Redacción El País
Los senadores nacionalistas Graciela Bianchi, Carlos Camy y Javier García, y el colorado Andrés Ojeda, presentaron este miércoles un proyecto de ley para modificar el Código del Proceso Penal (CPP).
La propuesta de la oposición se presenta días después de que el gobierno de Yamandú Orsi anunciara la conformación de un grupo de trabajo con el mismo cometido.
Según escribió Bianchi en su cuenta de X, el proyecto es una iniciativa del Colegio de Abogados. "Formalmente prestaron su consentimiento los miembros de la comisión de Constitución y Legislación, ámbito natural para la discusión y elaboración de éstas normas. En una República se legisla en el Parlamento", apuntó la senadora.
Hoy la Coalición Republicana presentó el Proyecto de Ley de reforma del Código del Proceso Penal elaborado por el Colegio de Abogados. Formalmente prestaron su consentimiento los miembros de la comisión de Constitución y Legislación, ámbito natural para la discusión y elaboración… pic.twitter.com/B4cHUB5MHm
— Graciela Bianchi (@gbianchi404) April 30, 2025
"Ingresa hoy a la Secretaría del Senado y se destina a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos porque en este país, mientras sea una República con separación de poderes, se legisla en el Parlamento", insistió Bianchi en rueda de prensa.
La resolución del gobierno de Orsi de conformar un grupo de trabajo encabezado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, ya había sido cuestionada por la oposición. "Es un grave error crear esto en la órbita de Presidencia", dijo entonces el colorado Conrado Rodríguez a El País que, en la misma línea de Bianchi, planteó que el "ámbito natural" para este tipo de discusión es el Parlamento.
La propuesta de la Coalición
Bianchi detalló que este proyecto propone modificaciones puntuales "que se refieren al papel de los defensores, al acceso y la seguridad de la prueba, al proceso en definitiva de seguridad para los ciudadanos, sobre todo a las victimas".
La senadora manifestó que estos "son los aspectos más urticantes de los defectos de este código" que "ha demostrado ser un pésimo código".
"La opinión de la Academia, me refiero a los catedráticos de Derecho Procesal, es que hay que derogarlo y hacer otro, entonces mientras estamos viendo cómo hacemos para formar un grupo técnico en el Parlamento, siempre en el Parlamento, para pensar otra forma, por lo menos le hacemos lugar al Colegio de Abogados a las recomendaciones más urgentes", añadió.
"Entró en vigencia en el 2017 y ya llevaría con esta la modificación número 18, solo que esta es más estructural en cuanto a lo que se refiere al vínculo entre las partes, la Fiscalía, las víctimas y los defensores", explicó la senadora.
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