La carta de Martinelli a Negro: se atacan consecuencias del delito "sin atender suficientemente sus causas"

El exministro del interior, Nicolás Martinelli, remitió en la tarde de ayer a su sucesor en el gobierno del Frente Amplio, Carlos Negro, una carta en la que manifiesta una postura crítica frente al Plan de Seguridad presentado recientemente, además de exponer una serie de propuestas para llevar adelante cambios en el sistema carcelario.

El eje central de la discrepancia radica en lo que Martinelli define como una falta de equilibrio entre la infraestructura punitiva y las políticas de rehabilitación. En el documento, el exjerarca expresa que "llama la atención la ausencia de iniciativas vinculadas a la creación de un centro público de rehabilitación de adicciones para personas privadas de libertad", un punto que considera fundamental para enfrentar el delito desde una perspectiva integral.

La misiva pone en duda la eficiencia de la inversión proyectada, cuestionando específicamente la construcción de dos nuevas unidades de máxima seguridad. Para Martinelli, esta decisión no se sostiene sobre una necesidad real de plazas, al tiempo que ignora la capacidad ociosa del sistema actual.

"No parece razonable establecer como prioridad la construcción de dos nuevas unidades de máxima seguridad (con 50 plazas cada una), cuando la infraestructura existente no está siendo utilizada en su totalidad", dice la misiva, a la que tuvo acceso El País, y sugiere que la planificación actual podría estar sobredimensionando la respuesta edilicia en lugar de optimizar los recursos ya disponibles.

Foto: Darwin Borrelli

Para fundamentar su crítica, el exministro del gobierno de Luis Lacalle Pou detalla en el documento situaciones de gestión que, a su juicio, demuestran que las cárceles de alta seguridad no están cumpliendo su función prevista. La carta menciona que existe una unidad de estas características que ha sido "parcialmente vaciada" recientemente.

En este sentido, añade que "existen ejemplos concretos que ilustran esta situación: el caso de (Luis) Fernández Albin, quien en 2024 se encontraba alojado en dicha unidad y actualmente ha sido trasladado al centro de derivación de la Unidad Nº 1; así como el de (Erwin "Coco") Parentini, quien fue derivado a la cárcel de Libertad en virtud de una decisión judicial que no se ajustaría a derecho, en tanto vulnera lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nº 14.470, sin que se advierta una actuación del Ministerio del Interior al respecto".

"En este contexto —insiste Martinelli—, no parece razonable establecer como prioridad la construcción de dos nuevas unidades de máxima seguridad". Y, como contrapropuesta, plantea reducir la construcción de nuevas unidades a una sola y volcar el resto del presupuesto a la creación de un centro modelo para el tratamiento de adicciones.

Martinelli propone una solución logística que aprovecha el movimiento del sistema: utilizar el edificio de la actual cárcel de mujeres (Unidad Nº 5), dado que esta será realojada próximamente en la nueva infraestructura de Punta Rieles. El jerarca enfatiza que para este proyecto "no sería necesario comenzar desde cero", ya que el edificio actual, por su pasado como hospital psiquiátrico, cuenta con una disposición arquitectónica que facilita su reconversión.

En cuanto al financiamiento, el documento sugiere que los fondos podrían obtenerse de una "readecuación de la ampliación prevista en el marco de la participación público-privada (PPP) de la Unidad de Libertad". Esta reasignación de recursos permitiría, según el exministro, establecer mecanismos de derivación específicos para reclusos con consumos problemáticos, quienes podrían acceder incluso a regímenes de libertad anticipada tras culminar con éxito sus procesos de tratamiento, bajo diagnósticos profesionales y ajustes normativos.

Foto: Leonardo Mainé

Finalmente, la misiva de Martinelli plantea un debate sobre la filosofía detrás de la política de seguridad del Estado. El texto advierte que insistir únicamente en la construcción de cárceles de máxima seguridad implica "continuar abordando las consecuencias del problema sin atender suficientemente sus causas".

El argumento principal es que la rehabilitación tiene un impacto directo en la convivencia urbana, específicamente en la reducción de las personas en situación de calle, al intervenir sobre el consumo de sustancias que suele ser el motor del circuito de exclusión.

Finalmente, Martinelli sostiene que si el reto fuera solamente levantar muros, la solución sería sencilla, pero, advierte, la realidad delictiva es más compleja. Y, tras esto, alerta que el plan actual "incorpora el problema de las adicciones, pero lo hace sin aportar herramientas nuevas ni un cambio de enfoque capaz de romper la inercia actual".

La carta concluye con una disposición al diálogo para profundizar en estas ideas, insistiendo en que la seguridad pública exige "innovar y animarse a atacar las causas" profundas de la criminalidad.