El 82,8% de los educadores en el Inisa no tiene formación específica sobre adolescentes en conflicto con la ley

En el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) el 82,8% de los educadores —cuya tarea implica una atención directa con los jóvenes— no tiene formación específica para el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley.

El dato que evidencia una “desconexión entre las exigencias del rol” y la “formación disponible” que “merece atención”. Así se señala en el informe del censo a los funcionarios del organismo, realizado en 2025 y publicado en la pasada semana.

Aunque hay un alto porcentaje de educadores sin esta formación específica, no se repite en otros escalafones: sí lo tiene el 56,7% del personal profesional y el 60,4% de subdirección.

El informe señala que esta brecha es “especialmente significativa” dado que los educadores son “quienes sostienen el vínculo cotidiano con los adolescentes en los centros”.

También se encontró en el relevamiento que entre quienes están en la intervención directa con adolescentes se “concentran percepciones más críticas en relación con la disponibilidad de recursos materiales, la equidad institucional y el reconocimiento de la tarea”.

A esto se suma que tienen una “exposición significativa a situaciones de violencia, riesgo y desgaste emocional”.

El censo abarca al 87,4% del total del funcionariado, que son 1.398 trabajadores en el instituto.

El informe abarca varios hallazgos, dentro de los que está un “aumento significativo” del nivel educativo formal de los funcionarios al comparar los datos de este censo con los del 2014.

En el informe se indica que hubo un incremento en todos los niveles educativos medios y superiores. En esa línea, se señala que, mientras en 2014 eran 287 los funcionarios que habían completado Bachillerato, ahora son 507. Lo mismo con los egresados terciarios o universitarios: subieron de 126 a 206; y los trabajadores “con estudios de posgrado se multiplicaron casi por cuatro, pasando de 21 a 85 casos”.

“En sentido inverso, —continúa el estudio— disminuyó la cantidad de funcionarios con únicamente educación primaria (de 184 a 145) y se redujo considerablemente la categoría ‘No contesta’ (de 59 a 19)”.

A su vez, se destaca que hay un “funcionariado con una alta estabilidad laboral y trayectorias extensas” dentro del instituto.

A su vez, se señala que la “mayoría del personal se encuentra presupuestado (92%), y expresa elevados niveles de orgullo y compromiso con el trabajo realizado (más del 57% siente orgullo por su labor con frecuencia o siempre, y una proporción importante percibe que su trabajo tiene impacto positivo)”.

Más allá del nivel educativo, el censo midió otros aspectos de la vida laboral de los trabajadores y, además, de cómo esta tiene un impacto en lo personal.

El censo encontró que el trabajo en la institución “posee una importante carga subjetiva y emocional”. Una “proporción relevante” de las personas reporta “afectación del estado de ánimo fuera del horario laboral, dificultades para desconectarse completamente del trabajo y preocupación persistente asociada a las tareas desempeñadas”.

Asimismo, se explica que “estas situaciones aparecen de manera transversal en distintos sectores”, aunque con mayor intensidad en dos roles. Uno de ellos, en funciones de conducción, como directores y subdirectores, que tienen “mayores niveles de preocupación persistente asociada al trabajo”. El otro son cargos de intervención directa, como operadores socioeducativos, que “registran mayores niveles de insomnio y afectación emocional”.

Capítulo aparte es el clima laboral dentro del Inisa. El censo evidenció que este “no es homogéneo dentro de la institución, sino que varía según el tipo de función desempeñada”.

Se indica que, “en particular, las funciones operativas (educadores, operadores socioeducativos, mantenimiento, seguridad) tienden a concentrar percepciones más críticas en relación con la equidad asociada a las reglas de juego”. Es más, se explica que quienes están en la “atención directa” con los adolescentes en conflicto con la ley “concentran percepciones más críticas respecto al respaldo de superiores, acceso a recursos y condiciones materiales de desempeño”.

Por eso, se concluye que las “diferencias observadas entre funciones jerárquicas, técnicas y operativas permiten identificar experiencias laborales significativamente heterogéneas”.

Un dato a destacar es que entre un 30% y 35% del funcionariado declaró “haber enfrentado al menos ocasionalmente situaciones que exceden sus funciones, riesgos para su integridad física o desprotección emocional”. Esto indica que “aun cuando no se trate de experiencias generalizadas o permanentes, existe una proporción significativa” de trabajadores expuestos a “condiciones de riesgo que pueden afectar su bienestar”.

Por último, se investigó el nivel de agresión verbal por parte de adolescentes. Esta “aparece como una situación relativamente frecuente: más del 30% la ha experimentado al menos ‘a veces’”, según respondieron los funcionarios.

Sí se encontró que las “agresiones físicas, amenazas y violencia entre pares tienen menor incidencia, aunque no son inexistentes”. A este dato se suma que el 34,4% del funcionariado “ha presenciado actos de violencia hacia compañeros al menos ocasionalmente”.