, entre otras.