RECLAMOS

El gobierno lo sabe y el movimiento sindical lo tiene claro, por lo que desde ambas partes se aprontan para lo mismo: junio será un mes particularmente conflictivo, lo cual contrastará con lo que ha sido esta primera parte del año (ver aparte).

El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, lo pone así en diálogo con El País: “Va a ser un junio bastante movidito, bastante caliente”. Y el director nacional de Trabajo, Federico Davedere, dice que ya percibe señales que adelantan “un aumento en la conflictividad”. Y los paros ya están anunciados.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) avisó el sábado pasado que para finales de junio se movilizará por “trabajo, inversión pública, en defensa de la seguridad social, por vivienda, contra la desregulación laboral y por un sistema de compras públicas”, todo en el marco de “la agudización de una crisis estructural del sistema capitalista, en el medio de una guerra instalada desde hace unos meses”.

Los gremios de la Enseñanza comunicaron el miércoles pasado que a mediados del mes en cuestión -el 15 para ser exactos- habrá un paro nacional con movilización en todas las ramas de la educación pública, por la exigencia de “participación real y democrática en la transformación educativa” y “el rechazo a la imposición de los cambios en la educación”, en referencia a una de las reformas más importantes que lleva adelante el gobierno, y para lo que se espera un refuerzo de recursos en la Rendición de Cuentas.

Para el día siguiente, el 16, el paro de 24 horas será de la salud pública. “Se han dedicado muchos aplausos para los trabajadores de la salud, pero tenemos pérdida salarial, pérdida de derechos y encima ahora hablan de cambiar el sistema de las certificaciones médicas”, reclamó el presidente del sindicato de estos funcionarios.

Y como corolario a esta serie de paros, en una fecha que aún no está definida, pero que se sabe que será en la primera semana de julio -probablemente sea el 7, algo que tiene que definir la mesa representativa- estará el paro nacional que prepara el Pit-Cnt.

Hay un contexto para todo esto, claro. Y es que junio nunca es un mes cualquiera: allí están las siempre cuatro semanas sensibles del año que funcionan como la antesala de la Rendición de Cuentas, y en las que todos los sectores de la actividad pública pujan por sus intereses para tener un poco más de margen en la porción de torta del Presupuesto Nacional.

En el caso del sector público -que es, naturalmente, el más interesado- incluso se analiza intensificar las movilizaciones si para el 16 no hay respuestas satisfactorias por parte del Poder Ejecutivo.

“Si no nos responden, vamos a tomar medidas, porque tenemos que tener una respuesta antes de que se envíe el proyecto al Parlamento”, dijo Pereira, que igualmente llamó la atención por el “acortamiento de los plazos” como un factor que incide negativamente en la “calidad” de las negociaciones.

En el Ejecutivo -o más precisamente en el Ministerio de Trabajo- aún aguardan con expectativa que las movilizaciones no suban a niveles más allá de lo razonable, “porque si se logra un proceso de entendimiento no tiene por qué haber conflictividad”, razonó el ministro Pablo Mieres en declaraciones a El País. “Yo lo que espero -continuó- es que sí tengamos un mes activo en cuanto al diálogo”.

Formalmente, ese diálogo ya está activo, porque el jueves de la semana pasada se abrieron las mesas de negociación salarial tripartita correspondiente a los funcionarios estatales, pero de arranque hubo una diferencia entre las partes que llegó a los titulares de prensa: el acuerdo en lo que respecta al valor exacto de la pérdida salarial generada en este período, punto desde el cual se partirá para alcanzar la recuperación total para 2024, un compromiso político asumido por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y que fue ratificado en más de una oportunidad.

Sin embargo, mientras el gobierno sostiene que la pérdida ha sido de un 2,9%, el Pit-Cnt defiende que es, al menos, de un 6%. “Ellos no saben explicar por qué sería un 2,9%, si todos los ajustes que tuvimos fueron por debajo de la inflación, y eso siempre significa pérdida”, dijo Pereira.

Como sea, es un diferendo que no es nuevo, tal como recordó días atrás el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera. Porque ya en el artículo 4 de la Ley de Presupuesto vigente se define que el gobierno hará los esfuerzos para que “al finalizar la vigencia de este Presupuesto, el nivel de salario real no haya sufrido deterioro”. Y eso es lo que todavía “hay que cuantificar”, advirtió este sindicalista.