Detalles del informe jurídico en que se basa el PN para arremeter contra las autoridades del FA en la Jutep

La coalición republicana tiene en la mira a las dos autoridades frenteamplistas de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la presidenta Ana María Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti. Incluso los legisladores de este bloque afinan una denuncia penal. En ese contexto, el Partido Nacional dio ayer otro paso: emitió una dura declaración con críticas a los jerarcas —donde habló de ilegalidades— que envió al presidente Yamandú Orsi porque, creen, es quien tiene que actuar. Y además adjuntaron un informe jurídico que fue encargado al abogado Augusto Durán, que también lo remitieron al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien ya está citado a comisión de la Cámara de Diputados.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, contó ayer que había hablado con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, porque tienen la “idea” de “ampliar” la denuncia penal que realizarán los legisladores (Ver aparte). Buscan sumar “elementos” que surgieron a partir del seguimiento que han hecho los blancos y del informe de Durán porque ven “apartamientos de la ley, sobre todo en la apertura de declaraciones juradas” sin el procedimiento adecuado.

En su informe jurídico —que analizaron ayer en el directorio blanco—, Durán puntualiza los hechos que analizó de la Jutep: los procedimientos de tratamiento de denuncias, la “redacción de un borrador de informe por parte de un miembro del directorio (N.de.R: Asti) y su difusión”, el acceso de dichos miembros “en forma individual a los datos reservados contenidos en las declaraciones juradas” y, por último, la “inclusión de las discordias en la respuesta al pedido de informe”.

Dentro de las conclusiones está que la presidenta de la Jutep “alteró ilegítimamente” y de manera unilateral el “procedimiento de tratamiento de denuncias que se venía practicando hasta ese momento”. Esto lo hizo —continúa el abogado en el documento— “antes de que la modificación” fuese aprobada por la mayoría del directorio, la que consiguen Ferraris y Asti.

Asimismo, señaló que el vicepresidente, “al redactar un borrador de informe que hizo circular entre los demás miembros del directorio antes de que el asunto fuese instruido por los servicios técnicos, no solo efectuó un procedimiento indebido sino, además, incurrió en prejuzgamiento”.

Al mismo tiempo, indicó que, “si se comprueba” que hizo llegar ese documento a la “supervisora del área de declaraciones juradas, habría cometido una grave irregularidad por invadir la autonomía técnica o natural de los servicios técnicos competentes para actuar en la materia”.

Otra puntualización de Durán es que los directores de la Jutep no tienen individualmente acceso a los datos reservados de las declaraciones juradas y concluye que la “interpretación de la mayoría del directorio no se ajusta a la ley”.

El diputado blanco Pablo Abdala, que participó ayer del directorio, explicó cuáles son dos de los hechos vinculados a Asti que ponen bajo la lupa. Por un lado, que el jerarca, ante una denuncia por el patrimonio del senador colorado Ojeda, “resolvió, sin darle participación a los servicios de la Jutep, elaborar un informe que hizo llegar con indicaciones al área de declaraciones juradas, de lo que después informó al directorio”. Ese hecho, apuntó el legislador en la conferencia de prensa, generó un “condicionamiento a los servicios técnicos”.

Por otro lado, cuestionó el accionar de Asti vinculado a una denuncia al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, Rodrigo Arim. El diputado señaló que, ante un “informe de la asesoría letrada que decía al directorio que correspondía darle tratamiento al caso”, Asti “resolvió hacer un informe paralelo con una economista que pertenece a su secretaría”. Para ello, “le habilitó a que accediera a los datos reservados de la declaración jurada, lo que es absolutamente ilegal”, reclamó Abdala.

Uno de los primeros cuestionamientos de la oposición hacia la Jutep estuvo vinculado al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza. El jerarca tenía varios trabajos privados en paralelo a su función pública, lo que en ese momento desató una tormenta política. Sin embargo, el directorio resolvió que no hubo “incompatibilidades”.

El director por la oposición en la Jutep es del Partido Nacional, Luis Calabria, quien ya denunció en varias oportunidades las irregularidades jurídicas señaladas ahora en el informe de Durán.

Delgado aseguró al mediodía que la presidenta y el vicepresidente de la Jutep “han cometido arbitrariedades, irregularidades e ilegalidades”. En esa línea, cuestionó en la conferencia: “¿Quién controla la ética de los que controlan la ética? Parece un trabalenguas, pero es muy grave que el organismo que tiene que dar garantías a los ciudadanos no cumpla con las normas”.

En la conferencia, opinó que la Jutep “se ha transformado en un organismo que, por su mayoría, termina accionando discrecionalmente si son denuncias” contra integrantes del Frente Amplio o la oposición. Por eso, y otros cuestionamientos que hizo, los blancos entienden que “a esta altura ya no hay mucho margen para las explicaciones”, por lo que piden el accionar de Orsi.

En tanto, el diputado Abdala señaló que el Poder Ejecutivo “es quien tiene la llave y quien tiene que tomar una decisión para remover para lo que haya que remover”. También es quien tiene que “solucionar este problema que está afectando la credibilidad de la política”, concluyó.