"El Estado está en falta". Esas fueron las palabras que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a las mujeres que la tarde del 5 de setiembre se manifestaron frente a Torre Ejecutiva exigiendo respuestas por la muerte de Alfonsina, de dos años, y de Francisco, de seis, el mismo día en que sus cuerpos fueron encontrados sin vida junto al de su padre, Andrés Morosini, dentro de un auto hundido en el arroyo Don Esteban, en Young.
Entre otros puntos, ese día las manifestantes solicitaron la creación de una mesa de trabajo para el abordaje de la problemática de la violencia de género y la violencia vicaria. La respuesta de Sánchez fue inmediata: "Hablé con el presidente de la República y vamos a crear una comisión con la sociedad civil para trabajar en esos aspectos que hay que avanzar y trabajar en medidas concretas".
La mesa de trabajo tuvo su primera reunión cuatro días después, encabezada por Sánchez y con la asistencia de representantes de la sociedad civil. También participaron la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, y la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.
El movimiento de feministas autoconvocadas presentó al Poder Ejecutivo una propuesta de trabajo, pero desde entonces no se organizaron nuevas instancias.
"Nadie volvió a llamar", denunció la Intersocial Feminista, que nuclea a más de 20 colectivos, en un comunicado días atrás, en la fecha en la que se cumplieron 40 días del hallazgo de los cuerpos de Alfonsina y Francisco.
El País se comunicó con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para conocer por qué todavía no se volvió a reunir la mesa, pero aún no ha obtenido respuesta. También envió la consulta al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien respondió que desde su función "no tiene novedades para aportar".
Una mesa de trabajo sin avances
“No hemos recibido absolutamente ninguna respuesta”, aseguró a El País Soledad González, integrante del movimiento feminista autoconvocado que participó de la primera reunión en Torre Ejecutiva.
Consultada sobre cuáles fueron las posturas que se manejaron durante la primera y única reunión, González detalló que desde el movimiento feminista se presentó “una propuesta concreta de trabajo, un plan a seis meses”. “Porque hoy falla todo, es un colador. Nuestro plan está hecho por dos expertas, no es un divague”, remarcó.
En tanto, detalló que desde el Ejecutivo se acercaron “más con el plan de consultarlo con el Consejo Nacional Consultivo de Violencia”; “Pero todos sabemos que el Consejo no tiene poder ninguno y solo participan las instituciones involucradas”, dijo. El Consejo Nacional Consultivo de Violencia es presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres y está integrado por representantes de otros 14 organismos, tal como prevé la Ley N° 19.580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.
Para González, que integra la Intersocial Feminista, “es cierto que falta dinero, pero hay cuestiones que no son por falta de dinero sino por falta de voluntad política”. “Lo más barato es poner tobilleras electrónicas. Pero los problemas que tenemos son mucho más graves y no se solucionan poniendo tobilleras, no hay equipos de evaluación. Los jueces toman resoluciones a ciegas”.
“Quieren hacer como que están preocupados por algo que no les preocupa. Y nos están matando”, sentenció.
Qué dice la propuesta presentada ante el Ejecutivo
En la primera reunión que tuvo lugar el viernes 5 de setiembre en Torre Ejecutiva, el movimiento feminista autoconvocado presentó un plan para la mesa de trabajo sobre violencia vicaria y contra las infancias.
En el documento, al que tuvo acceso El País, se planteó como objetivo “revisar proactivamente todas las herramientas y dispositivos de las instituciones del Estado o no, con responsabilidad en dar respuesta a la violencia que afecta a mujeres e infancias dentro del territorio nacional”.
También se apuntó a “repensar las mejoras que deben implementarse en todo el sistema de respuesta en etapas” y “plantear un nuevo diseño de sistema de respuesta a implementarse a partir de la segunda mitad del 2026”.
En el documento se planteó que el rol de la mesa de trabajo fuera el de “seguimiento al acuerdo que se establezca entre los integrantes, con reuniones periódicas con las responsables de llevar adelante el plan”.
Como primer objetivo específico, la propuesta inicia con la necesidad de “garantizar aumento presupuestal en los rubros que más urgentemente necesitan recursos”. En esta línea, el senador frenteamplista Sebastián Sabini dijo este lunes en entrevista con La diaria que en la discusión por el Presupuesto Nacional, la bancada oficialista hará foco para reasignar recursos a “justicia y género”, donde hay “una demanda importante que no se ha podido cubrir”. A pesar de ponerlo como prioridad, el legislador dijo que el margen “es chico”.
Los protocolos “llevan su tiempo”, apunta directora de Inmujeres
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, que también participó de la primera reunión de la mesa, dijo a El País que, pese al reclamo del movimiento feminista, este tema no ha dejado de discutirse en el Consejo Nacional Consultivo de Violencia.
Xavier explicó que este consejo se reúne mensualmente y extraordinariamente si es necesario. "Estamos trabajando en varios de los planteos en los que coincidimos con la sociedad civil", aseguró Xavier y explicó que algunos pasos, como la verificación de los protocolos de actuación, "llevan su tiempo".
Al ser consultada sobre si existe alguna medida que pueda aplicarse a corto plazo, Xavier explicó que el Consejo Consultivo definió hacer varias revisiones. "Todos reconocemos que la realidad se ha complejizado. Los temas vinculados a las violencias territoriales, las expresiones comunitarias de violencia, la cuestión del crimen organizado, los problemas del consumo problemático de drogas, el agravamiento de los temas de salud mental, todos son temas que atraviesan las situaciones de violencia y hay que volver a analizar si las respuestas se adecuan a esas realidades que vienen cambiando".
De cara al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Inmujeres prepara las actividades previstas con un foco en la temática de la violencia vicaria, según dijo Xavier, sin hacer mención directa a los casos recientes. Trabajan sobre este tema, en palabras de Xavier, para que Uruguay dé "un salto conceptual", por lo que tendrá "centralidad en el acto oficial" de este año.
Un caso que conmocionó al país
El estremecedor caso de violencia vicaria mantuvo en vilo al país cuando Andrés Morosini, de 28 años, ingresó a la casa de su expareja en Mercedes, Soriano, y se llevó por la fuerza a sus dos hijos.
Micaela Ramos, la madre de Alfonsina y Francisco y expareja de Morosini, presentó una denuncia y divulgó un video en redes pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos. Tras casi dos días de búsqueda, el vehículo de Morosini apareció hundido en el arroyo Don Esteban y dentro se encontraban los tres cuerpos sin vida.
En el Juzgado Letrado de Mercedes de 4º Turno, el caso inició con un acta el 1° de setiembre, cuando Ramos denunció a Morosini por violencia psicológica y manifestó que el motivo que la llevó a denunciarlo fue un video que su expareja grabó con los hijos diciéndoles que se “despidieran de ella", según un informe al que tuvo acceso El País.
El informe continúa con la comparecencia de Morosini ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, cuando este relató que Ramos le pidió que se fuera de la casa y él le contestó que lo haría "de a poco" para evitarles sufrimiento a sus hijos.
La jueza que tomó el caso, Beatriz Giordano, dispuso entonces una medida de no acercamiento a Morosini por un lapso de 180 días. Debía mudarse y mantenerse a una distancia no menor a los 50 metros. El hombre se fue a la casa de sus padres, a 80 metros de distancia.
Giordano también pidió que la situación la revisara el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), para determinar si los hijos de la pareja tenían algún derecho vulnerado, pero no impuso a Morosini ninguna restricción en cuanto a poder verlos.
La Suprema Corte de Justicia dispuso un sumario sin separación de cargo a la jueza Giordano, que tiene el objetivo de averiguar si actuó o no conforme a las normas en lo que refiere a evaluar los riesgos que corre una persona que denuncia haber sido víctima de violencia de género.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911.
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Hermano de Andrés Morosini fue enviado a prisión tras amenazar a su expareja con hacer lo mismo
Antes de matar a sus dos hijos, Andrés Morosini intentó ahorcarse en un stud y fue salvado por sus compañeros
El recorrido que hizo Andrés Morosini con sus hijos en auto tras secuestrarlos de la casa de la madre
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