Futuro de la fiscalía de lavado, que ha confiscado US$ 2 millones, es incierto: detalles de las negociaciones

Blancos y cabildantes están en contra de quitarla, pese al deseo del gobierno, los colorados están con dudas y Ferrero entiende que debería crearse una adicional; el fiscal Rodríguez, mientras tanto, defendió con números su tarea.

Fiscalias Penales
Fachada de la Fiscalía General de la Nación
Foto: Estefanía Leal

En un proyecto integral que busca reformar varios aspectos de la normativa sobrelavado de activos y de la política que se aplica en esta materia, el gobierno de Yamandú Orsi también plantea la eliminación de la fiscalía especializada en el tema, y el asunto entrará en los próximos días en una fase definitoria.

Es un tema que ha tenido varias idas y vueltas, y que comenzó con una iniciativa que el Poder Ejecutivo envió al Senado a mediados del año pasado —en donde el Frente Amplio tiene mayoría—. Aunque en esa cámara no pasó sin más —los colorados, por ejemplo, votaron en bloque algunos aspectos del proyecto, lo que hoy genera polémica entre la oposición (ver recuadro)—, ahora el proyecto atraviesa momentos de incertidumbre, sobre todo en lo que refiere a la fiscalía que hoy está a cargo de Enrique Rodríguez, y que comenzó a funcionar en febrero de 2023.

¿Por qué el gobierno plantea eliminarla? Por una cuestión fácil de explicar, y que contó con un acuerdo inicial entre el Ejecutivo —en particular el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, promotor de los cambios sobre toda la temática de lavado— y la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero: los resultados, medidos en cifras, no venían convenciendo. Y pese a que el fiscal Rodríguez, como se verá más adelante, no está de acuerdo con esta visión, lo que incidió en el gobierno fue la constatación de que han sido pocas las condenas logradas y "lento" el trabajo investigativo hasta el momento.

Pero cuando la discusión llegó a Diputados —donde el proyecto fue votado a fines del año pasado por la comisión, y en general en el pleno de la Cámara de Representantes— la eliminación planteada y votada en el Senado dejó de estar asegurada. Como suele ocurrirle al oficialismo en un ámbito que no domina, para sacar adelante este artículo precisa del voto de al menos dos legisladores de la oposición, los que hoy no posee. Colorados y blancos no votaron la eliminación en comisión y, aunque Cabildo Abierto no la integra, no piensa hacerlo tampoco en el plenario.

"Me parece mal porque estamos votando una ley de lavado de activos y al mismo tiempo se elimina esa fiscalía", dijo a El País uno de los dos diputados cabildantes, Álvaro Perrone.

En filas nacionalistas la posición es de firme negativa. "No hay acuerdo, y si Cabildo Abierto no lo vota, difícilmente salga", sostuvo el diputado Pablo Abdala.

Distinta es la situación entre colorados, cuya bancada votó la eliminación de la fiscalía en el Senado, aunque en comisión sus diputados se dieron vuelta y votaron negativamente junto con el Partido Nacional. Hoy hay quienes plantean buscar la forma de reforzar con recursos la fiscalía especializada y no quitarla.

Las dudas persisten. "No terminamos de tomar posición", dijo un legislador colorado.

La defensa de Rodríguez y la postura de Ferrero

La posición de Ferrero, para algunos diputados de la oposición, no es del todo clara. Porque de una negativa nítida en el Senado —cuando compareció en comisión— pasó a una postura más ambigua, al decir de algunos legisladores opositores.

Desde su entorno señalaron a El País que lo que se entiende como un hecho es que la actual fiscalía de lavado no da abasto al tener un turno único —"no puede abarcar todos los casos", precisó una fuente de la institución— y que, entonces, para el Ministerio Público el escenario se presenta de esta manera: "O todos los fiscales investigan el delito de lavado de activos o, si lo hace un fiscal especializado, no puede ser él solo".

De momento no está planteado, más allá de la Ley de Presupuesto votada este 2025, un refuerzo de recursos para que la Fiscalía cree una segunda oficina —más allá de las discusiones que se hagan ahora y hasta el 23 de febrero, cuando Diputados levantará el receso para convocar a sesión general y votar esta iniciativa.

Sea como fuere, para el propio Rodríguez sobran los argumentos para defender la existencia de la fiscalía que hoy lidera. Decir que los resultados de las investigaciones son insuficientes no es de recibo para el investigador.

"En estos dos años y poco de funcionamiento condenamos a cuatro personas por asistencia al lavado de activos; a tres personas por lavado de activos; actualmente tenemos a dos personas formalizadas por delito de lavado de activos, y la semana que viene tendremos una audiencia en la que vamos a hacer otra imputación por lavado de activos", dijo el fiscal a los legisladores de la comisión el pasado 27 de noviembre, sobre un trabajo que, en 2025, gran parte —el 80% de toda la labor, precisará luego Rodríguez— tiene que ver con el caso de la estafa de Conexión Ganadera, que comenzó con más de 100 denuncias.

"Desde que está funcionando, han ingresado a nuestra fiscalía más de 100 investigaciones de diverso tipo. Nuestra fiscalía tiene, al día de hoy, en estos dos años, decomiso de bienes por más de US$ 2 millones —se explayó Rodríguez—. Además, hay bienes bloqueados, inmovilizados y embargados como consecuencia de investigaciones en trámite por más de US$ 30 millones. Esa es la situación de hoy en día".

También se refirió a "una pata importante que no aparece en los números" y que tiene que ver con actividad de articulación con justicias de otros países. "Cuando se hacen estadísticas —dijo el fiscal—, se pone el foco en una cosa y no se contempla todo el trabajo que hace una fiscalía o los casos que lleva. Hay una parte muy importante en todo esto, que es la cooperación internacional. Ustedes lo habrán escuchado aquí mismo: en materia de lavado de activos, esa cooperación es fundamental".

"En total —siguió—, contadas todas las denuncias y todo lo que ingresó a la Fiscalía son 327 en estos dos años. Yo miraba la Fiscalía de Narcotráfico, de macrotráfico, que es la fiscalía de la doctora Ferrero, que investiga el crimen organizado: según información aportada por la propia Fiscalía de Corte, en lo que va de 2025, tiene nueve casos formalizados; nueve. Yo pregunto o reflexiono con ustedes: ¿qué significa esto? ¿Que la Fiscalía de Narcotráfico o de macrotráfico —que investiga el gran crimen organizado— no investiga porque solamente tiene nueve casos? ¿O que nosotros, que tenemos cinco o seis casos formalizados, o tres, cuatro o cinco en este año, tampoco investigamos? ¡No! Lo que sucede es que estas investigaciones, por su propia naturaleza, son muy complejas".

Perrone dice que le "preocupa" que colorados "violen el referéndum" contra la LUC

El proyecto en discusión en Diputados plantea bajar el tope de las transacciones en efectivo, que el gobierno de Luis Lacalle Pou, en su Ley de Urgente Consideración, extendió hasta alcanzar 1.000.000 Unidades Indexadas (hoy unos US$ 155.000). El nuevo límite quedaría en unos US$ 40 mil —aunque también se podrá pagar en efectivo "el cinco por ciento (5%) del valor total" de la transacción, "siempre que dicho monto no supere las 450.000 Unidades Indexadas", o sea unos US$ 71 mil— y esto fue votado por la bancada del Partido Colorado en el Senado, algo que ahora cuestiona el diputado Álvaro Perrone.

El legislador del partido de Guido Manini Ríos que entiende que los colorados traicionaron el resultado electoral de marzo de 2022, cuando los uruguayos rechazaron la impugnación, en referéndum, de 135 artículos de la LUC —y entre ellos el que elevaba este tope.

"Me preocupa que violen el referéndum, que fue ratificado en las urnas", dijo el legislador de Cabildo Abierto.

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