Si llega al gobierno en 2025, el Frente Amplio pretende fortalecer las “capacidades” de redes y organizaciones sociales y apoyar con “capacitación” a los liderazgos de la sociedad civil, para así permitir que las comunidades locales tomen decisiones. La premisa es “descentralizar el poder político y económico” y así poder construir un país en el que la población “pueda ejercer sus derechos y defenderlos”.

Lo que se busca es una “gobernanza multinivel que fomente la participación ciudadana y su coordinación”, a través de redes, con la administración y los organismos públicos.

Se trata de la construcción de gobiernos “más cooperativos y relacionales” que, además de involucrar al propio Estado en sus distintos niveles, incluyan a la sociedad civil y al sector privado en la resolución de problemas de su competencia en forma coordinada.

Todo como parte de una necesaria “construcción de confluencias sociales” que aseguren la “sustentabilidad de los cambios necesarios” y la concepción de la participación ciudadana como un “derecho fundamental” y uno de los “pilares para el fortalecimiento de la democracia”.

El planteo está incluido en el documento con las “30 claves” de las bases programáticas, al que accedió El País, que los militantes de izquierda comenzaron a difundir este fin de semana, en una nueva etapa de la campaña electoral. “A la hora de pensar políticas públicas, la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales es clave desde el inicio”, se indica. De ese modo, se afirma, podrán conocerse directamente “necesidades, sueños y saberes” como forma de que la propia sociedad “se apropie y defienda” los logros que se obtengan.

Las bases programáticas hacen referencia a algunas de las áreas específicas. Se trata de políticas públicas vinculadas, entre otros, a la educación, la salud, la vivienda y el acceso a las prestaciones sociales, para cuya “gestión y monitoreo” se pretende contar con participación social “en todos los niveles posibles”. Al describir el planteo, los redactores del documento programático admiten que este nuevo enfoque implica un desafío: un cambio cultural en toda la gestión del Estado, además de una interinstitucionalidad acorde con esta propuesta descentralizadora. Allí se adelanta que esto implicará un necesario mayor conocimiento de las necesidades y particularidades locales, una mayor complementariedad de acciones en materia de gestión, sobre todo a nivel de gobiernos subnacionales. Pero también un involucramiento concreto de todos los actores.

Para el éxito de este plan, se adelanta, se deberán asumir las particularidades de cada territorio, evitando así forzar “procesos de homogeneización” de las políticas. En este sentido se propone “involucrar a la academia”, propiciando proyectos “de extensión e investigación”.

Las transformaciones del país y los vínculos solidarios que fortalecen a la sociedad requieren firmes y durables consensos sociales”, se asegura en el documento. “Su construcción es una tarea imprescindible y urgente”, se agrega.

Otra de las claves de esa “ciudadanía plena y sin exclusiones” que propone el Frente Amplio pasa por un vieja aspiración de la izquierda, como es la aprobación del voto en el exterior. El programa establece que un futuro gobierno “promoverá el voto de los uruguayos sin discriminarlos por su lugar de residencia”.