Inddhh exige declarar la "emergencia" en centro del INAU y reclama una respuesta de todo el Estado para niños

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), a través de su Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), remitió un oficio al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila —quien se desempeña también como coordinador del Gabinete de Infancia—, con un diagnóstico crítico sobre la situación de los menores bajo tutela estatal.

El documento surge en la antesala de la primera reunión del gabinete impulsado por la Ley Nº 20.376 (conocida como “Ley Lustemberg”, en referencia a la hoy ministra de Salud Pública), un hito que la institución califica como “relevante para la implementación de una política interinstitucional de promoción, protección y restitución de los derechos”. La fecha del encuentro aún no ha sido confirmada por la Presidencia de la República.

Según el oficio, estamos en una situación en la que se “vulneran diariamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, debido a que el sistema “hace tiempo no da las respuestas adecuadas”.

Foto: Estefanía Leal.

El informe de la Inddhh recuerda que Uruguay presenta la tercera tasa más elevada de institucionalización en América Latina. A diciembre de 2025, el sistema contaba con 7.878 personas, de las cuales 3.196 residían en centros de 24 horas.

Preocupa especialmente que la permanencia promedio sea de siete años, lo que se considera "un período extenso en la vida de una niña, niño o adolescente". La institución advierte que se han verificado "situaciones de riesgos inminentes para la integridad física y psicoemocional y en ocasiones de vida".

Esta situación crítica se refleja en las cifras oficiales brindadas recientemente ante la Comisión Permanente por el ministro Civila y la presidenta del INAU, Claudia Romero: entre 2020 y 2025 se registraron 114 fallecimientos de menores bajo tutela, con 20 muertes solo en el último año.

El punto más urgente del reclamo se centra en el Centro de Breve Estadía Masculino (CBEM) ex Tribal. La INDDHH es tajante al solicitar que se debe “declarar en situación de emergencia a los adolescentes atendidos” en dicho centro, dado que su vulnerabilidad “alcanzó un nivel extremo de gravedad”.

El monitoreo realizado en enero de este año constató una “situación de violencia institucional exponencial, caracterizada por graves vulneraciones de derechos”. El oficio detalla hechos trágicos, como el suicidio de un adolescente vinculado al centro y el fallecimiento de otro joven el pasado 31 de diciembre que “necesitaba una atención especializada que no podía ser brindada” en el lugar.

Ante esta realidad, la institución afirma que el centro “no se constituye como un espacio reparador”, sino que resulta “potencialmente revictimizante y generador de un daño mayor”. Por ello, recomienda formalmente “disponer de manera inmediata el cierre del CBEM-ex Tribal”.

Foto: Estefanía Leal/El País.

La Inddhh insiste en que la transformación necesaria “transciende al INAU” y que el sistema “no solo implica al INAU sino que son también responsables otros organismos”. El reclamo se dirige a carteras como el Mides, MSP, Educación y Cultura, Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Trabajo y Seguridad Social, además de organismos como ASSE, ANEP y el BPS.

El oficio subraya que el Estado tiene un “deber reforzado en la protección” y que se requiere una revisión profunda, ya que se han identificado incluso “prácticas de discriminación hacia las niñas, niños y adolescentes” dentro de diversas dependencias públicas.

Finalmente, la Inddhh exhorta al Gabinete a diseñar programas de “egreso autónomo y en contextos familiares sostenibles” que incluyan apoyo económico y acceso a vivienda. El objetivo, concluye el documento, es asegurar que estos jóvenes reciban “las mejores respuestas del sistema de protección social existentes en forma oportuna, accesible y protegida”.