Por Joaquín Silva
El jefe de Policía de Flores, Gonzalo Larrosa, presentó hoy su renuncia al cargo porque se inició una investigación administrativa para conocer si hubo irregularidades en una serie de hechos ocurridos en 2018 y que tienen en el centro a la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereyra y al ahora exjerarca.
Según supo El País, Larrosa decidió renunciar para “no obstaculizar” esa investigación que inició ayer la cartera de seguridad por orden del ministro Luis Alberto Heber, quien además le perdió la confianza al exjefe de Flores.
Lo que Larrosa admitió ante las autoridades —y que fue lo que desencadenó este proceso administrativo— es que en 2018, cuando estaba al frente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) la diputada Pereyra —pareja del entonces ministro Eduardo Bonomi, hoy fallecido— le había solicitado “traslados” de presos de una cárcel a otra. Y que él había accedido a dar trámite a esos pedidos de la legisladora del Frente Amplio, tal como consta en “chats” que ya están a disposición de las autoridades.
Consultada por El País, la diputada dijo que esto “es mentira”. “Que sigan investigando”, declaró.
En los últimos días, Larrosa había sido señalado tanto por el exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, como por el exdirector de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, como uno de los responsables en los traslados que se realizaron entre 2017 y 2018 del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia hasta Cárcel Central, para acceder así al derecho del recluso de tener “visitas conyugales”. Y fue en ese lugar, Cárcel Central, y como consecuencia de esas visitas, que González Valencia terminó también teniendo encuentros con el mafioso italiano Rocco Morabito, preso en ese mismo lugar.
Todo esto forma parte de la investigación que en 2019, a propósito de la fuga de Morabito, inició la Fiscalía, pero Larrosa —y su renuncia presentada en las últimas horas— no tiene vinculación con estos hechos, de acuerdo a las fuentes consultadas.
El comunicado divulgado por el Ministerio del Interior se limitó a informar que la renuncia “está motivada para no interferir en una investigación administrativa que se encuentra en curso en el Ministerio del Interior vinculada a chats que el entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación recibió entre marzo de 2017 y noviembre de 2018 por parte de ´personas ajenas a esta Secretaría de Estado.