PARLAMENTO

Cuando el COVID-19 ingresa a lugares donde las personas tienen mayor vulnerabilidad, genera preocupación en las autoridades. El virus ya atravesó las puerta de residenciales, apareció en asentamientos, pero aún no ha entrado a otro lugar de características complejas: las cárceles.

Pero a donde sí llegó fue a la Policía. El ministro del Interior Jorge Larrañaga informó ayer en conferencia de prensa que se detectaron seis casos positivos de COVID-19 dentro de la institución policial y que hay 330 efectivos sospechosos que se encuentran cumpliendo con la cuarentena. Uno de esos casos es el de un guardia de seguridad del Penal de Libertad.

“Nosotros tenemos en la Policía seis casos positivos de coronavirus y 330 personas sospechadas en todo el territorio nacional. Tenemos un policía en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)”, comunicó el jefe de la cartera. Por otro lado destacó que se han adoptado todas las medidas protocolares correspondientes.

“En la mañana de hoy (por ayer) ha estado trabajando y está trabajando el director del INR (Luis Mendoza) en la puesta a punto del protocolo de las personas privadas de libertad en establecimientos carcelarios. No hay que olvidar que tenemos 27 establecimientos carcelarios en todo el país y hasta que yo ingresé a la comisión no teníamos casos positivos en personas privadas de libertad”, explicó Larrañaga.

Uno de estos seis casos, según indicaron fuentes ministeriales a El País, es un guardia del Penal de Libertad. El funcionario habría estado en contacto con una persona positiva. Una fuente carcelaria, por su parte, indicó a El País que este hombre dio positivo, pero que se le realizó un nuevo test porque la muestra habría estado contaminada. “Es el caso de una persona que ya estaba en cuarentena. No tiene ningún síntoma, han pasado varios días y le hicieron el examen y aparentemente le dijeron que estaba mal porque había una muestra que estaba contaminada”, explicó la fuente. Por estas horas se espera el resultado del nuevo test que ayer se le realizó al guardia del Penal de Libertad.

Según indicó la fuente carcelaria todos los establecimientos ya cuentan con un sector preparado para aislar a una persona que dé positivo de COVID-19. “Hay un protocolo de actuación que está previsto y se aísla un sector” para esa persona, indicó la fuente.

Por otro lado explicó que una vez que se detecta el caso positivo se rastrea en qué sectores estuvo y se aísla a la persona positiva y a las personas privadas de libertad pertenecientes a ese sector. Luego de eso se comienzan a realizar hisopados a esa población aislada.

“En todos las cárceles se estableció un lugar. En el Comcar, por ejemplo, hay un modulo entero. En otros son más precarios, pero hay lugares y la contingencia está prevista”, indicó la fuente consultada.

La conferencia de prensa se realizó luego de que el ministro se reuniera con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, en el marco del estudio del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), antes de su análisis formal en el Senado a mediados de esta semana.

Referente a la ley, el ministro anunció la constitución de un grupo de trabajo que se realizará a nivel parlamentario y que será integrado por senadores y diputados de los distintos partidos de la coalición.

"Ellos a su vez van a mantener contactos con el ministerio para ir avanzando en algunas definiciones o puntos que siempre presentan diferencias de concepto, de redacción o de incorporación", aseguró.

"No es sencillo poder analizar 120 artículos en un espacio de hora y media aproximadamente, es muy difícil y por eso vamos a tener esa metodología de trabajo, para ir agilizando todo lo que tiene que ver con ese proceso antes de la comparecencia del Ministerio del Interior ante la Comisión del Senado", agregó Larrañaga. 

"Sí hablamos en términos generales, de por qué es de urgente consideración y de urgente aprobación, porque la emergencia en materia de seguridad así lo establece", expresó. "Se va a seguir trabajando entre los distintos integrantes de la coalición donde se coordinará parlamentariamente y tendrán contacto con el ministerio para ir avanzando en las modificaciones que se puedan generar en el proyecto ya generado", agregó.

El jefe de la cartera indicó por otra parte que se recibieron aportes y observaciones de otros integrantes de la coalición. 

Solo el Partido Colorado ya planteó 50 modificaciones al texto original y los demás integrantes de la coalición también tienen sus aportes, por lo que en el oficialismo se estima que pueden existir variaciones entre 50 y 100 artículos, indicaron fuentes legislativas a El País.

El objetivo es intentar acordar una posición común antes del miércoles, fecha en la que comenzará el trabajo formal de la comisión. Se sabe, por ejemplo, que la desmonopolización de Ancap quedará por el camino por la falta de apoyo del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente.

Otro artículo polémico es el 115: a pedido de Cabildo Abierto se habilita al porte de armas por el personal militar en situación de retiro, lo que se suma a los policías retirados. Los colorados no aceptarían este cambio al texto. El Senado tiene 45 días para el estudio del proyecto y la Cámara de Diputados otros 30 días.

Para analizar la extensa iniciativa de 501 artículos, se fijó un régimen de trabajo de la comisión que se extenderá de lunes a jueves desde la hora 9.30 hasta las 19 horas.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, anunció el viernes pasado que “está dentro del menú de lo posible” impulsar por parte de la oposición un referéndum contra la ley. Esta acción “está dentro de la Constitución”, indicó.