La ley de internación compulsiva, aprobada durante el último año de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou para contar con una herramienta más que atienda el problema de las personas que viven en la calle, dividió las aguas entre la entonces coalición de gobierno y el opositor Frente Amplio. Los legisladores de la izquierda cuestionaron desde el primer momento el espíritu y la redacción inicial del proyecto, pese a que al final la iniciativa fue votada por la mayoría del sistema político, mientras que el oficialismo entendía que debía avanzarse en alguna dirección para frenar la problemática social.

Pero una vez en el gobierno, y pese a que las dudas de la izquierda no cesaron ni aun luego de haber ganado la elección nacional, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) continúa "trabajando en la misma dirección en la que se venía y no se ha dado ninguna instrucción en sentido contrario", señalaron a El País fuentes de la Secretaría de Estado que dirige el socialista Gonzalo Civila.

Es decir, se mantiene y se sigue aplicando un instrumento legal que en los hechos significa el traslado o internación de cualquier persona que viva en la vía pública, si hay un médico que antes constate que su estado de salud es grave, que su capacidad de juicio está afectada por sus adicciones o una patología psiquiátrica, y que como consecuencia de todo lo anterior puede estar en riesgo ella o terceros.

El instrumento, no obstante, estuvo lejos de tener un "uso intensivo", agregaron las fuentes ministeriales.

Los últimos números oficiales difundidos públicamente, a finales del año pasado, indicaban que hasta ese momento —la ley comenzó a aplicarse el 25 de agosto de 2024, tras ser reglamentada— se habían realizado 206 intervenciones, aunque no en todas las situaciones se constató el riesgo necesario para disponer la internación.

De hecho, no se había encontrado peligro para la salud o riesgo para terceros en el 44% de los procedimientos —aunque hubo 16 personas que “aceptaroni ngresar voluntariamente a un centro nocturno”—, y sí ocurrió en el 56% restante, que totalizaban unos 116 casos, con características que fueron observadas con atención por parte de los jerarcas.

El País procuró obtener ahora las cifras actualizadas, que la gestión de Civila ya tiene elaboradas, pero hasta el cierre de esta edición eso no fue posible.

La crítica recurrente entre los principales actores del hoy partido de gobierno apuntaba a que esta norma no resolvía "el problema de fondo" —el propio Yamandú Orsi dijo en un evento en plena campaña electoral que algo "había que hacer" para atender la problemática pero que esta alternativa estaba lejos de ser la "solución"—, y cuando Civila fue designado como futuro titular del Mides marcó de entrada sus diferencias conceptuales con la nueva ley.

En una entrevista con El País publicada el 2 de enero, Civila había dicho que en su gestión se buscaría una "mirada más amplia" que este marco normativo que ha sido expresamente defendido en su último año de mandato por el presidente Luis Lacalle Pou. promovido por el exministro Martín Lema y aplicado por Alejandro Sciarra —último titular del Mides de la anterior administración.

"Hay que hacer una evaluación adecuada de las normas vigentes sobre este tema —fue la evaluación del actual ministro de Desarrollo Social a inicios de este año—. Pero la compulsividad como receta para resolver los problemas no solo no la comparto, sino que ha quedado demostrado que no funciona".