Cuando ocurren hechos de impacto en la política, la primera pregunta que surge -y no esperan a que el episodio se enfríe-, es cuánto pueden significar estos en términos electorales. Aunque se esté a ciegas, aunque aún falte mucha tela por cortar y haya que esperar la evolución de las cosas, a los políticos y analistas les surge esa ansiedad.

El caso Penadés es uno de los más interesantes de analizar, como coincidieron los especialistas consultados por El País, por la doble dimensión que presenta y las interrogantes que despierta: en principio, sobre todo al principio, cuando comenzaron las primeras denuncias, parecía un evento que impactaba fuertemente en la figura del involucrado -un dirigente de primerísima línea del Partido Nacional-, pero no necesariamente en la imagen del gobierno ni de sus correligionarios.

Pero el ahora imputado por más de una veintena de delitos sexuales cometidos contra menores recibió -esta es la tesis de la fiscal Alicia Ghione- la ayuda del director del ex Comcar (Carlos Taroco) y de otros funcionarios del Ministerio del Interior, con lo cual se abre la segunda dimensión del problema, que sería la incidencia en el orden político, aunque de esto también dependerá el desarrollo de la investigación y el alcance de la maniobra de Penadés detectada por la fiscal.

Aún no puede saberse con precisión, como ya se verá, qué impacto político tiene todo esto, aunque hay algunas claves a prestar atención. No caben dudas, como indicaron a El País varios dirigentes del partido, que el caso deja una herida abierta en el sector del que Penadés era un claro referente: el Herrerismo. Quienes lo rodean y llegaron a quererlo durante varios años todavía no asimilan el cimbronazo. Les cuesta hablar del asunto, explicar “la traición” que sienten, la “decepción” y la “tristeza”. Y además está el tendal de indignados que Penadés dejó al conocerse que utilizó a militantes de su círculo próximo para intentar conocer y obstruir la investigación fiscal por medios ilegítimos, como se desprende de las escuchas telefónicas de las que se valió Ghione como parte de su argumentación para lograr la formalización de esta causa.

Penadés era, además, el encargado de focalizarse en la estructura de la lista 71 en Montevideo, mientras que Heber se encargaba de extender y consolidar las raíces del Herrerismo en el interior. Esa era la división de tareas, a lo que se sumó a partir de 2022 el objetivo de impulsar a Laura Raffo como precandidata de este sector, para luego crear un amplio movimiento de agrupaciones en su apoyo, como terminó sucediendo meses atrás.

Ese era el plan hasta fines de marzo, que fue cuando todo se vino abajo. A los pocos días de conocerse las acusaciones públicas contra Penadés, Raffo no le dio opción y le indicó que debía apartarse, y sus declaraciones al respecto sorprendieron entre los blancos, porque la economista marcó una fría distancia desde el arranque, al atenerse solo a lo que dispusiera la Justicia.

Heber, en tanto, sufrió la tormenta por partida doble: al haberlo conocido desde hacía tantos años -al igual que Luis Lacalle Pou- eligió respaldarlo cuando nada se conocía de los denunciantes y creer en su “amigo”, lo que el Frente Amplio nunca le perdonó, y luego tuvo que ir matizando e incluso cambiando de tono sus declaraciones a medida que el caso avanzaba, hasta directamente hablar de “traición”.

Pero además, con la caída del puntal con el que contaba en su estrategia fuera de la capital, Heber debió tomar las riendas y, al tiempo que gestionaba el siempre complejo Ministerio del Interior -y atendía frentes propios con la oposición generados por la labor en la cartera- tuvo que encarar tareas políticas en Montevideo, prestar atención a las estructuras en el interior y acompañar a Raffo cada vez que pudo en sus recorridas.

Ahora bien, ¿cuánto puede significar todo para la opinión pública?

Es muy pronto para responder esa pregunta, advirtió a El País, por ejemplo, Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra. “Llega un momento en que la gota puede desbordar el vaso, aunque eso estará por verse”, dijo la politóloga al recordar que con los episodios anteriores -caso Marset, caso Astesiano- no se afectaron ni la imagen del presidente -que oscila siempre en el 50%- ni la intención de voto de la coalición de gobierno.

Cuando Penadés citó el 29 de marzo en el Parlamento a una conferencia de prensa para negar las acusaciones, el eje de su descargo se centró en que el asunto lo incumbía solo a él “y no al partido ni al gobierno”. Sin embargo, ya quedó claro que eso no se evitó: en parte por la trama policial de la que se habría beneficiado, según la fiscal, el FA pidió esta semana la renuncia de Heber, se va rumbo a una interpelación y ya empezaron asociaciones con otros casos, como los de Marset y Astesiano.

“Es claro que el FA busca la estrategia de la acumulación de casos como una línea de continuidad e involucrando a todo el gobierno -señaló a El País Eduardo Bottinelli, de la consultora Factum-. Pero hay un matiz para hacer y es si Penadés usó el poder para incidir en mandos subordinados o si ese poder en realidad se canalizó a través de las jerarquías políticas del Ministerio del Interior. De esto dependería el éxito de la estrategia del FA”.

Para Ernesto Nieto, director de Ágora Consultores, la clave estará en saber si la opinión pública “conecta las eventuales responsabilidades de las jerarquías políticas con estos delitos que son del ámbito privado, y esa no es una respuesta que tendremos en forma inmediata”. Y, en todo caso, dijo a El País, si hay un impacto negativo, entiende que este será más bien “lento”, sin que necesariamente desciendan los niveles de aprobación de Lacalle Pou. “No todo el mundo se informa al mismo tiempo de estas cuestiones”, avisó.

Es, por otra parte, un evento inédito en Uruguay, por lo tanto las consecuencias todavía pueden ser impredecibles.