Las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encabezadas por Gonzalo Civila, asumirán funciones este jueves. Será en un acto público en la Plaza Huelga General de 1973, en pleno Flor de Maroñas, en Montevideo. Una de las premisas de la nueva gestión será, se indicó, una "presencia permanente en el territorio y la integración social", así como la "promoción de la participación de organizaciones sociales y de la comunidad" en el diseño, la ejecución y el control de las iniciativas.

Civila y el resto de su equipo trabajaron lunes y martes ajustando decisiones, y terminando de trazar las líneas de acción que piensa poner en práctica en las próximas horas. También, recopilando información que culmine por definir los desafíos que les tocará enfrentar. Uno de ellos, precisamente, pasa por el enfoque que dará la nueva gestión a las políticas destinadas a garantizar la alimentación de los sectores más vulnerables de la población.

Para ello, las nuevas autoridades se encuentran realizando un relevamiento de todas las ollas y merenderos populares en funcionamiento.

Según supo El País, los números que maneja la cartera son coincidentes con las estadísticas que releva la Intendencia de Montevideo (IMM). Hay operando hoy 260 ollas y merenderos en la capital . En 2020 llegaron a ser 645 en todo el país, de las que 273 estaban en el área metropolitana. En 2022, según un informe de la Universidad de la República, había funcionando 323 en Montevideo y 219 en el resto del país.

Los números fueron ratificados por Esteban Corrales, uno de los referentes de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que destacó un punto en común con las nuevas autoridades: el norte puesto en que las ollas no existan. También que las políticas necesarias para hacer que estos emprendimientos no sean necesarios dependen de la interacción del Estado con las organizaciones sociales.

Por lo pronto, valoró la actitud de las nuevas autoridades y su voluntad de apostar "al diálogo", marcando así una diferencia con la "confrontación" a la que, afirma, se recurrió durante la gestión finalizó el pasado 1° de marzo. Así, se espera que en esta nueva etapa se retire la denuncia contra la coordinadora que acusó de diversas irregularidades en el manejo de los alimentos recibidos por parte de la anterior administración.

Desde que en octubre de 2022 el Mides cesó su sostén, el único apoyo formal que reciben hoy las ollas y merenderos viene de la IMM, que a fines de febrero ambientó un encuentro de más de 400 referentes de estas organizaciones.

El panorama en determinados barrios, indicó Corrales, sigue siendo grave. Datos de la Encuesta Continua de Hogares publicadospor el Mides a mediados de noviembre indicaron que el 13,7% de los hogares uruguayos padecen de inseguridad alimentaria moderada o grave. En ese sentido, Paredes señaló que se deberá trabajar para que la alimentación esté garantizada en todos los niveles de la educación pública. Para ese reclamo tomó como referencia un informe de la Universidad de la República, que en julio de 2023 indicó que el 29% de los adolescentes acudía a a comedores escolares o recibía becas de alimentación, y que el 40% padecía de inseguridad alimentaria moderada o grave.

Paredes dijo que la CPS tampoco puede ser una refererencia solo para alimentación. "Estamos presentes en barrios donde la vida vale vintenes", dijo. Paredes estimó que las ollas deben convertirse en un actor relevante a la hora de enfrentar otros graves problemas, como la violencia y la marginalidad que afecta a muchos barrios del área metropolitana, "Queremos ser una referencia de la solidaridad organizada", sostuvo. Actualmente, unas 3 mil personas participan, de una u otra forma, en llevar adelante este tipo de emprendimientos.

Entre otras medidas, la IMM abrió recientemente una nueva edición del Fondo por Más, que prevé destinar unos $ 6 millones en apoyo económico a proyectos cuyo presupuesto no supere los $ 335 mil y cuyas acciones tengan una duración de entre tres y 12 meses.

Fuera de la capital, existen 20 ollas y merenderos en Salto, ocho en Durazno y tres en Mercedes. En Canelones, funcionan redes en Salinas y en Paso Carrasco.

Civila y su equipo comenzaron a analizar este martes una situación que, según fuentes del ministerio, los tomó por "sorpresa". Una resolución de la cartera, firmada el 25 de febrero por el entonces presidente Luis Lacalle Pou, autorizó la contratación directa, por excepción, de la Fundación A Ganar. La decisión, tomada cuatro días antes del cambio de gobierno, comprometerá a la actual administración en su primer año de gestión.

La resolución, a la que accedió El País, es por la "gestión y seguimiento" de hasta 230 cupos en centros y hogares residenciales de larga estadía, a los efectos de "ofrecer continuidad asistencial acorde y de calidad" a personas que "que presentan diagnóstico de cuidado permanente"-

El contrato estará vigente hasta el 2 de diciembre de 2025, y supone unos $ 153 millones a valores de julio de 2024, que se pagará en seis partidas.

En las últimas semanas, varios dirigentes del Frente Amplio (FA) cuestionaron el accionar de esta fundación, que logró contratos en diversos organismos del Estado durante el pasado gobierno y que aún está trabajando vinculada a varias intendencias administradas por el Partido Nacional.

El candidato frenteamplista en Rocha, Aníbal Pereyra, prometió, si triunfa en las elecciones departamentales, investigar la forma "absolutamente oscura" en que esa fundación fue contratada en esa comuna. Pereyra marcó que la vicepresidenta de esa organización es hermana del secretario general, Valentín Martínez
Vicentino.