FA busca limitar expansión de cadenas de supermercados a través de adquisición de "comercios de cercanía"

Redacción El País
La bancada de diputados del Frente Amplio presentó en la comisión de Hacienda un proyecto de ley que busca limitar la expansión de las cadenas de supermercados que, sostienen, se han extendido de manera indirecta.

La iniciativa plantea que ninguna empresa o grupo económico, cualquiera sea la forma jurídica que adopte, pueda ser titular o arrendatario de más de 20 establecimientos comerciales destinados a la venta de artículos alimenticios, de higiene personal y de uso doméstico por departamento. A nivel nacional, la prohibición sería de 50 locales.

En caso de que no se llegue al tope de dos decenas, pero se tenga una superficie acumulada mayor a los 4.000 metros cuadrados, un nuevo emprendimiento o adquisición debería ser estudiada por la Comisión Departamental de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal de cada departamento.

En caso de violación de estas disposiciones, se facultaría a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia a proceder a la clausura del local.

No obstante, el proyecto no modifica y mantiene el área mínima destinada a la exposición y venta al público para que un establecimiento sea considerado de grandes dimensiones en 200 metros cuadrados.

En la exposición de motivos, el oficialismo, que plantea modificar la ley 17.188 (que regula las grandes superficies) y la 18.159 (Defensa de Libre Competencia en el Comercio), y argumenta que las asimetrías entre los comerciantes minoristas y las grandes superficies no solo se dan por la diferencia en las dimensiones, sino también por la capacidad que se tiene a la hora de negociar con los proveedores.

Los legisladores, que comparecieron para informar sobre la iniciativa este miércoles a la Comisión de Hacienda, sostuvieron que una práctica bastante criticada desde la sociedad civil ha sido “la conducta monopólica de muchas grandes superficies que se ha extendido a través de la adquisición de comercios de cercanía”.

En esta línea, se menciona la utilización del arrendamiento como una herramienta “típica” para la apertura de más puntos de venta. “Por la vía de los hechos termina ocurriendo una concentración del negocio en pocas manos. Dueños de grandes superficies como supermercados, que se extienden aún más de lo que la normativa permite, a través de los pequeños comercios”, se indicó desde el oficialismo.

En la comisión de Hacienda, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Carlos Reyes dijo que el marco regulatorio actual es de hace 25 años (la ley es de 1999), tiempo en el que se han producido “cambios intensos en las condiciones de mercado” con un incremento en los proceso de concentración de las grandes superficies.

Reyes, electo diputado por el departamento de Canelones, comentó que este fenómeno ha provocado perjuicios no solo a los comerciantes, en particular del interior del país, sino también a los “pequeños proveedores que abastecen a las cadenas” porque han perdido poder de negociación.

Sobre este punto, el proyecto plantea establecer una reducción en los plazos de pago dentro de un período máximo de 45 días, prohibiendo de forma explícita los acuerdos que superen ese período de tiempo. En caso de incumplimiento, el deudor estaría incurrido en mora, señala el articulado.

El fundamento, defendió el FA, se origina en “las condiciones leoninas que ciertos comerciantes le imponen a los proveedores”.

Reyes explicó que el objetivo de plantear esta legislación parte de las condicionantes con las que se pactan algunos negocios. Según detalló, mientras algunas cadenas de supermercados tienen plazos de pagos de más de 90 días, en los casos de pequeños comerciantes son de una semana o antes de los 30 días.

La lectura que se hace desde el oficialismo es que en algunos contratos entre las partes existe asimetría en la fuerza negociadora de cada una de ellas, lo que desemboca en que a veces se vean obligados a aceptar condiciones no favorables para que no se les caiga la venta.

“Esa asimetría en la negociación provoca, muchas veces, condiciones que son muy difíciles de modificar para una de las partes y, en este caso, las grandes superficies imponen sus condiciones más favorables al resto de los proveedores. Hay mucha asimetría, hay mucho trato diferencial entre los distintos proveedores, entre las distintas cadenas”, afirmó el representante canario.

Un tercer objetivo buscado con la iniciativa parlamentaria es dotar de un papel más fiscalizador a la Comisión de Defensa de la Competencia. Para eso, se prevé implementar un proceso de denuncias que pueda hacerse de forma anónima para evitar “represalias a nivel comercial”, detalló el frenteamplista en el Parlamento.