El gobierno pone a la venta los primeros 13 inmuebles del Estado

REVALORIZACIÓN 

El presidente Luis Lacalle Pou tiene lista para la firma de todos los integrantes del Poder Ejecutivo una resolución que dispondrá la enajenación de los primeros padrones del Estado en desuso, bajo el nuevo Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado.

Se trata de 13 predios del Ministerio del Interior que cuentan con la aprobación de la comisión directiva del programa y se pondrán para remate una vez que tengan el aval del Ejecutivo. Podrían llegar a venderse todos juntos -lo cual abarataría los gastos administrativos- pero se hicieron expedientes separados para no frustrar la venta en caso de que alguno de los inmuebles presente algún inconveniente que lo haga volver atrás.

La comisión entendió que en este caso el 95% de los fondos que se obtengan del negocio vuelvan al ministerio porque el objetivo es destinarlos a inversiones en cárceles. La normativa prevé que un mínimo de 25% se lo quede el organismo al que pertenece el inmueble, y que un máximo de 75% vaya al Plan de Mejoramiento de Barrios, que acondiciona asentamientos irregulares (ver aparte).

Según pudo saber El País, la mayor parte de los inmuebles que integran esta primera tanda se ubican en el medio rural. Los hay en Artigas, Durazno, Tacuarembó, entre otros. Son padrones que tenía el Ministerio del Interior y que con el paso del tiempo han quedado en desuso. Algunos fueron adquiridos como herencia yacente, otros son terrenos linderos a comisarías o establecimientos penitenciarios que en otra época se aprovechaban con fines productivos (y siguen siendo aptos), pero hace tiempo que ya no se usan y ahora se pretende recuperar su valor en dinero.

El Ministerio del Interior había enviado a la comisión un listado de 104 padrones que todavía se está depurando. De ese total, algunos fueron retirados porque había alguna actividad o instalación y no correspondía la venta. De unos 90 restantes, la comisión separó 28 que ya estaban tasados. Y de estos, 15 aún están bajo revisión y 13 son los que ya cuentan con el visto bueno para la venta.

El trabajo es arduo porque en muchos casos la documentación está desactualizada o resulta que los predios ya fueron cedidos a otros organismos aunque eso no figura en los registros de la cartera. Los miembros de la comisión deben buscar el estado de la titulación actual y consultar la calidad de esos títulos, de modo de llegar al remate con la certeza de que son bienes en condiciones de ser enajenados sin vicios.

En un mes y pocos días de trabajo, desde su conformación, la comisión logró entonces avanzar con cerca del 15% de los inmuebles del primer organismo que se presentó. Si bien en el Ejecutivo aspiran a una mayor fluidez, también entienden que el Estado no debería poner demasiados bienes a la venta porque podría “distorsionar el mercado”.

“Cada vez que uno hace un camino algo, los primeros pasos son más difíciles. Esperamos que luego se llegue a una forma de trabajo más efectiva”, dijeron fuentes del gobierno e insistieron en que se está “aprendiendo” para alcanzar los mejores mecanismos.

Otros ministerios además de Interior presentaron sus listados, pero aún varios están en deuda y hay algunos que ni siquiera han nombrado representantes para ocuparse de esto, tal como establece la normativa. Con ellos, la comisión está entablando contactos. El procedimiento es así: primero se deben remitir los listados a Catastro, luego consultar al Ministerio de Vivienda si hay interés en ellos, después se envían a tasar, y recién ahí la comisión toma conocimiento de cuántos se han declarado prescindibles.

Los 13 primeros inmuebles que pasaron la prueba irán a remate a través de un convenio de octubre de 2020 entre la Asociación Nacional de Rematadores y Presidencia. A partir de la resolución en la que se dispondrá la enajenación -que está al salir-, los bienes entrarán en el proceso habitual -publicaciones y demás.

Teniendo en cuenta la tasación de Catastro para los primeros 13, se estima una base promedio de entre US$ 50.000 y US$ 70.000 para cada uno. Estos inmuebles valen en total unos US$ 450.000, aunque la cifra final la determinará el mercado.

A su vez, desde el Ejecutivo comentaron que se está buscando alguna forma de venta más expeditiva, sobre todo para inmuebles pequeños, con el fin de hacer estos remates más accesibles principalmente en localidades del interior. Una posibilidad que se estudia es diseñar un sistema de compra en línea.

En el gobierno desconocen antecedentes de transacciones en el Estado que hayan cerrado de forma exitosa. “Antes, el estímulo para la venta era prácticamente inexistente”, dicen. Manejan ejemplos de organismos que aun habiendo logrado la venta, no pudieron ejecutar lo obtenido.

“Lo único novedoso de este sistema es que se haga”, comentó con cierta ironía una fuente de Presidencia, en alusión a los “fracasados sistemas anteriores”. Durante el gobierno de Jorge Batlle, se creó el Registro Único de Inmuebles del Estado en la Contaduría General de la Nación. Luego, en 2015, siendo Tabaré Vázquez presidente, se cometió a la Escribanía de Gobierno la realización del inventario general de los inmuebles del Estado, pero el registro no se llegó a concretar.

“Leyes no faltaron antes. Lo que nos proponemos con esta forma de trabajo y con mucho diálogo entre todos los jerarcas, es que esto se cumpla. Estamos empeñados en ello”, agregó el informante.

Según pudo saber El País, persiste cierta resistencia en algunos organismos porque solo rescatan un porcentaje, que puede ser de 25% en el menos beneficioso de los escenarios. “Se está tratando de convencer más que de imponer; si nos peleamos, nadie vende nada”.

La comisión tiene en el radar unos 7.000 padrones de origen público en desuso, aunque algunos estiman que podrían llegar a ser el doble. Muchos probablemente tengan un destino planificado a futuro. Calculan que entre 15% y 20% podrían llegar a ser finalmente vendibles.

El Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado fue creado por la ley de Presupuesto 2020-2024, aprobada en diciembre de 2020. Allí se establece que cada organismo presupuestado deberá informar durante los primeros 60 días de cada año sobre los inmuebles que tenga en propiedad o en posesión, a cualquier título, y aportar todos los datos sobre su uso, especialmente si se considera imprescindible y por qué.

Además, en el Presupuesto se indica que el programa estará bajo la órbita de Presidencia y “tendrá por cometido el relevamiento de los inmuebles del Estado informados por las entidades estatales referidas, para identificar aquellos que son prescindibles, a efectos de su disposición por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según lo dispuesto por el artículo 415 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, o para la enajenación de los mismos, según lo entienda más conveniente”.

Esa ley de julio de 2020 es la Ley de Urgente Consideración (LUC). En el artículo 415 se estipula para Vivienda un plazo de 90 días para analizar la oferta y rechazar su transferencia; de lo contrario, se considerará aceptada.

A su vez, la ley de Presupuesto dispuso que en caso de enajenación de un bien se asignará un máximo de 75% al Programa de Mejoramiento de Barrios, y el resto al inciso al que pertenecía el mismo, créditos que solo podrán aplicarse a proyectos de inversión.

La novedad principal es que sea el Poder Ejecutivo el que declare la prescindencia de los bienes y les asigne el destino que considere conveniente, “valiéndose de los asesoramientos que entienda necesarios, de acuerdo a las características de cada inmueble y atendiendo a las restricciones legales que pudieran existir en relación a su enajenación o cambio de destino”.

Como complemento, el artículo 64 dispone que los bienes inmuebles “puedan ser vendidos sin expresa disposición legal”.

El protagonismo del Ejecutivo en desmedro del Legislativo -que hasta entonces debía validar cualquier enajenación de inmuebles estatales- fue objeto de controversia en la discusión parlamentaria. La oposición consideró que el gobierno se excedía en las atribuciones que concedía a Presidencia y habló incluso de que era inconstitucional.

La ley finalmente se aprobó como había sido propuesta por el Ejecutivo. Exactamente un año después salió el decreto 414 y estableció que el programa dependiera de la Dirección Nacional de Catastro (que está bajo la órbita de Economía). Luego, el decreto 460 reglamentó el resto del funcionamiento y resolvió la conformación de la comisión directiva del programa. En una resolución del 26 de enero quedaron nombrados sus representantes: Hugo Odizzio (por Presidencia, que además la presidirá), Augusto Alcalde (por el Ministerio de Economía), Florencia Arbeleche (por el Ministerio de Vivienda) y Álvaro Rosas (por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto).