La oposición quiere medidas más duras contras las "picadas" en Montevideo; retirarán vehículos infractores 90 días

Ante la inminente puesta en marcha de un endurecimiento en los controles y el castigo a las “picadas” en Montevideo, la oposición reclama que la comuna coordine adecuadamente la fiscalización con el Ministerio del Interior e incluso sugiere medidas punitivas adicionales.

En la madrugada del viernes pasado fue asesinado a balazos un niño de 12 años que estaba en una “picada” en las canteras del Parque Rodó. Su asesinato fue un ajuste de cuentas entre grupos narco y evidenció la necesidad de un mayor control de la actividad, por el peligro que supone en el tránsito y las concentraciones que genera. Sus convocantes se comunican por grupos de WhatsApp y se informan de los puntos de la ciudad donde las autoridades están fiscalizando en un momento dado para desplazarse a otra zona.

En lo que va del año se aplicaron más de 8.400 multas y se incautaron 2.824 motos en Montevideo por diversas infracciones de tránsito, entre las que está la participación en “picadas”.

El intendente capitalino, Mario Bergara, reconoció que el día del crimen no se había desplegado un operativo en el Parque Rodó, a pesar de ser uno de los sitios más problemáticos en relación a esta actividad ilegal.

Ya fue aprobado en la Junta Departamental montevideana un decreto que supone un endurecimiento de las sanciones. La reglamentación del texto legal es inminente.

La principal novedad que incluye el decreto, que fue apoyado por la oposición en la Junta, es que establece que los vehículos incautados permanecerán 90 días en depósitos de la comuna. Para regularizar la situación de sus autos o motos sus propietarios deberán, además, pagar todo lo que eventualmente le deban a la intendencia.

Actualmente, cuando a alguien se le quita su vehículo por participar en una “picada” puede retirarlo a los tres días. Si tuviera deudas, puede firmar un convenio, pagar la primera cuota y retirarlo.

El edil blanco Gonzalo Gómez dijo que está de acuerdo con terminar con “la puerta giratoria de las motos” y que permanezcan tres meses en depósito pero entiende que harían falta medidas más punitivas todavía, como podría ser retirar por seis meses la libreta.

Según Gómez, “falta fiscalización y disuasión” por la “inacción evidente” de la comuna y del Ministerio del Interior, lo cual ha llevado a que “la rambla y otras zonas de valor público sean tierra de nadie”.

Su correligionario Juan Ignacio Abdala consideró que sanciones más duras, como las que se reglamentarán, son la mitad de la solución y que la otra es la fiscalización.

“Falta mucho. Hay que trabajar con el Ministerio del Interior porque no puede ir solo un inspector. El Ministerio del Interior tiene que intervenir”, sostuvo. “Cuando se hace la fiscalización, se hace bien y no hay problemas de convivencia. La fiscalización es la única forma de solucionarlo”, indicó.

Federico Paganini, edil colorado, coincidió con Gómez en que debería analizarse establecer el retiro de las libretas de conducir. Paganini también cuestionó la fiscalización que realiza la comuna. “Es un factor común en esta gestión departamental, la fiscalización brilla por su ausencia. Si uno circula por las principales arterias de Montevideo en la noche, la presencia de inspectores es nula, es inexistente. Es llamativo, que con el dinero que gastamos todos los montevideanos en el Departamento de Movilidad, cuyos funcionarios tienen un promedio de sueldo que ronda los 120 mil pesos, no se tenga previsto una mayor fiscalización ante este flagelo”, sostuvo.

Paganini entiende también que se debe analizar la aplicación de la Ley de Faltas en estos casos y que los infractores deban realizar tareas comunitarias. El problema de las “picadas” es grave en la zona de Kibón, en la zona de la rambla y Arocena, en la plaza Vidiella (barrio de Colón) y en el cercano Complejo América, aseguró. En menor medida, también se han detectado “picadas” en la zona de Bulevar Batlle y Ordóñez (Propios) y San Martín.

Si bien por el momento el director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, no hará más consideraciones sobre el tema, fuentes de la comuna aseguraron a El País que tras el asesinato del niño, “se mantuvo una reunión de trabajo con la Policía, en la que se evaluó la marcha de los controles y las formas de actuación frente a las picadas en general”.

“Los equipos están trabajando en una revisión integral de la estrategia y en la definición de un paquete de acciones complementarias que se implementarán a la brevedad”, aseguraron las fuentes. “Simultáneamente, se profundizará la coordinación con la Policía para reforzar los controles disuasorios. Una vez definidas las nuevas medidas, serán comunicadas públicamente”, agregaron las fuentes.

La Junta Departamental aprobó por unanimidad pedir la comparecencia de Bergara para que explique las medidas a adoptar para combatir las “picadas”.