La Justicia dispuso medidas cautelares para el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, quien fue denunciado penalmente este lunes por la diputada suplente Martina Casás por acoso sexual y laboral.

Según confirmó a El País el abogado defensor de Casás, Juan Raúl Williman, las medidas son de no acercamiento a la víctima en un radio de 500 metros y la prohibición de comunicación. Además, este martes Casás se presentó 9:30 ante el Juzgado de Familia para confirmar su voluntad de aceptar las medidas cautelares.

El fiscal Maximiliano Sosa, a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno, dispuso las primeras diligencias de la investigación, entre ellas recabar la declaración de Casás, acceder a su historia clínica y realizar una pericia psicológica, informó El Observador y confirmó El País.

En el Frente Amplio no hay casi registros de haber cerrado un congreso programático en un clima de casi perfecta unidad como el observado el domingo. Tampoco uno en que las precandidaturas fueran avaladas sin sobresaltos, y con chances claras de ganar la próxima elección. Sin embargo, en medio de ese clima alentador, la coalición de izquierda tendrá que finalizar el año con la herida abierta por las graves acusaciones que la diputada suplente Martina Casás hizo contra el titular de su banca, Gustavo Olmos.

Patrocinada por Williman, Casás se presentó ayer en Fiscalía acusando a Olmos de acoso sexual. “En el relato de ella hubo situaciones que claramente superan el mero acoso y pasan a actos o contactos de naturaleza sexual totalmente ajenos a su consentimiento”, explicó el abogado a El País.

Williman dijo que, a su juicio, la conducta de Olmos puede configurar lo tipificado en el artículo 272 bis del Código Penal donde se establece que “el que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual sobre una persona, del mismo o distinto sexto, será castigado con una pena de dos a doce años de penitenciaría”.

Por el mismo asunto, a nombre de Casás, Williman presentó un escrito por vía electrónica ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Allí, adelantó, habrá una instancia de conciliación. “La situación de acoso sexual en el trabajo es clara, y corresponde una indemnización”, apuntó.

El abogado agregó que el abuso laboral se da desde el momento en que Olmos, al ser titular de la banca, estaba en la posición de “empleador” de Casás.

Foto: Martina Casás/Instagram

El impacto en la izquierda fue tan profundo, que ahora procura una resolución rápida del caso. El Tribunal de Conducta Política (TCP) ya recibió la versión de los involucrados y tomó testimonio a Olmos, a Casás y a varias secretarias y dirigentes que habitualmente tenían contacto diario con ellos. Tanto el diputado titular como su suplente están de licencia en sus deberes ante el Parlamento, y tampoco están participando en los ámbitos orgánicos del Frente Amplio. Ambos pertenecen a Convocatoria Seregnista-Progresistas, el sector que respalda la precandidatura de Mario Bergara.

Allí se esperará el dictamen del tribunal, que de todas formas deberá ser ratificado por un plenario nacional. En Convocatoria, las aguas están divididas. Por lo bajo, algunos integrantes dudan de la versión de la diputada y consideran “lógica” su decisión de ir a la Justicia. “Era lo que tenía que hacer”, se indicó. En el entorno de Casás, en tanto, se insiste en que la diputada careció de “respaldo” por parte de su grupo. De hecho, se señala que el apoyo que ha tenido hasta ahora viene de algunas colegas dirigentes de otros sectores, como las comunistas Micaela Melgar y Gabriela Pasturino.

Su futuro político, con todo, dependerá de cómo se resuelva políticamente este tema. La versión de Casás es que debió soportar varias situaciones de acoso por parte Olmos, que fueron “in crescendo” hasta que se convenció de que ya no se trataba de “errores” sino de un acoso explícito. Además, la legisladora dijo que elevó el tema a consideración del Tribunal de Conducta Política luego de que hubiera informado a sus compañeros de la situación, tal como informó El País a fines de noviembre.