Edil nacionalista propone que la IMM fabrique balizas y deje de alquilarlas: "Hoy se gastan US$ 1,5 millones"

Redacción El País
El edil Gonzalo Gómez, del Partido Nacional, presentó ante la Junta Departamental de Montevideo una minuta de aspiración dirigida a la intendencia para que, en un plazo de 180 días, elabore un plan integral de sustitución progresiva del sistema de alquiler de balizas utilizado para la señalización de obras y situaciones de riesgo en la vía pública.

Según la información proporcionada por la comuna en respuesta a un pedido de informes que hizo el edil nacionalista, tres empresas privadas —Global Balizas S.A., Teregal S.A. y Acubos S.A.— prestan actualmente el servicio, con un costo promedio de $95 diarios por unidad y un gasto total de $35,1 millones durante 2024. Sin embargo, Gómez advirtió que el número de “puestas” de balizas —más de 544.000 en un año— sugiere que el costo real podría superar los $51 millones, al considerar la facturación diaria y la reposición de equipos.

En ese sentido, en sus redes sociales Gómez señaló que "hoy se gastan más de US$ 1,5 millones por año en un sistema ineficiente que solo genera gasto".

“El esquema de contratación actual es financieramente ineficiente y genera una estructura de gasto repetitiva y creciente”, señaló el edil en la exposición de motivos del documento, al que accedió El País. La propuesta busca transformar ese gasto corriente "en una inversión estratégica, orientada a producir, gestionar y mantener balizas propias bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia".

Entre las medidas sugeridas se incluye la celebración de convenios interinstitucionales con organismos como UTU, UTEC, INISA, INR y cooperativas de trabajo, para diseñar "un modelo nacional de baliza resistente, modular y reutilizable". Además, se plantea la creación de "un sistema digital de trazabilidad, que permita registrar la ubicación, fecha de colocación y estado de cada baliza, con el objetivo de mejorar el control y la transparencia".

El plan propuesto deberá incluir "un régimen de transición gradual por zonas o reparticiones, comenzando por aquellas con mayor volumen de uso y gasto anual". Gómez propone que la intendencia informe a la Junta sobre "los resultados del estudio y las acciones implementadas en un plazo máximo de 12 meses, junto con estimaciones de ahorro y mejoras en la eficiencia del servicio".

“La magnitud del gasto, la dispersión de contratos y la falta de una estrategia integral justifican plenamente esta iniciativa, que busca modernizar la gestión municipal y fortalecer el vínculo con el sistema educativo y cooperativo”, sostuvo Gómez.

Foto Archivo El País.