LA LUCHA CONTRA EL VIRUS

La nueva normalidad se parece en varios aspectos a la vieja, aunque el barbijo, la falta de público en el fútbol y de boliches bailables en la noche recuerdan que la pandemia está en marcha. Pero siempre hay excepciones o violaciones a la norma. Las autoridades trabajan por estas horas en evitar la propagación del virus y para ello el Banco de Previsión Social (BPS) comenzará, en los próximos días, a realizar inspecciones junto a la Policía en fiestas clandestinas.

El presidente del BPS, Hugo Odizzio, ya recibió información sobre la realización de fiestas privadas e informó a El País que el organismo está atento al alquiler de casas de gran tamaño, principalmente en los balnearios de la costa oceánica, donde solían hacerse fiestas privadas. El jerarca explicó que cuando la actividad exceda el carácter de reunión familiar, será considerada un evento empresarial.

Teniendo en cuenta que no están autorizadas las fiestas de este tipo y por lo tanto son irregulares, el BPS se fijará si hay personas que estén trabajando. “Si hay personas que están en la puerta controlando el acceso, controlando que se pague una entrada o que estén sirviendo bebidas detrás de un mostrador, será considerada una actividad empresarial”, explicó el presidente del BPS. En ese caso, se consultará a los trabajadores cuál es el salario que reciben por ese trabajo y quién está a cargo del evento.

BPS calculará entonces la deuda generada y notificará al propietario del inmueble. En caso de que se pruebe a través de un contrato de alquiler que era un tercero quien estaba en posesión del inmueble, se le trasladará la deuda tributaria al inquilino. El presidente del organismo recomienda a los propietarios de las casas dejar constancia en el contrato de arrendamiento que queda prohibido el uso del inmueble para fines comerciales. Lo que pretende BPS es desestimular, antes de que comience la temporada, este tipo de eventos.

Además del BPS y la Policía, la idea inicial era que también la Dirección General Impositiva (DGI) participara de las fiscalizaciones, que se realizarán a partir de denuncias o solicitudes del Ministerio de Salud Pública, la intendencia que corresponda o el Ministerio del Interior.