NUEVA DISCUSIÓN

En la coalición de gobierno se avecina otra discusión parlamentaria que probablemente se robe gran parte de la atención del debate sobre la Rendición de Cuentas, proyecto que a partir de este miércoles seguirá su camino en el Senado, tras ser aprobado recientemente en la Cámara de Diputados.

Como ha sido recurrente en más de un asunto, salvo alguna excepción, de un lado del debate legislativo estarán los senadores de Cabildo Abierto, y del otro los parlamentarios del socio mayoritario del oficialismo, el Partido Nacional. El dilema en cuestión es cómo solucionar el reclamo económico de los cableoperadores, para lo cual hay un planteo explícito de los cabildantes que al momento ha generado “dudas” en las filas nacionalistas.

La iniciativa fue formalmente presentada por el senador Guido Manini Ríos el jueves pasado, luego de la sesión de la Mesa Política de su partido. Allí anunció que, precisamente en la Rendición de Cuentas, tal como había informado El País, Cabildo traerá a la discusión “algunos artículos adicionales”, pero “principalmente” uno que ya era discutido en Diputados, en el marco del proyecto de la nueva ley de medios -asunto que todavía no ha logrado acuerdo-. “Tenemos especial preocupación por que se habilite a cableoperadores del interior a la transmisión de datos”, dijo el líder de los cabildantes.

Hoy la normativa vigente prohíbe a las empresas de cable también dar servicio de Internet, algo que los senadores de Cabildo buscan subsanar mediante una redacción que al mismo tiempo aclare que la licencia no correría para empresas grandes de este sector, como Direct Tv. Pues esto es algo que ocurriría por la vía de los hechos si se deroga la ley de medios -como quiere el gobierno-, ya que de este modo, al dejar sin ninguna regulación a las empresas de cable, estarían tácitamente todas habilitadas a prestar servicios de comunicación audiovisual junto con la provisión de datos.

Las “dudas” que tienen algunos blancos, aunque el tema todavía no fue discutido a fondo entre los legisladores, tienen relación con la formalidad de la iniciativa, y no tanto con el fondo, sobre el cual el propio presidente Luis Lacalle Pou ya se pronunció la semana pasada al calificar de “bastante justo” el reclamo de las empresas de poder abrir su abanico de servicios y encontrar así mayores posibilidades de subsistencia.

Lo que entienden algunos en el Partido Nacional es que el planteo no es “materia presupuestal” como para ser incluido en la Rendición, y que en realidad es “un tema a ser discutido en el proyecto de ley de medios”, señalaron a El País fuentes nacionalistas. Y eso, a su vez, presenta otro problema, que es la complejidad que trae aparejada si se decide incluir una disposición que nada tiene que ver con lo discutido hasta ahora en la norma presupuestal. Porque al ser algo que corresponde a una discusión paralela -en la que tampoco hubo acuerdo hasta ahora-, pondría en un brete a los diputados de la coalición cuando el proyecto retorne a la Cámara de Representantes para ser aprobado. “Una cosa es que hagamos enmiendas en el Senado en temas menores, sabiendo que los diputados las van a aprobar; otra es meter todo un tema de una ley diferente”, señaló un legislador blanco.

Por el lado, del Partido Colorado todavía no hay definición al respecto, pero indicaron que si bien están “abiertos” a tratar el tema. La posición que tienen en un principio es “no tocar nada” del proyecto de ley tal cual llegó de Diputados.

Para Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), este es “un problema que tiene que resolver la coalición” pero “cuanto antes”, dada la comprometida situación económica del sector. Y espera que así ocurra, ya que es “un compromiso de campaña” del presidente Luis Lacalle Pou.

“Nosotros tenemos un problema y es que necesitamos esa licencia. Hace más de 15 años que la venimos pidiendo y que nos la niegan sistemáticamente, cuando en el mundo la televisión por cable brinda también Internet hace más de 20 años”, agregó el empresario en diálogo con El País.

Días atrás, Melo recordó que el principal impacto que afecta al sector lo constituyen los contenidos que circulan “directamente por Internet, sin llegar a la TV por cable”, lo que puso en jaque al artículo 56 de la ley de medios, cuya prohibición a las empresas de brindar cable e Internet tenía inicialmente por objetivo dar “protección a las empresas nacionales”. Sin embargo, dijo que ese fin “quedó por el camino”, ya que la “protección prevista fue vulnerada” con la irrupción de nuevas plataformas de contenidos on demand que se ofrecen sin la intermediación de las empresas.