En el Senado —en específico, en la comisión de seguridad pública y convivencia— se priorizó el estudio de dos proyectos vinculados a la tenencia de armas. Uno tiene la firma de varios legisladores del Frente Amplio (y viene de la legislatura anterior) y otro es del senador blanco Carlos Camy. En ese contexto, la Asociación Nacional de Cazadores y el Club Uruguayo de Tiro concurrieron ayer al Parlamento para opinar sobre los cambios que se proponen para la normativa.
De la Asociación Nacional de Cazadores, su representante Martín Pastorino —actualmente miembro de la organización y antes su presidente— calificó en diálogo con El País el proyecto de ley de algunos legisladores del oficialismo como “desarmista”. Pero eso no es todo: a su entender va en “contra del legítimo usuario” de las armas. Por otra parte, propuso “algunas mejoras” a la iniciativa del nacionalista.
El proyecto de ley del Frente Amplio en su primer artículo propone la declaración de interés general de la “prevención, disuasión y erradicación de la violencia armada, así como a la disminución de la proliferación de armas de fuego entre la sociedad civil”. Esto —dijo Pastorino, que concurrió ayer en representación de la Asociación— “levanta una gran preocupación de los legítimos usuarios” porque no hace referencia a los delincuentes, sino a todas las personas.
Otra propuesta de los legisladores del Frente Amplio es reducir de ocho a tres la cantidad de armas que puede tener una persona. El texto plantea que, después de alcanzar este nuevo cupo inicial, se deberá fundamentar con documentación la necesidad de tener más. Pero para la Asociación Nacional de Cazadores esa cifra es “recontra restrictiva” porque el tipo de arma depende “de la modalidad de caza” que se quiera practicar. No es lo mismo una perdiz, para la que se puede utilizar una escopeta; que un animal de mayor porte, para lo que es un rifle.
También se cuestionó que se quiera reducir de cinco a tres años del permiso de habilitación del arma y la obligatoriedad de contratar un seguro. Esto último lo entiende como una manera de “burocratizar y encarecer los trámites que hace quien está plenamente pegado a la ley”.
Pero el proyecto del Frente Amplio no es el único que está en la mira. Sobre la iniciativa de Camy, Pastorino contó a El País que se plantearon reparos a los cambios que propone el nacionalista para la renovación del porte de armas y, además, sugirieron que se cree un “consejo o comisión de educación en el manejo seguro de armas” integrado por los ministerios de Interior y de Defensa, un abogado y representantes de asociaciones que tengan como fin el manejo seguro de armas.
Después de los cazadores, a la comisión concurrió una delegación del Club Uruguayo de Tiro. Su presidente, Nello Casoni, apuntó ante los senadores —según consta en la versión taquigráfica— que la “intención” de la organización era “que el tiro no pierda vigencia”. En esa línea, añadió que querían “ser parte de la solución y no del problema vinculado a las armas, el tiro y las municiones”.
De los proyectos a estudio, se marcó la preocupación de “que se acorten los plazos de renovación de los títulos de habilitación de armas” porque entienden que “es razonable” vigente el plazo de cinco años.