La coalición de gobierno saldrá fuerte a defender en la cancha la propuesta de habilitación de los allanamientos nocturnos. La idea es que, después del receso, todo el oficialismo comience a articular el mensaje que se dará sobre un tema que quedará instalado en un lugar central de la próxima campaña electoral. La estrategia comenzará a definirse luego de que finalice, el próximo 1 de marzo, el receso parlamentario.

Así se lo dijo a El País el senador nacionalista Carlos Camy, uno de los artífices de la iniciativa. El planteo será plebiscitado en octubre del año que viene, en paralelo a las próximas elecciones nacionales. Será luego de que se lograra aplicar con éxito lo establecido en el inciso B del artículo 331 de la Constitución, que requiere la firma de dos quintos de los integrantes de la Asamblea General (52 legisladores) para llamar a una consulta. Fueron 71 diputados y senadores los que firmaron, procedentes de todos los partidos con representación parlamentaria, salvo el Frente Amplio.

La propuesta a plebiscitar cuenta con el aval explícito del presidente Luis Lacalle Pou. “Creo que es una buena cosa generar más herramientas para el combate al narcotráfico”, comentó el mandatario este viernes, al ser consultado mientras participaba en la inauguración del CTI del Hospital de Melo.

Básicamente, la reforma consiste en modificar el artículo 11 de la Constitución. El hogar seguirá siendo un “sagrado inviolable”, al que nadie podrá entrar “sin el consentimiento de su morador”, salvo que -igual que ahora- exista una orden de un “juez competente”. La diferencia estaría en que hoy se establece que los allanamientos, por orden de un juez, solo podrán ser realizados “de día”. Con la reforma, podrían llevarse a cabo también durante las horas de la noche.

Por lo pronto, apuntó Camy, la campaña procurará llegar a la mayor cantidad de gente posible, a la que se le expresará el argumento central para defender la propuesta: se trata de una “herramienta fundamental” a la hora del combate al narcotráfico y al crimen organizado. Lacalle dejó en claro que no participará activamente en la defensa de la propuesta, al ampararse en el numeral 5 del artículo 77 de la carta magna, que le impide intervenir en cualquier tipo de propaganda electoral. “Es un tema de campaña, y no debería opinar al respecto”, expresó.

La coalición pondrá además en juego las “contradicciones” que existen en el Frente Amplio sobre una propuesta que ahora critica, pero a la que varios de sus referentes, recuerda Camy, supieron apoyar.

En particular, el expresidente José Mujica, quien a fines de octubre se había expresado públicamente sobre el tema. “Lo pudimos haber resuelto antes”, comentó allí el exmandatario sobre lo que propone el plebiscito que, dijo, “si se hace bien, se puede hacer”. Mujica, quien se mostró partidario de “redefinir el concepto de hogar”, en 2018 había avalado la propuesta presentada por el entonces senador Jorge Larrañaga si servía para desarticular bocas de venta de drogas. “Hay que entrarles de noche, de madrugada, a cualquier hora”, había comentado. El actual oficialismo apelará a su vez al exministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante cuya gestión se estudió la posibilidad de una ley interpretativa para permitir los allanamientos nocturnos. También al exdiputado Walter De León (MPP), quien en 2012 llegó a presentar un proyecto de ley .

Hoy, recordó Camy, Uruguay integra un selecto grupo de cuatro países -de un total de 203- que no permiten en sus constituciones los allanamientos nocturnos. Los otros son Cabo Verde, Guatemala y Mozambique. Otro de los argumentos que se esgrimirá será más práctico: la redacción del artículo 11 viene de la Constitución de 1830. Camy recordó las razones de la disposición y su contexto en la época. Al momento de jurar la primera Constitución, remarcó, en el país ni siquiera existía luz eléctrica. Eso ameritaba, dijo, una distinción mucho más clara que ahora, entre el día y la noche. En esa época, puntualizó, tampoco existían organizaciones criminales como las que actúan hoy, capaces de desafiar a los propios Estados.

“No podemos seguir con una disposición establecida hace 200 años”, señaló. “El derecho debe amoldarse”.

En una línea similar, se expresó el ministro de Defensa, Javier García, que carece de impedimentos legales para ejercer una defensa activa del planteo. “No se puede combatir el narcotráfico en el siglo XXI con normas del siglo XIX”, comentó. Será, dijo, para que la Justicia “no tenga las manos atadas y pueda actuar todo el día, con garantías pero sin limitaciones”.

En octubre de 2019, un plebiscito que incluía la habilitación de los allamientos nocturnos fracasó al obtener solo el 47% de los votos. Allí ninguno de los candidatos a la Presidencia -ni siquiera Lacalle Pou- respaldó explícitamente la propuesta de Larrañaga, que además iba en conjunto con otros planteos, en el contexto de la campaña para “Vivir sin Miedo”: la creación de una Guardia Nacional Militarizada, la instauración de la “cadena perpetua revisable” a los 30 años de prisión y el cumplimiento efectivo de las penas, por parte de los imputados. En el oficialismo analizan que, si se hubiera plebiscitado por separado, lo de los allanamientos nocturnos habría prosperado.

Álvaro Delgado, el favorito para quedarse con la nominación presidencial por el Partido Nacional y uno de los postulantes quien, según todas las encuestas, cuenta con chances ciertas de ser el futuro presidente, se “meterá de lleno” en el tema e incluirá la defensa de la habilitación de los allanamientos nocturnos en sus discursos. Así se lo confiaron a El País fuentes cercanas al precandidato.

Laura Raffo apoyó desde un principio la propuesta, al señalar que “los uruguayos de bien pueden estar tranquilos. Al que no comete ningún delito nadie le va a allanar la casa, ni de día, ni de noche”, comentó cuando su bancada respaldó el planteo. Jorge Gandini, también precandidato blanco, en tanto, fue de los legisladores que firmó a favor del plebiscito.

En el Partido Colorado, Tabaré Viera, Gabriel Gurméndez y Andrés Ojeda expresaron su apoyo. “Ninguna medida por sí sola es mágica, pero eso no quiere decir que no sea muy útil”, comentó el precandidato. Lo mismo hizo Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto).

Por lo pronto, no existen muchos estudios que hayan medido el estado de la opinión pública sobre la viabilidad de esta herramienta. Los que se conocen muestran una amplia mayoría a favor.

El más reciente data de octubre de este año. Fue realizado por la Usina de Percepción Ciudadana y difundido por La Diaria. Allí se revelaba que el 60% de los uruguayos se muestra a favor de habilitar los allanamientos nocturnos, y que el 51% votaría si se realizara un plebiscito en ese sentido. En junio de 2020, una encuesta de Equipos mostró un respaldo de 72% a ese mecanismo.

Al mensaje enviado a la Corte Electoral le faltaron tres firmas para que el respaldo al plebiscito fuera unánime en el oficialismo parlamentario. En uno de los casos, se trató de un legislador quien no logró llegar a tiempo para ser incluido en el documento. Los otros dos, directamente, rechazaron estampar su rúbrica. Uno de ellos fue el diputado colorado Gustavo Zubía, quien rechazó el sometimiento del Parlamento al Poder Ejecutivo. Es que, a su entender, el Partido Nacional la planteó a pedido de Torre Ejecutiva.

En diálogo con El País, Zubía ratificó, sin embargo, su apoyo a la habilitación de los allanamientos nocturnos. Aunque, al mismo tiempo, insistió en recorrer su propio camino: un proyecto para consagrar esa mecanismo, a través de una ley interpretativa de la Constitución. Su accionar tiene una fundamentación práctica. De obtener el respaldo necesario, “puede ser aprobado en un mes” y puesto inmediatamente en práctica. En cambio, apuntó, el proyecto de reforma constitucional recién de aplicará -de triunfar- desde 2025.

Zubía, quien desde hace tiempo se muestra crítico hacia la gestión del gobierno en seguridad pública, al que reclama mayor dureza en el combate a la delincuencia, se preguntó “por qué esperar” y exhortó a sus colegas a actuar políticamente “más allá de lo que diga el Poder Ejecutivo”.

El otro que no quiso firmar el proyecto de reforma constitucional fue el senador colorado Raúl Batlle.