El mecanismo está contemplado desde hace tiempo como un objetivo de gestión clave, y de hecho forma parte de los 63 compromisos prioritarios para este período que el presidente Yamandú Orsi entregó a todos sus ministros en la primera reunión de gabinete que realizó el pasado 25 de marzo: crear y poner en funcionamiento, en la órbita de Presidencia de la República, el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silccon).

La demora en ejecutarlo, desde que este objetivo se plasmó en aquel documento, fue inferior a dos meses, pues el pasado martes por la mañana —poco antes de la noticia del fallecimiento de José Mujica, lo que paralizó varias horas las actividades de gestión ordinarias del gobierno— el jerarca encargado de organizar y articular este ámbito, el prosecretario Jorge Díaz, convocó a sus integrantes y dio luego una conferencia de prensa resumiendo las principales orientaciones que tendrá este nuevo sistema.

Tras un encuentro en el que participaron —entre otros y tal como estaba previsto en el decreto del 28 de abril que creó el Silccon— ministros y subsecretarios de carteras como Interior, Cancillería, Defensa Nacional, Educación y Cultura, y representantes de organismos varios como la Fiscalía General de la Nación y la Senaclaft, Díaz aseguró que este equipo trabajará en clave de "transversalidad, inteligencia y tecnología", remitiéndose a una metáfora que ya había empleado otra veces: "Que la mano izquierda (del Estado) sepa lo que está haciendo la mano derecha".

Esa última premisa está pensada en relación a lo que ocurrió en 2021, durante el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando se le expidió un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset —que se encontraba detenido en Dubái por portar documentación falsa—, mientras al mismo tiempo la Brigada Antidrogas y el Ministerio del Interior estaban investigando el paradero del delincuente uruguayo. Pese a que no hubo una irregularidad o violación a la norma, este episodio desencadenó un conflicto político de dimensiones durante el período pasado, con varias convocatorias al Parlamento y finalmente con la renuncia de dos ministros, un subsecretario y un asesor presidencial.

"No le puede pasar más al país situaciones como el caso Marset, que había instituciones que tenían información que otras desconocían, que dejó al país mal parado de manera reputacional", dijo al respecto el prosecretario de Presidencia en diálogo con los medios tras la reunión.

Ese diagnóstico de lo ocurrido con el trámite de Marset llevó ahora a que en la primera sesión del Silccon, en la que recién se establecieron las principales líneas de trabajo, se comenzara a abordar un primer cambio normativo que de algún modo procura evitar a futuro las desinteligencias entre los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior que se constataron en este caso.

Según dijeron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, hay un planteo que surgió de parte de la Cancillería que dirige Mario Lubetkin que apunta a introducir modificaciones al mecanismo de expedición de pasaportes en el exterior. En concreto, el planteo que comenzó ahora a analizarse en el ámbito del Silccon es eliminar la participación de la Cancillería en este tipo de trámites, y por tanto evitar que los cónsules —quienes "no están formados" para esa tarea, entienden en el gobierno— intervengan en la entrega de pasaportes fuera de fronteras.

La idea es que todo el procedimiento pueda ser más ágil con la utilización de un sistema informático, agregaron los informantes, y que en definitiva haya una "mayor seguridad" en la entrega de los pasaportes.

Pero no es lo único que este está en agenda en el equipo liderado por Díaz. El gobierno también busca una mejora en la sinergia de trabajo entre los ministerios y organismos involucrados, para entre otras cosas generar una “percepción compartida del riesgo” y “una cooperación y transversalidad de la ejecución de los temas”, agregó Díaz en la conferencia.

Trabajar en forma coordinada para mejorar la inteligencia del Estado y aumentar la eficacia en el combate al crimen organizado es, en definitiva, una preocupación central del presidente Orsi, quien al inicio de la reunión tomó la palabra para "ordenar la tropa" y motivar a los jerarcas, dijo a El País uno de los participantes del encuentro.

El mandatario pidió a todos que trabajaran "juntos" y en "forma profesional" , que hicieran énfasis en la aplicación de la "tecnología" y que no perdieran de vista la importancia de la "transparencia" en la información.

En filas del Partido Nacional, la creación del Silccon es algo que generó preocupación de entrada, porque entienden que la iniciativa incurre en ilegalidad.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, presidente de la comisión especial de Seguridad y Convivencia que iniciará sus sesiones el próximo jueves, ya resolvió de hecho que planteará la convocatoria del prosecretario Jorge Díaz al Parlamento, pese a que el jerarca no está obligado constitucionalmente a asistir cómo sí lo están, por ejemplo, los ministros de Estado.

“Nos preocupa el alcance de este organismo”, dijo el exsubsecretario del Interior en diálogo con El País. La principal crítica refiere a que, a juicio de la bancada nacionalista, al crearse este organismo en la órbita de Presidencia las actividades que en ese marco se hagan —tareas sensibles, como la investigación policial— escaparán al control parlamentario al que están sujetos los ministerios. “La competencia y la estrategia de combate al delito en general, pero particularmente el narcotráfico y el crimen organizado, es del Ministerio del Interior”, dijo Abdala en ese sentido, y agregó: “Si esa competencia originaria de la Policía se va a trasladar a Presidencia, en un sistema que va a funcionar allí y en donde se van a tomar definiciones, creo que, además de ser ilegal e inconstitucional, puede haber un debilitamiento en la respuesta operativa policial y en el trabajo estratégico de la Policía”.

En la cámara alta fue el senador Nicolás Martinelli —exministro del Interior— quien ya cuestionó la creación de este ámbito. El 6 de mayo pasado, en una exposición escrita que elevó a Presidencia, el legislador aseguró que ya existe un organismo creado en 2017 que está integrado por varios de los mismos ministerios que conforman el nuevo sistema y con fines muy similares, pero con la diferncia de que entre sus competencias establecidas por ley se encuentra "rendir cuentas anualmente ante el presidente de la República y la Asamblea General, fortaleciendo así el principio republicano de control político".

El nuevo sistema, para Martinelli creado con "un claro tinte político", por el contrario prescinde "de cualquier forma de control parlamentario".

Díaz, quien según supo El País está dispuesto a asistir al Parlamento cuando sea citado, se refirió a estas críticas en la conferencia de la semana pasada: "La integración por cinco ministros —explicó entonces— asegura que va a haber control parlamentario y todos pueden ser convocados llegado el caso".