Siempre se dice que las encuestas son una foto del momento en que fueron realizadas. Como tal, no es recomendable extrapolar su resultado a lo que podría pasar dentro de más de un año. Así lo reconocen en el Frente Amplio, que comenzó en las últimas semanas, a través de una comisión, a analizar esos números y llegó a una primera conclusión. Esa foto muestra que hoy la coalición de izquierdas está en un “mejor punto de arranque” hacia las próximas elecciones, si se lo compara con el que tenía hace cinco años, de cara a 2019. Pero los datos pueden moverse, según los pasos que dé el oficialismo.

A poco más de un año de la definición, el Frente Amplio promedia una intención de voto de 42%, según los datos basados en las últimas encuestas de las diferentes consultoras. En todas le saca un mínimo de diez puntos al Partido Nacional. A esta altura del año, pero en 2018, la izquierda apenas oscilaba entre el 27% y el 30%, y en algunos casos superada por los blancos.

El cometido de la comisión no es otro que analizar la situación semana a semana y mantener informadas a las autoridades partidarias, en donde existe un moderado optimismo de que estos números no solo se mantengan, sino que incluso crezca la diferencia. Sobre todo por un factor aún más destacado por los dirigentes que conversaron con El País: la coalición de gobierno, apuntan, recorre un camino inverso. El análisis del Frente Amplio indica que todos los partidos que componen el oficialismo están en su punto más bajo desde 2021.

El análisis primario indica que las causas no son otras que la “corrupción generalizada” que, se entiende, impera en la administración. Se trata de un punto en el que el FA ha comenzado a apuntar sus baterías y que, se sabe, será uno de los ejes de su campaña. “La sociedad está perdiendo la confianza en este gobierno”, decía el presidente del FA, Fernando Pereira, en entrevista con El País la semana pasada. “Es un gobierno que tiene más cosas para explicar que para mostrar”, señalaba.

Al respecto, en el Frente Amplio circula un “decálogo” con los casos más sonados de irregularidades con el que insistirá la oposición. Allí se incluyen desde los casos Marset y Astesiano, hasta el reciente “escándalo” en Salto Grande, pasando por el “espionaje” a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara.

“El problema es que la elección no es hoy”, reconocía también Pereira, que subrayó la necesidad de una acumulación política y social que le permita construir una mayoría alternativa que se refleje en las urnas el año que viene.

Con ese camino ya trazado, el Frente Amplio dará mañana lunes otro paso en una definición, que encierre para la izquierda una realidad casi inédita. La Mesa Política Nacional avalará la propuesta de Pereira para que el Plenario otorgue libertad de acción a sectores y bases en torno al planteo del Pit-Cnt para derogar tres puntos de la reciente reforma jubilatoria. Por primera vez en muchos años, fuerza política y movimiento sindical irán por caminos separados. Allí cobra especial relevancia otro dato que aparece en el análisis, que da como un hecho que el PIT logrará las 270 mil firmas requeridas y que habrá plebiscito en octubre del año que viene, luego de una campaña que se desarrollará en paralelo a lo electoral. Es que algunos sectores, en particular el Movimiento de Participación Popular (MPP) dan como un hecho que el referéndum habilita a entrar en la cancha al jugador más fuerte del oficialismo: Lacalle Pou. Un presidente que el análisis opositor advierte como “el único ganador” que puede mostrar el gobierno, según lo indica su popularidad en todas las muestras de opinión.

“Va a salir a defender la reforma a capa y espada”, subrayó un dirigente con acceso a los análisis, en una advertencia que ya resuena en la Huella de Seregni. El Frente Amplio tiene claro que la buena imagen de Lacalle Pou podría ser un factor determinante a la hora de la definición, si logra asociar la necesidad de que la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones permanezca inalterable con el resultado de las elecciones.

Así, el plebiscito supondría un riesgo para el Frente Amplio en múltiples sentidos. Si la izquierda triunfa y también lo hace la consulta, el diálogo social que se quiere proponer para una nueva ley de seguridad social quedará condicionado. Y si no prospera, no hará otra cosa, afirman, que solidificar la actual reforma, haciendo imposible para el futuro gobierno cualquier cambio.

El Frente Amplio busca aliados que le permitan “ampliar su base” en un nuevo acuerdo progresista a través de un “paraguas electoral” cuyo nombre, según se definió, deberá contener la palabra “Uruguay”. En procura de ese acuerdo Fernando Pereira inició conversaciones con el exdiputado Fernando Amado (Unión Izquierda Republicana). “Para nosotros, no es indiferente que Uruguay tiene dos bloques políticos y por eso estamos acá”, dijo Amado al visitar la sede del FA. “No podría un grupo como el nuestro, que se guía por el Batllismo histórico, estar en otro lado”, dijo. “No podríamos entender como una posibilidad estar en una coalición liderada por el Herrerismo”, apuntó. El sector liderado por Amado apoyó al FA, sin integrarlo, en las elecciones nacionales de 2019.