Delpiazzo: Defensa tenía intención de que contrato con Cardama no rigiera días antes de surgir garantía falsa

En representación de Delpiazzo Abogados, este lunes comparecieron Carlos y José Miguel Delpiazzo ante la comisión especial bicameral que investiga el proceso de compra de dos patrullas oceánicas, una operación por 82 millones de euros cuyo contrato fue rescindido por el actual gobierno y que actualmente es objeto de diversas instancias judiciales y disputas políticas entre oficialismo y oposición.

Aunque en sus declaraciones no surgieron mayores novedades y, más bien, se trató de una cronología de su asesoramiento al gobierno, los especialistas informaron que el informe que elaboraron en agosto de 2024 sobre la no entrada en vigor del contrato con Cardama —ante la imposibilidad del astillero de constituir las garantías tras meses de intentos— fue, en realidad, un documento solicitado por el propio Ministerio de Defensa. Es decir, por el gobierno. Pocos días después, surgieron tres alternativas de garantías, entre ellas la de Eurocommerce que sería la aceptada finalmente.

El primero en hacer uso de la palabra fue el socio fundador del estudio jurídico (Carlos) que relató que su asesoramiento se decidió por un llamado a concurso y que fue a ellos finalmente a los que se les adjudicó el rol de consultores del Ministerio de Defensa (MDN), en ese momento liderado por el hoy senador Javier García.

En resumen, acotó que su rol de asesoramiento consistió en la preparación del contrato, asistencia para su celebración y los requerimientos posteriores, como por ejemplo, los vinculados a las garantías que debía presentar la empresa constructora.

Luego fue el turno de José Miguel Delpiazzo, socio de la firma que trabajó directamente en el caso y mantuvo reuniones durante las negociaciones con autoridades del MDN, de las Fuerzas Armadas y también con representantes de Cardama.

El profesional advirtió que durante el proceso de negociación hubo intención del astillero español de “suprimir” la garantía de fiel cumplimiento (por el 5% del valor del contrato), pero al exigirlo la normativa uruguaya (TOCAF) “se le dijo que no”.

“Hubo ciertas mejoras sensibles en cuanto a lo que era la pretensión inicial de Cardama. En esa negociación hubo buena recepción por parte de las autoridades ministeriales y se lograron avances sustanciales en cuanto a lo que era la versión inicialmente pretendida por el astillero”, detalló Delpiazzo, y destacó aspectos favorables alcanzados durante la negociación del contrato, entre ellos que se estableciera la aplicación de la ley uruguaya para dirimir las controversias jurídicas.

Confirmó que los dos interlocutores principales de parte de Defensa fueron el exdirector de Secretaría Fabián Martínez y Damián Galo, director financiero de la cartera durante el período pasado. “A algunas reuniones asistió también Rivera Elge, que era el subsecretario”, agregó.

Sobre el documento elaborado por el estudio en agosto de 2024, cuando se entendía que el contrato —firmado en diciembre de 2023— no había entrado en vigor por la no constitución de las garantías, el asesor legal sostuvo que “se había cumplido el plazo de las prórrogas otorgadas y no se habían verificado las condiciones” para que el contrato comenzará a regir.

“Era una constatación más objetiva que de asesoramiento. Me consta que, en su momento, el ministerio confirió ciertas prórrogas; nos solicitaron instrumentar alguna de ellas, pero no mediante consulta previa, sino que simplemente se nos comunicaba esa decisión. La última —por lo menos de la que estoy enterado al día de hoy—se había vencido el 9 de marzo de 2024 (originalmente el plazo era de 45 días). De hecho, hubo un período de más de dos meses sin tener intercambio alguno con el ministerio en aquel entonces, hasta que el 9 de julio nos comunican un proyecto de garantía de fiel cumplimiento de un banco de Camerún”, relató el especialista.

En este orden, opinó que “era un documento muy básico, era apenas una carilla y media, un PDF del que no podía cotejarse su originalidad” y por tanto fue rechazado.

En setiembre de 2024, el estudio jurídico recibió “tres propuestas que habría mandado Cardama al MDN para constituir la garantía”, luego de que se diera una prórroga final de 72 horas al astillero.

Delpiazzo contó que una vez recibidas, desde el estudio se mencionó una vez más que “había vencido el plazo de prórroga para constituir las garantías; que en este caso no solo no se constituían, sino que mandaban tres propuestas diferentes a las que hasta ese momento se habían mencionado”.

Consultado específicamente sobre si, durante el asesoramiento a Defensa, había aprobado la garantía presentada por Eurocommerce, respondió: “No hubo una aprobación del estudio a las garantías de Eurocommerce”.

“ (A lo largo del proceso) se hicieron algunas observaciones que habrían sido aceptadas por el Ministerio, ajustadas al asesoramiento como no aceptar varias de las garantías que proponía (Cardama)”, afirmó el abogado, que recordó que a lo largo de los 11 meses (entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024) fueron nueve las alternativas de garantía presentadas por el astillero.

Sobre la de Eurocommerce en particular, agregó: “Me animo a hacer una valoración, porque están los documentos, que hice en su momento: si yo me presento a una licitación con una garantía como la que se había presentado, probablemente quedaba fuera de la licitación”.

No obstante, Delpiazzo aclaró que hubo una decisión comunicada de parte de la cartera (en ese entonces el ministro era Armando Castaingdebat) en agosto de 2024 con la intención de que el contrato no entrara en vigor, a razón de que no se había podido constituir la garantía y que por esa razón él redactó el documento “de no entrada en vigor”.

“Se nos comunicó en su momento que habría estado la decisión del Ministerio de Defensa de que no entrara en vigor el contrato. Eso fue en agosto de 2024, concretamente el 28 me lo piden y envío la nota. Evidentemente el documento de no entrada en vigor entiendo que nunca se llegó a notificar”, dijo Delpiazzo.

Detalló en esa línea, que él ya había marcado previamente en correos electrónicos que se había verificado la condición de no entrada en vigor del contrato y que “por tanto correspondía así declararlo”.

Alertó, a su vez, que la prórroga estaba vencida hacía cinco meses (en marzo) y que se entera de una nueva brindada por el gobierno de 72 horas el 6 de setiembre (se había dado el 3), cuando surge la garantía de Eurocommerce —que tuvo varias observaciones de parte del abogado desde el punto de vista formal desde su aparición—y otras dos: “un depósito en efectivo, que no se indica ni cómo ni cuándo ni el monto, y otra de un banco de Viena, Bank Winter”.

Consultado sobre las primeras prórrogas dadas por el gobierno, Delpiazzo consideró que a su entender fue “de buena administración” haberlas otorgado con el fin de que el contrato prosperara, pero consideró de “poca razonabilidad” las dadas tantos meses después.

En conversaciones informales que mantuvo Delpiazzo con Galo, el abogado sugirió en varias oportunidades que había desprolijidades en la forma de accionar del astillero. Al ser consultado sobre esa afirmación, respondió que “tenía sustento en varias aristas”.

“Por un lado, las opciones de garantías de fiel cumplimiento que se presentaron a lo largo del procedimiento, con los plazos vencidos, o se presentaban el último día de la prórroga otorgada y sin las formalidades básicas que tenían que tener. No recuerdo exactamente cuál fue; creo que fue un banco de Viena que presentó un draft, que era un documento muy básico, del cual no había ni beneficiario, ni monto, ni alcance del seguro. Muchas de las presentaciones venían con los plazos vencidos. En la instancia final se le exigían algunas formalidades de orden, como, por ejemplo, los documentos originales con firma certificada y se enviaban fotocopias o mandaba un original diciendo que tenía un apostillado que no lo tenía. Ese fue contexto a lo largo de esos 11 meses y por eso que me sentí en la confianza de la informalidad de hablar de desprolijidad del astillero en este proceso”, afirmó.

Finalmente, sobre el apostillado Delpiazzo dijo que cuando recibió el escaneo del documento vía mail, “estaba borroso, al revés, entrecortado” y no pudo validarlo.

“Quería tener el original para lograrlo. Cuando lo recibí, quise validarlo y no pude. Eso se lo hice constar vía WhatsApp a Galo: que la apostilla se ajustaba a lo que es la formalidad de una apostilla, pero que no la había podido validar (vía una dirección web en España). Luego de eso no tuve intercambio alguno hasta poco tiempo después, cuando me enteré por la prensa que se había liberado el primer pago. Quién resolvió aprobar o quién quedó a cargo de la validación, lo desconozco”, sostuvo.