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El Poder Ejecutivo deberá fallar sobre omisión del senador Juan Sartori ante la Jutep

La Junta prevé confirmar su decisión y queda en suspenso su posible precandidatura

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Juan Sartori
Entorno de Sartori ha señalado que su precandidatura es algo muy probable.
Foto: Francisco Flores

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) declaró omiso en octubre al senador nacionalista Juan Sartori por no presentar completa su declaración jurada de bienes e ingresos, y el legislador presentó en diciembre un recurso de revocación ante ese organismo y otro de anulación del fallo ante el Poder Ejecutivo, por lo que será el gobierno el que deberá resolver si confirma o revierte su condición. En caso de que la Jutep y el Ejecutivo ratifiquen lo resuelto, el empresario, que evalúa ser precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional por segunda vez, podría ver obstaculizadas sus aspiraciones electorales.

La presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, dijo a El País que si desestiman el recurso de revocación (lo que aún no está resuelto formalmente), derivarán el de anulación al Poder Ejecutivo, en concreto a Presidencia de la República. Por su parte, el abogado de Sartori, Carlos Delpiazzo, informó que “la Jutep es un Servicio Descentralizado, por lo que, de acuerdo al artículo 317 de la Constitución, sus resoluciones pueden ser revisadas por el Poder Ejecutivo por razones de legitimidad cuando se interpone el recurso de anulación”. El representante legal del legislador agregó que “la interposición de dicho recurso administrativo habilita la posterior acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el caso de que el pronunciamiento final no sea favorable al recurrente”.

Delpiazzo dijo a El País que, si la Jutep confirma su fallo, “es el Poder Ejecutivo en acuerdo o en Consejo de Ministros” el que deberá resolver el recurso de anulación presentado por Sartori contra la resolución de la Jutep que lo declara omiso, y por la que el Parlamento le retiene la mitad de su salario, sanción estipulada por el artículo 99 de la ley 18.046.

El legislador alegó en un escrito presentado ante la Jutep las razones por la que se debe revocar el fallo, que se funda en la omisión de la presentación de la declaración jurada de su esposa, la ciudadana rusa Yekaterina Rybolóvleba, hija del magnate Dmitri Rybolóvlev, uno de los empresarios con mayor capital del mundo. “Habiendo contraído matrimonio con la persona y no con el patrimonio de esta, el cual desconozco, al que no tengo acceso y que, por ende, no estoy en condiciones de informar en la medida que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia”, es que no está en condiciones de presentar tal declaración jurada, informó.

Los tres integrantes de la Jutep, que lo declararon omiso por unanimidad, coinciden en que si no presenta la declaración jurada completa de su esposa no hay razones para revertir el fallo, por lo que mantendrán su calidad de omiso.

Precandidatura

El impulsor de la precandidatura de Sartori en 2019, Alem García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), dijo a El País que “es altamente probable que se concrete su precandidatura” a la Presidencia otra vez. Además, el senador aseguró que aún no decidió si será precandidato a la Presidencia y aclaró que lo definirá en marzo.

Sin embargo, la Ley Cristal (17.060) establece en su artículo 16 que “los funcionarios obligados que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente serán intimados en forma fehaciente por parte de la Jutep para que lo hagan en el plazo de 15 días” y “si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”.

Mientras que el directorio de la Jutep concuerda en que es la Corte Electoral la que deberá resolver si puede o no ser candidato, el ministro de esa Corte José Korzeniak considera que es la Jutep o la Justicia penal la que deberá dirimir en caso de que se mantenga la calidad de omiso del legislador y aspire a un cargo público.

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