JUNTA DEPARTAMENTAL

La oposición política en la Junta Departamental de Montevideo resolvió ayer enviar a la Justicia Penal todas las actuaciones relacionadas con la adjudicación de una licitación por US$ 21,5 millones para la compra de luminarias LED a una empresa denunciada por falsificación del testeo de los equipos por la competencia y por la propia Intendencia.

Entre el material que se entregará a la Fiscalía se encuentra el llamado a sala al intendente Christian Di Candia y su equipo de asesores que tuvo lugar en la tarde de ayer. Los responsables del área de compras y jurídica, junto a otros miembros del gabinete de gobierno departamental.

El edil nacionalista Javier Barrios Bove viene investigando el caso. “El procedimiento de compra está plagado de irregularidades”, señaló. Ayer realizó un pormenorizado informe sobre el proceso que desembocó en la cuestionada licitación.

“Hay cosas en toda la cadena de hechos que tienen apariencia de irregularidades. Vamos a juntar todos los elementos para que la Justicia pueda resolver. La Intendencia llevó esto a la Justicia y no esperó a que se falle para resolver la adjudicación”, afirmó Barrios.

En tanto, Di Candia se amparó en la “complejidad” del trámite de adjudicación y advirtió que “las dificultades surgieron por el comportamiento de las empresas” que se presentaron al llamado. “Que el entramado burocrático que nos da la garantía de los debidos procesos esté más o menos al alcance de la interpretación o del entendimiento, no hace a este irregular ni mucho menos oscuro como se ha querido plasmar una y otra vez a través de la prensa”, dijo el jefe comunal.

La bancada oficialista respaldó todas las actuaciones del intendente y su equipo. “No hay ninguna duda de este proceso, este llamado a sala fue apoyado por la bancada más allá de que se hizo sobre especulaciones y dichos en la prensa”, dijo el edil Sebastián Valdez. “El procedimiento de compra se ajustó a derecho”, defendió el edil.