Conflicto: marcha atrás en acuerdo entre TCP y sindicato reabre amenaza de paros en el puerto de Montevideo

Cuando todo parecía encaminado hacia un acuerdo la semana pasada, luego de que el conflicto escalara al ámbito político y el gobierno manejara la posibilidad de decretar la esencialidad —pese a que ninguna de las partes pretendía llegar a esa instancia—, el conflicto del puerto de Montevideo entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el gremio de trabajadores volvió a enredarse este miércoles, pues la empresa comunicó de forma unilateral su decisión de retirarse de la negociación.

Según pudo reconstruir El País, la propuesta que la firma había presentado el viernes pasado y que fue analizada en la asamblea de trabajadores de TCP-Nelsury dejó tres puntos pendientes de negociación entre Katoen Natie —que posee el 80% de las acciones de TCP, mientras que el Estado uruguayo tiene el 20%— y el sindicato.

Sin embargo, mientras el lunes se trabajó en mejoras para los funcionarios de Aduana y Logística —con aumentos salariales— y en los jornales asegurados —uno de los principales puntos a destrabar en la negociación—, este miércoles el colectivo de trabajadores presentó una contrapropuesta que, en lugar de centrarse en los tres puntos que se venían discutiendo, elevó a siete los reclamos.

El planteo sorprendió a la parte empresarial, que decidió retirarse unilateralmente de las negociaciones al entender que la propuesta que estaba sobre la mesa constituía el "máximo esfuerzo" que podía realizar.

En el caso de los jornales asegurados, la preocupación de TCP —que gestiona la terminal especializada de contenedores— es que se establezca un mecanismo de cálculo para acceder al beneficio que no genere un exceso de costos para la empresa. Es decir, manifestó una fuente a El País, que haya una correlación más controlada entre los jornales que efectivamente se trabajan y los que se tienen asegurados, de modo de evitar un incremento excesivo de los días de jornadas garantizadas que la empresa debe pagar sin que sean efectivamente trabajados.

El gremio, que no descarta nuevas medidas de lucha y volver a paralizar la operativa de la terminal que mayor carga mueve en el puerto de Montevideo, reclama que un mayor número de trabajadores —según la categoría de contratación, ya que hay 27 distintos tipos— pueda acceder a una determinada cantidad de jornales garantizados, aun cuando no sean efectivamente trabajados.

Comunicados cruzados

En un comunicado, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) criticó que las negociaciones tripartitas que se desarrollaban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) fracasaran, luego de que la empresa comunicara de su decisión de retirarse de la mesa de diálogo. Sobre la nueva propuesta de TCP, el gremio manifestó que lo consideraba “insuficiente”.

“Lamentamos profundamente este desenlace. Desde el sindicato realizamos un esfuerzo sin precedentes para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario —por su alcance de cinco años y por el compromiso asumido en materia de guardias gremiales—, respaldando el 100% de los planteos requeridos por la empresa. Sin embargo nuestro nivel de voluntad y compromiso no tuvo reciprocidad”, acusó el sindicato.

En esta línea, se adelantó que a partir del “agotamiento de las instancias de diálogo”, el colectivo se declara “en asamblea permanente”.

“Lamentamos las eventuales afectaciones que este conflicto pueda generar en la actividad portuaria. Reiteramos que la solución y la voluntad de destrabar esta situación siguen estando en manos de la dirección de la empresa”, añade el comunicado.

Fuentes vinculadas a la empresa, en tanto, dijeron a El País que en la reunión el sindicato planteó una nueva mejora de algunos puntos que ya se habían reclamado, pero “no había más margen para seguir modificando la propuesta, ya que ya se estaba haciendo el máximo esfuerzo”, se entendió.

Según supo El País, el conflicto entre el sindicato de TCP y la empresa demandó la intervención del gobierno —también en lo últimos días— en varias oportunidades, con contactos con ambas partes en busca de una solución para un problema que preocupa al Poder Ejecutivo.
De hecho, la prolongación de las conversaciones sin una solución a la vista, pese a que hace varias semanas en que no hay medida de paro, llevó a que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entre otros jerarcas, manejaran la posibilidad de decretar la esencialidad del servicios si fuese necesario.

Esta posibilidad, manejada al menos discursivamente entre algunos actores de primera línea del oficialismo, llevó incluso a que convivieran diversas posturas en el seno del gobierno —personalizado particularmente por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, que tiene una posición contraria a seguir ese camino— sobre la conveniencia de avanzar con esa medida, en caso de que las negociaciones no llegaran a buen puerto.

Además de los tres puntos que aún no habían sido acordados entre las propuestas, incluidas en el convenio colectivo figuran un incremento del 20% en los tickets de alimentación para varias categorías, el pago doble a los operarios del puerto que trabajen los domingos, aunque ese no sea su día de descanso —beneficio que no incluye a administrativos ni al personal de oficina—, una partida extraordinaria de $ 27.500 al momento de firmar el acuerdo, bonos variables y un complemento del salario vacacional de $ 20.000, frente a los $ 15.000 actuales, entre otros beneficios.

En contrapartida, los empleados del sector asumirían el compromiso de que al menos un trabajador vinculado directamente a la operativa portuaria concurra a trabajar cuando la empresa así lo requiera. A diferencia del convenio colectivo anterior, que fue firmado por cuatro años y medio, el nuevo tendría una vigencia de cinco años, “sin ultractividad”, aunque mantendría el derecho a los jornales adquiridos por los trabajadores una vez cumplido un plazo determinado.

En diálogo con Canal 10, el dirigente del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, dijo que durante el fin de semana habían visto “con buenos ojos” los avances, pero era necesario seguir “profundizando en aspectos fundamentales como la estabilidad laboral”. “A partir de este día se puede decir que hay un conflicto”, agregó.

Desde la operadora portuaria, en cambio, se entiende que los puntos que restaban por acordar eran reclamos que ya habían sido planteados al principio de las conversaciones sin acuerdo, por lo que no eran nuevos y ni representan diferencias grandes como para seguir acordando. “Todos los departamentos recibían mejoras sustanciales con respecto al convenio anterior. En el paquete hay US$5 millones de complemento por encima del Consejo de Salarios”, resumió una fuente de la empresa al tanto de las negociaciones.