“Ciudadanos de segunda” y “disputa política”: el arraigo de vecinos de Casupá y la incertidumbre a futuro

Desde “varias generaciones” a unos pocos años y de cientos de hectáreas a “20 o 30”, las realidades de productores, trabajadores y vecinos que serán seriamente afectados por la eventual construcción de la represa de Casupá son variopintas. Sin embargo, expresan en igual medida molestia con las autoridades de Ambiente y OSE, preocupación por su futuro y angustia con base en un fuerte “arraigo” con sus tierras. No obstante, aún les queda la “esperanza” de ser recibidos por el presidente Yamandú Orsi y que pueda haber un cambio de postura por parte del gobierno.

Uno de ellos, Marcelo Graglia, cuenta a El País que 400 de sus 800 hectáreas se verán inundadas por causa de la obra, incluida su casa, la vivienda del personal, galpones y en general todas las instalaciones de trabajo. Está hace 10 años en su predio, pero destaca: “Es una zona que se ha mantenido viva y activa durante siglos. Hay gente que son cuarta y quinta generación, o sea que hace 150 o 180 años que están aquí. Eso habla del mayor problema que tiene la represa. Realmente la gente no quiere irse, no quiere saber ni cuánto ni cómo le pagan. Es gente que está afincada y con un sentimiento de pertenencia muy importante”.

Al igual que muchos de sus vecinos, Graglia critica que el diálogo con las autoridades “ha sido muy escaso”. En referencia a las expropiaciones que se llevarán a cabo a 102 padrones, sostiene que ello genera “incertidumbre” con respecto al futuro del predio, y por lo tanto, de su vida. “Hace cuatro o cinco meses que estamos con esto en la cabeza. No sabes cómo producir, invertir o no invertir. Hacer pasturas, comida, no comida. Cualquier actividad comercial o productiva debería poder tener una producción de futuro. Estamos bastante bloqueados en ese sentido”, dice.

Con respecto a las expropiaciones que realizará el gobierno, el productor menciona que “se ha manejado” alguna cifra sobre el valor de los terrenos, pero, más allá de esto, sostiene que se debería tomar como referencia el precio por el que se adquirió el predio de la estancia María Dolores, en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización: US$ 7.200 dólares por hectárea. Este es algo que repiten varios productores.

Foto: Igancio Sánchez.

Otro cuestionamiento que manifiestan los afectados es un supuesto “contrasentido” y una “incongruencia” en la postura del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Según lo estipula Graglia, no es correcto que, “quien debería embanderarse en defensa” de los vecinos que sufrirán las consecuencias de la represa, “sea el promotor de la obra”.

“Debería darle garantías a la población de que realmente cumple con todas las normas de sanidad ambiental. Realmente a veces nos sentimos como ciudadanos de segunda”, sostiene. Leticia Peralta tiene 37 años, un hijo de 5 y con su pareja trabajan en el predio de Graglia. Su realidad, así como sus preocupaciones, son muy distintas a las de los propietarios de la tierra. “Seguimos con la incertidumbre del año pasado de qué hacemos, porque nosotros somos empleados, vivimos en una incertidumbre constante. ¿Hasta cuándo vamos a seguir trabajando? Porque una vez que se expropia, nosotros tendremos que ver dónde nos vamos”, dice a El País.

La trabajadora manifiesta que le preocupa “conseguir trabajo”, porque “hoy en día, que te acepten con la familia en un campo, es difícil”. Y agrega: “No en todos lados aceptan contratar a dos. El tema es que se puede dividir la familia, uno por un lado, otro por el otro”.

Foto: Ignacio Sánchez

Ortuño, en su visita a Casupá en 2025, dijo ante las consultas de los vecinos que “por medio de Colonización y otras instituciones podían ver cómo ayudar” para que familias de trabajadores, algunas con hijos, no tengan que separarse.

Álvaro Rivadavia, productor que cuenta con 1.500 hectáreas desde hace “varias generaciones”, dice que serán inundadas cerca de 300, y que estas, además, son “lo mejor de los campos, los suelos que son más productivos”.

“Somos de los establecimientos más grandes que hay en la zona del arroyo Casupá, a la altura de la barra con el arroyo de los Alfileres y con el arroyo Chihuahua. Pero esto afecta a vecinos que en su mayoría tendrán un promedio de 30 hectáreas, que son mis vecinos de toda la vida. A nosotros será a quien menos perjudique, porque tenemos la chance de transformar, dejar de hacer ganadería y hacer forestación, por ejemplo. Pero el productor chico no puede hacer eso”, explica.

Así, lamenta que quienes residen y trabajan en la zona queden “en la mitad de una disputa política”, que genera “un daño ambiental, ecológico y humano que no tiene vuelta atrás”.

Foto: Leonardo Mainé.

Silvana Díaz, productora en un predio de 36 hectáreas del lado de Florida, indica que su terreno fue adquirido por sus bisabuelos y ha formado parte de la familia desde entonces: “Venimos de cinco a seis generaciones en la zona. Muchos han sido paridos aquí. El arraigo es enorme”. Ella sostiene que la obra afectará dos de sus hectáreas, las que serán expropiadas. Podrá parecer poco, pero se trata del lugar, “justamente, donde toma agua el ganado”. “Entonces, si eso lo alambran, como está previsto, me quedo sin agua. O sea, me quedo con 34 hectáreas sin poder explotar”, expresa.

A pesar de esto, tiene esperanzas, que junto a más afectados, pueda ser recibida por Orsi: “Apostamos a su sensibilidad social y ambiental, como hombre del interior y que conoce la familia rural. No nos gustaría que la obra del quinquenio se transforme en la catástrofe del siglo”.

Si bien ganaderos y agricultores señalan las consecuencias que tendrá la represa, reconocen el problema de abastecimiento de agua potable, más que nada en el área metropolitana. Aun así, aseguran que no implicará una solución porque elige como fuente el río Santa Lucía, que está “seco”, por falta de lluvias y una creciente forestación de eucaliptus en los últimos años. Los productores cuestionan la utilidad de una nueva represa en la misma cuenca que la de Paso Severino y la planta de Aguas Corrientes.

Foto: Estefania Leal