Entre “dudas” de la oposición y reclamos civiles a Orsi, Diputados define apoyo a proyecto sobre violencia a niños

La Cámara de Representantes trata un proyecto de ley del Frente Amplio (FA) que endurece la normativa frente a casos de violencia hacia niños, ya sea en ámbitos familiares o incluso digitales. El texto, elaborado por la diputada Inés Cortés, incluye también algunas derogaciones a la ley de tenencia compartida que se promulgó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Si bien en la oposición están dispuestos a estudiar y eventualmente avanzar en la iniciativa, aún hay matices al respecto que serán encarados en la comisión especial de Población y Desarrollo de Diputados.

“En general hay apertura para probarlo. He notado por parte de los legisladores de la comisión interés en que se apruebe el proyecto. Habría que ver una redacción lo más beneficiosa posible y lo más de consenso”, sostuvo Cortés en diálogo con El País.

El proyecto se aprobará en comisión, ya que el oficialismo tiene mayoría propia, mientras que necesita votos de la oposición en el plenario de la cámara (al menos dos). La diputada señaló que un legislador ya le comunicó su intención de votarlo, aunque no especificó quién.

Fernanda Auersperg, diputada del Partido Nacional y presidenta de la comisión, dijo a El País que la iniciativa “suma muchos aspectos” y “requiere un estudio pormenorizado”. Hay cierta postura común en avanzar con la actualización de la normativa —en una sesión de abril ella misma calificó al proyecto como “exhaustivo, ambicioso y necesario”—, pero acotó que aún persisten “dudas” al respecto.

“Justamente hoy lo que se definió fue integrar parte de las recomendaciones o sugerencias que se hacen para irlo puliendo”, comentó. El proyecto fue enviado a varios organismos, como el Instituto de Derecho de Familia y el de Derecho Penal de la Universidad de la República (Udelar), para tener devoluciones sobre sus disposiciones.

Este martes sesionó la comisión parlamentaria y se recibió al colectivo Abuelas sin Nietos, que planteó una mirada crítica al respecto, principalmente por los cambios a la ley de tenencia compartida. Este grupo además se manifestó el pasado martes 25 de agosto en Florida, en el marco del acto del gobierno por la fecha patria de la Declaratoria de la Independencia.

De hecho, previo a que comenzara la actividad oficial, varios de sus integrantes se acercaron al presidente de la República, Yamandú Orsi, para transmitirle su preocupación por garantizar el vínculo entre niños y familiares. Su reclamo es sobre cómo se afecta a la ley vigente de tenencia compartida a través de otras normas, como la ley de violencia de género (N.° 19.580).

“Entiendo que es la misma gente que se moviliza hace años. Hicieron planteos respecto de algunos artículos del proyecto, pero haciendo una lectura errada, porque en realidad se centraron en cuestiones de tenencia compartida que no se tocan en este proyecto”, opinó Cortés, quien aseguró que su proyecto modifica los puntos de dicha ley que a su vez implicaron cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

“Lo único que propone es, en situaciones en que hay violencia o riesgo de exposición a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, protegerlos. En ese sentido, lo que genera es la derogación de cuatro artículos de esa ley, que lo que hacían era darle una nueva redacción al código. Los principios y la mayoría de los artículos de la tenencia compartida no se tocan”, enfatizó.

Auersperg, por su lado, señaló que el colectivo planteó que la ley de tenencia compartida “vino a llenar ese espacio en el cual los padres pueden seguir viendo a sus hijos mientras dura el proceso, y al derogar artículos se volvería atrás en eso”.

El oficialismo plantea derogar cuatro artículos de la ley de tenencia compartida con esta propuesta, los cuales, según entiende, “impusieron la tenencia compartida obligatoria y habilitaron la figura del agravante por ‘falsa denuncia’, contraria a los estándares internacionales de derechos humanos”. Asimismo, afirma que la norma actual expone a niños y adolescentes “a la revinculación con padres agresores”.

El proyecto del FA amplía la definición de “maltrato o violencia” contemplada en el código e incluye aquella “ejercida desde organismos del Estado o instituciones públicas y privadas, mediante acciones u omisiones que dañan, discriminan o vulneran derechos fundamentales”.

“También se entiende por maltrato hacia niñas, niños y adolescentes su exposición a violencia basada en género contra sus madres u otras personas a cargo de su cuidado, así como también toda forma de acoso, hostigamiento, manipulación, explotación o afectación de derechos realizada a través de tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales o entornos virtuales”, añade.

Asimismo, suma el concepto de “violencia vicaria” a la ley de violencia de género: “Toda acción u omisión que se ejerza sobre hijos, hijas o personas del grupo familiar o afectivo de la mujer, que tenga por objeto o resultado menoscabar o dañar su integridad física, psicológica, económica o patrimonial”.

En ese sentido, agrega al Código Penal el concepto de “filicidio”, considerado como “una circunstancia especialmente agravante del homicidio el cometerlo contra un hijo o una hija, o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de la violencia basada en género o doméstica”.

Además, dispone que los niños “afectados por violencia de género en el ámbito familiar tendrán derecho a medidas de protección inmediatas, acompañamiento integral y resguardo frente al agresor, priorizando siempre su interés superior y evitando la revictimización”.

El texto prevé que “toda medida de revinculación deberá fundarse en el interés superior del niño”.