REUNIÓN CLAVE

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se reunió este miércoles con los 19 jefes de Policía y directores nacionales del ministerio para "coordinar acciones" y evitar aglomeraciones en todo el país durante la Semana de Turismo.

Ayer de noche el presidente Luis Lacalle Pou dijo en conferencia de prensa que “en el marco de la normativa vigente se van a disolver las aglomeraciones”. Además añadió que todo tipo de fiesta y evento social está prohibido hasta el 12 de abril, de acuerdo a lo definido este martes en un extenso Consejo de Ministros.

Entre las medidas acordadas, Larrañaga nombró este miércoles en rueda de prensa el "vallado" de algunas zonas, y la "prevención" en determinados lugares, para lo cual destinará más de 2.500 efectivos policiales en todo el territorio que "trabajarán por la salud de la población y para continuar con el esfuerzo de procurar lo que es objetivo del gobierno y nacional de que las vacunas le ganen a los contagios" y "controlar la epidemia", resaltó.

El ministro recordó que desde el 21 de diciembre (fecha en que comenzó a regir la limitación del derecho de reunión) hasta ahora, han intervenido 4.400 veces en operativos que "han demostrado ser eficaces, eficientes, para buscar controlar las aglomeraciones".

Si bien ahora "cambia el contexto" porque la situación es "más compleja", resaltó que cuentan con el "aval" del Poder Legislativo porque les confirió 120 días más para "seguir actuando en el marco de la limitación del derecho de reunión y poder controlar las aglomeraciones".

Tras un intenso debate en el Parlamento, se aprobó extender por 120 días el límite al derecho de reunión sin los votos del Frente Amplio. En la nueva redacción se indica que los ministerios y gobiernos departamentales están facultados "a prevenir y eventualmente dispersar, así como disponer el cese de aglomeraciones".

Este lunes Larrañaga definió expulsar del territorio uruguayo a Adriano Sessa, hijo de la exvedette argentina Mónica Gonzaga,  tras haber organizado una multitudinaria fiesta clandestina de 560 personas. Fuentes de la cartera habían indicado a El País que se resolvió esta decisión porque Sessa “violó normas que prohíben expresamente las aglomeraciones en función de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo”.