FA busca cambiar exigencias en las declaraciones juradas y blancos avisan por "extorsión" del crimen organizado

Redacción El País
La discusión sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal en la Cámara de Representantes, con sus más de 680 artículos, está llegando al final, lo que habilitará a que la iniciativa pase a discutirse en el Senado en las próximas horas. Como siempre, hay asuntos o modificaciones legales que llegan a esta etapa sin acuerdo, y en la tarde de este martes la cámara baja decidió dejar para el otro día una serie de cambios referidos a cómo los funcionarios públicos —y, entre ellos, los políticos— presentan sus declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

El tema generó fuertes críticas por parte de la oposición, en especial del Partido Nacional, y por el momento el Frente Amplio no tiene asegurado los votos para su aprobación, ya que los diputados de Cabildo Abierto —Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita—, que fueron clave para aprobar las modificaciones impositivas con su apoyo, tienen una mirada negativa sobre el fondo del asunto.

"Lamentablemente, hace algunas semanas vimos algo en este país que jamás habíamos visto, un atentado a la fiscal de Corte (Mónica Ferrero)", dijo el diputado Juan Martín Rodríguez, refiriéndose al ataque el 28 de setiembre pasado. "Ojo, ojo y lo reitero, ojo que el crimen organizado no empiece a buscar las declaraciones juradas de jerarcas públicos, parlamentarios, ministros de Estado u otros jerarcas para amenazar, extorsionar o vaya a saber qué delito cometer. Ojo —dijo el nacionalista— porque estamos a nada de eso".

Uno de los cambios que se proponen sobre la presentación de las declaraciones juradas —que se publican todas en la página web de la Jutep— plantea que el órgano de anticorrupción decida hasta qué grado los obligados tienen que contar que participan de "empresas, sociedades nacionales o extranjeras con o sin personería jurídica", así como sus cónyuges. Porque se establece que deben adjuntar "copia del último balance e indicar la participación social en las mismas, salvo cuando su participación en ellas no sea significativa ni intervenga en su administración, así como el caso de aquellos obligados que tengan una participación en empresas de reducida dimensión económica cuando estas no tengan contabilidad suficiente, según lo establezca la reglamentación".

Esto, para el diputado también blanco Pablo Abdala, significa darle "una enorme discrecionalidad a la Jutep", organismo que tendrá en sus manos "decidir cuál es el alcance de lo que debe presentar", y lo que no" el funcionario público. A su entender, esto es "doblemente grave".

Primero, porque se "introduce una modificación" importante "de manera autárquica" y, segundo, porque se está facultando “a la Jutep, o a la mayoría ocasional que la gobierne, a que defina" en qué casos los obligados tienen que dar detalles de sus participaciones en sociedades comerciales.

Consultado sobre este tema, que será abordado este miércoles, Perrone dijo a El País que aunque no ha definido su postura, ha dejado en claro en otras oportunidades su preocupación con el hecho de que las declaraciones juradas se hagan públicas en internet, ya que, como opinó Rodríguez, "el crimen organizado las puede utilizar". "En aras de la transparecencia, se hacen cosas que pueden ser peligrosas".