Redacción El País
La Intendencia de Salto, gobernada por el Frente Amplio, emitió una resolución por la cual fueron contratados de forma permanente 292 funcionarios que hasta el momento tenían contratos a término. La firma de la intendenta Ingrid Urroz, quien sustituyó en el cargo a Andrés Lima, se estampó el pasado jueves 12 de junio, a menos de un mes del cambio de mando, cuando asumirá Carlos Albisu, del Partido Nacional.
La resolución, a la que accedió El País, indica que en el marco de un convenio colectivo firmado con Adeom Salto en setiembre de 2024 se aprobó dar estabilidad laboral en la comuna a casi 300 personas que ya se venían desempeñando como trabajadores temporarios.
Para ello se estableció un proceso de calificación, por el cual cada funcionario recibió un puntaje del encargado de su área. Sobre un total de 100 puntos, debían tener al menos 70. Del listado de 294, solo dos quedaron fuera del convenio: uno con 62 puntos, que no alcanzó el mínimo, y otro con cero, que no fue calificado.
Facundo Marziotte, edil del Partido Nacional, dijo a El País que "son todas designaciones directas del intendente Lima que Urroz los deja con contrato permanente", pasando "por arriba de la carrera funcional".
"Se hace una actuación administrativa en la hora habiendo perdido por mucha cantidad de votos, sobre el final de la gestión, innecesariamente. Eligen salir por la puerta de atrás teniendo todo para poder salir con dignidad", lamentó.
Además cuestionó al gremio, al que calificó como "cómplice de esta situación", pese a que "en la tribuna se pega el grito de que se está en contra de la designación directa y hay que usar concurso y sorteo".
Qué argumentos dio la Intendencia de Salto para la contratación de casi 300 funcionarios
Gustavo Chiriff, secretario general de la comuna salteña, el otro firmante de la resolución, dijo a El País que esta "no es una decisión de ahora, viene del año pasado de un convenio colectivo que se firmó con el sindicato, con el anterior intendente".
"El sindicato había solicitado la permanencia" de estos funcionarios, adujo Chiriff, y señaló que se acordó hacerlo en dos etapas. Primero habría una "calificación" que se llevó a cabo en diciembre, para la cual los funcionarios debían cumplir "ciertos requisitos". Luego "se había acordado a través de ese convenio hacer una segunda instancia a fines de mayo o principios de junio", que se cerró con la resolución emitida la semana pasada.
"No es que se nos ocurrió ahora, venía planificado desde el año pasado", alegó el jerarca.
Chiriff aseguró que los funcionarios fueron calificados "en forma totalmente independiente" y que las autoridades no puntuaron "a nadie" sino que esa tarea la llevaron adelante "los responsables de cada sector", que son "los supervisores o jefes de cuadrilla".
Sobre la forma de contratación, dijo que se usa en todas las comunas y que "está constitucionalmente definida, no es nada ilegal".
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