Directorio del Partido Nacional analizará hoy nuevas irregularidades en la Jutep: apuntarán a caso de Arim

La actuación de la mayoría oficialista de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) es un tema que preocupa a la dirigencia del Partido Nacional, cuyo directorio analizará precisamente este asunto en la sesión de este lunes. Arriba de la mesa, dijeron fuentes partidarias, estará un informe jurídico en que se evaluará la legalidad de algunas decisiones de la junta anticorrupción —siempre con el voto favorable de su presidenta, Ana Ferraris, su vicepresidente, Alfredo Asti, y con la oposición del director blanco Luis Calabria— y una actualización de la lista de irregularidades cometidas por el organismo que esta fuerza política viene denunciando desde hace meses.

El caso en el que tanto los blancos como el resto de los integrantes de la coalición republicana más han insistido es el que tuvo en el centro a Álvaro Danza, presidente de ASSE, a quien a fin de año, con votos oficialistas, la junta descartó que hubiera alguna incompatibilidad constitucional con el hecho de que el jerarca trabajara en varios centros privados —además de la docencia en la Udelar—, al tiempo que conducía el prestador estatal y además cobraba una partida por "exclusividad". Aquel fallo, en su punto 2, recomendaba a Danza que cuando hubiera "duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses" se abstuviera de "participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos", sugerencia que él no siguió recientemente, cuando firmó una resolución que dispuso la adquisición de camas a La Española, mutualista en la que trabajó hasta el año pasado —lo que entra en contradicción con el Tocaf.

Asti ya adelantó su postura en declaraciones a El País —dijo que si Danza podía "recomponer" la resolución "se habrá actuado correctamente"—, en un acto que ya fue criticado en estos días por parte de legisladores de la coalición —quienes, mientras tanto, la semana pasada también cargaron contra este frenteamplista por enviar un interrogatorio al senador colorado Pedro Bordaberry para conocer si Robert Bouvier, director de AFE, participó de un acto político de este partido.

Además de esas situaciones, los blancos abordarán también las decisiones que tomaron Ferraris y Asti en relación a una investigación sobre la última declaración jurada del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. Calabria informará que el directorio, otra vez, se dividió en este asunto, polémica interna mediante. En el transcurso de esta investigación —que terminó en archivo—, el oficialismo accedió a datos que Calabria ya denunció —según quedó en actas— como "reservados", lo que a su entender eso fue algo contrario a la ley.

De todas maneras, en un acto que es cuestionado por los nacionalistas, la Jutep definió, con votos solo del oficialismo, emitir una resolución que posibilita, de aquí en más, el acceso de los directores del organismo al contenido íntegro de las declaraciones juradas, tanto de su parte como de los funcionarios dedicados al análisis documental.

Esto, de hecho, es parte medular de un pedido de informes que formuló en estos días el senador Javier García. Por eso solicitó tener acceso a las "todas las resoluciones adoptadas" en la última sesión de la Jutep en que se tomó esa medida, "con sus respectivos fundamentos y anexos, si los hubiere", entre otros requerimientos.

Este organismo, opinó el legislador consultado por El País, "se ha transformado en un tribunal político que tapa, que encubre y que prejuzga a favor del Frente Amplio", y que está "destinado a llevar adelante operaciones políticas contra la oposición".

"La Jutep no puede existir más con esta forma. Ha perdido toda ética y moral para cumplir con la ley y hay que eliminarla. No tienen altura moral ni ética", cuestionó.