Por Joaquín Silva
El desenlace que llevó a Gonzalo Larrosa, hasta ayer jefe de Policía de Flores, a renunciar a su cargo, no era algo que estuviera previsto por las autoridades del Ministerio del Interior.

Todo empezó, en realidad, a fines de febrero, cuando el director de la Policía Nacional durante el último gobierno del Frente Amplio, Mario Layera, declaró en varios medios de prensa que Larrosa tenía responsabilidad en los traslados que se habían hecho entre 2017 y 2018 al delincuente mexicano Gerardo González Valencia a la Cárcel Central -lugar en donde terminaría entrevistándose con el mafioso italiano Rocco Morabito, quien también iba a ser recluido en esa prisión.

Esos señalamientos apuntaban al hecho de que Larrosa, en ese momento, era director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el organismo que administra y gestiona la vida de las personas privadas de libertad.

Por este motivo el ministro Luis Alberto Heber se puso en contacto con Larrosa en los días siguientes a esas declaraciones para conocer de primera mano cuál era su versión, que en resumidas cuentas apuntaba a que él no tenía injerencia política en muchas de las resoluciones que debía tomar como jefe del INR, como por ejemplo la que determinó las visitas que hacía el Cuini a la Cárcel Central.

Para mayor garantía, el ministro le ofreció a Larrosa que viajara a Montevideo para responder un cuestionario al respecto que quedara labrado en actas. Y eso terminó ocurriendo el 3 de marzo pasado, cuando fue interrogado por el director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, según indicaron a El País fuentes al tanto del caso.

Allí fue que Larrosa explicó que las decisiones vinculadas a las visitas conyugales que González Valencia realizaba en Cárcel Central -eso era lo que reclamaba el delincuente y la razón por la cual lo llevaban a esa otra prisión- eran tomadas por el “gabinete de seguridad” ministerial que entonces era presidido por el hoy fallecido ministro Eduardo Bonomi.

Pero Azambuya dictó entonces una pregunta que fue lo que terminó desencadenando la renuncia que presentó Larrosa a su actual cargo en las últimas horas: si en esos años, como titular del INR, había recibido “algún pedido de traslado de forma irregular” y Larrosa le contestó que sí, pero ninguno estaba vinculado al caso del Cuini y Morabito -el único “traslado irregular” que le constaba que había habido durante su gestión, al margen de que estuviera más allá de sus potestades.

Quien hacía esos pedidos, declaró Larrosa, era la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereyra, que era la pareja de Bonomi.

La legisladora frenteamplista -quien desmintió esta versión (ver recuadro)- pedía que determinados “presos comunes” fueran trasladados de una cárcel a otra y el director del INR de ese momento atendía esos requerimientos en función de que “era la esposa del ministro” y que, por tanto, no tenía alternativa, dijo.

Lo que hacía Larrosa era derivar esas solicitudes a la Junta de Traslados, que funcionaba bajo la órbita de la subdirección técnica (ver aparte), y luego le comunicaba a Pereyra qué suerte habían tenido esos pedidos -que en algún caso eran favorables y en otros no.

Las respuestas de Larrosa, que quedaron por escrito, están también respaldas en “chats” que el funcionario todavía conserva y que ya fueron aportados a las autoridades.

Fue con todo este panorama que, luego de días de análisis, el ministro Heber dispuso esta semana el inicio de una investigación administrativa para determinar si hubo o no irregularidad en esos pedidos. Y esta fue, a su vez, la razón por la que Larrosa terminó dando un paso al costado, ya que su intención fue “no obstaculizar” la indagatoria en curso.

El comunicado divulgado por la cartera de seguridad ayer por la tarde se limitó a informar que la renuncia estaba “motivada para no interferir en una investigación administrativa que se encuentra en curso en el Ministerio del Interior vinculada a chats que el entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación reci- bió entre marzo de 2017 y noviembre de 2018 por parte de personas ajenas a esta Secretaría de Estado”.

La situación dejó afectado a Larrosa, indicaron allegados al jerarca, que ante la consulta de El País prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

Larrosa dejó así una gestión de dos años y tres meses como jefe de Flores, luego de haber estado a cargo, con el cambio de gobierno y con la asunción del fallecido ministro Jorge Larrañaga, del Centro de Comando Unificado.

El funcionario pidió ahora licencia por varios días ante la Secretaria de Estado, y esperará el resultado de la investigación administrativa, de la que confía que al menos de su parte, no se demostrarán irregularidades o falta administrativa que se pueda aplicar -sobre todo habiendo pasado más de cuatro años de los hechos analizados.

El caso de Larrosa es distinto al de la mayoría de los jerarcas policiales, porque se encuentra en actividad: recién tendrá causal jubilatoria a partir de mayo. Por lo que en algún momento debería regresar a las tareas dentro del Ministerio del Interior, en principio en algún cargo -no de confianza política- situado en Montevideo, un destino al que buscaba ser asignado desde hace meses.